Publicado: octubre 9, 2025, 6:07 am
El PP ha decidido por fin dar el paso: la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y sus derivadas, dominada por la mayoría absoluta de los populares, citará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que comparezca y responda a una larga batería de preguntas sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE, al Ejecutivo y a su propio entorno familiar y rinda así cuentas políticas de todo aquello que señalan los juzgados, la UCO e incluso el Tribunal de Cuentas y de lo que hasta ahora el jefe del Ejecutivo se ha zafado.
Feijóo ha dado luz verde a la citación de Sánchez tras tener conocimiento del último informe de la Guardia Civil en el que se documentan los sobres con dinero en efectivo que Ferraz entregaba a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán y cuya justificación y trazabilidad no están demostradas. El pasado viernes, cuando en Génova la dirección del PP analizó el informe de la UCO, Feijóo concluyó que había llegado el momento de obligar a Sánchez a comparecer en la comisión de la Cámara Alta ante la que estará obligado a decir verdad so pena de incurrir en responsabilidades penales. Y el anuncio se hizo ayer durante el cara a cara entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno, aprovechando que, una vez más, Sánchez obvió la petición de explicaciones. «Hasta aquí; se acabó la huida», lanzó Feijóo antes de verbalizar su decisión.
Los populares afinarán al máximo las preguntas que dirigirán al presidente aunque en el partido ya dan por hecho que este tratará de sortearlas bien guardando silencio, bien parapetándose en el y tú más. No obstante, fuentes de la propia comisión de investigación recuerdan el principio que hasta ahora han puesto en práctica: «Quien miente, repite».
Dejan así abierta la puerta a citar de nuevo a Sánchez si consideran que el presidente no ha dicho la verdad o se ha zafado de las preguntas. Y ponen como prueba de ello las comparecencias repetidas de los ministros Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres; de la presidenta del Congreso, Francina Armengol y de la ex ministra Reyes Maroto.
De momento, en el listado de cuestiones y reclamaciones con las que bombardearán a Sánchez figuran: el trasiego de sobres en efectivo -«chistorras, soles y lechugas»- de Ferraz a Ábalos y Koldo; de dónde salía este dinero;que muestre los extractos bancarios que justifican la existencia de este efectivo en los cajones del partido así como las facturas y tickets de los gastos a reembolsar; que dé cuentas de las 295 cuentas bancarias a nombres del PSOE, con un saldo total de 302.189,68 euros, que no se incluyeron en la contabilidad del partido tal y como se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2020; por qué hizo dimitir a Ábalos y meses después le recolocó en las listas electorales del PSOE; todos sus vínculos con lo que el Partido Popular denomina ya el «clan de la chistorra» (Ábalos, Koldo y Cerdán ); cómo justifica que su hermano, David Sánchez, viviera en La Moncloa y declarara fiscalmente en Portugal y cómo y por quién fue «enchufado» en la Diputación de Badajoz y no acudiera al puesto de trabajo; si considera normal que su esposa, Begoña Gómez, use recursos públicos para impulsar sus propios negocios desde La Moncloa; si estuvo presente en alguna de las reuniones de su mujer con empresarios o si intercedió ante dirigentes del Ibex para que la atendieran e incluso si estaba al tanto y se benefició de los negocios de saunas y prostitución de su suegro.
El anuncio hecho ayer por Feijóo de que por fin Sánchez será llamado a comparecer en la comisión de investigación cayó como una sorpresa en La Moncloa. No se lo esperaban pero, pese a ello, desde las filas del Ejecutivo trasladan «tranquilidad». Creen incluso que la citación puede ser una oportunidad para «darle la vuelta a la estrategia del PP» de tratar de acorralar y desgastar al presidente porque, según su análisis, cada vez que un ministro ha sido citado en el Senado «ha salido bien parado».
En el Gobierno insisten en que el informe de la UCO -en el que se desvelan los pagos en efectivo a Ábalos y Koldo- se les «da la razón» y añaden que la citación en la comisión del Senado es «una cortina de humo» para tapar la debilidad política de Feijóo. En ese sentido, el «¡ánimo, Alberto!» con el que Sánchez despachó el anuncio del líder del PP debería interpretarse, según el equipo de La Moncloa, como un «Alberto, no despegas», en alusión al supuesto cuestionamiento interno y electoral del líder de los populares a quien Vox está comiéndo terreno.
En cualquier caso, lo que es evidente es que Pedro Sánchez se convertirá en el segundo presidente en ejercicio que comparezca ante una comisión de investigación. El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero, que declaró ante la comisión del 11-M del Congreso en diciembre de 2004, apenas ocho meses después de haber llegado a La Moncloa.
La diferencia entre los casos de Zapatero y Sánchez estriba en que el primero acudió a declarar con el viento a favor porque en aquella ocasión el foco y la exigencia de responsabilidades se centraban en el Gobierno, ya caído, de José María Aznar, mientras que ahora, Sánchez tendrá que acudir al Senado con el viento en contra puesto que los indicios de corrupción pesan sobre su propia familia y las sospechas de financiación ilegal, sobre su propio partido.
Pese a que ayer Feijóo afirmó que su citación sería inmediata, la Mesa de la comisión del Senado tendrá todavía que reunirse para llevarla a cabo y ahí hay dos posibilidades: la vía ordinaria, es decir, citando al compareciente con 15 días de antelación o la vía urgente, dando sólo un plazo de tres días.
Las previsiones que ahora manejan los populares es la de que Sánchez comparezca en los últimos días de octubre, antes de que comience el juicio al fiscal general del Estado, fechado para el 3 de noviembre, y después de que declaren ante el Tribunal Supremo, el próximo día 15, José Luis Ábalos y Koldo García.
Los representantes de los grupos parlamentarios tendrán cada uno de ellos 55 minutos para interrogar al presidente del Gobierno. Este tiempo, en un único turno, puede repartirse entre varios senadores de la misma formación. En cualquier caso, el interrogador debe ser miembro de la comisión pero, en el caso de que el PP decida que ha de ser un senador que no pertenece actualmente a la misma cabe la posibilidad de incluirlo, mediante acuerdo de la Mesa, como miembro sobrevenido en sustitución de otro que sí sea miembro originario.
