Publicado: marzo 4, 2025, 3:07 pm
El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para delegar las competencias en materia de inmigración a Cataluña no sólo se materializará en cuestiones tangibles como que los Mossos d’Esquadra controlarán las fronteras junto con efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y que la Generalitat pueda gestionar las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibida de entrada. Entre esas otras novedades menos perceptibles figura la controvertida inclusión de un «compromiso de integración y de respeto de los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales» por parte de las personas procedentes de otras naciones.
Esta exigencia se plasma en la proposición de ley registrada este martes por ambos partidos en el Congreso de los Diputados bajo la fórmula de «contrato social atractivo». Según se justifica en el texto, con esta medida se busca «proteger» tanto a los recién llegados de la «potencial vulneración de sus derechos» y «brindarles más oportunidades», como «la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua [lo dice en singular] y su cultura».
Uno de los cambios más preocupantes que implica el acuerdo alcanzado es que Cataluña va a pasar a ser quien se encargue y ejecute la resolución de los permisos de residencia temporales y de larga duración de los extranjeros, que hasta ahora ha tramitado la Delegación del Gobierno a través de los certificados de arraigo que emiten los ayuntamientos. Aunque la propuesta no precisa explícitamente este extremo, una vez que entre en vigor el catalán será un requisito para otorgar y renovar los permisos de residencia, según ha asegurado este martes el ex presidentCarles Puigdemont, que ha expresado que «el requisito de saber catalán es imprescindible para demostrar que te has arraigado a Cataluña».
José Domingo, de la asociación Impulso Ciudadano, recuerda que esta exigencia del conocimiento de la lengua es una vieja reclamación de Junts y alerta de que la cesión de los permisos de residencia «supone crear una frontera con el resto de España, un muro que impedirá que vengan inmigrantes de Canarias». «Acaba con la movilidad interna en materia de extranjería y lo hace un Gobierno que se dice progresista», lamenta.
En la formación de Puigdemont hablan de que, «en materia lingüística, se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas», unas previsiones que irían recogidas en un desarrollo normativo posterior. A falta de esa concreción, la proposición de ley que inicia ahora su tramitación parlamentaria también apunta que se creará «un marco cívico que vaya más allá de la lengua y de la cultura y que integre una serie de valores ligados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación o la igualdad de género, entro muchos otros».
