Publicado: junio 26, 2025, 6:07 pm
El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado este jueves calificar de «ilegal» la huelga de jueces, asà como advertir de sanciones a quienes participen en ella.
La mayorÃa del Pleno ha rechazado la propuesta de nueve vocales del bloque progresista que sostenÃa que el Consejo «no sólo deberÃa abstenerse de reconocer derecho o fijar servicios esenciales, sino que deberÃa reservarse las actuaciones correspondientes por la convocatoria de una movilización claramente ilegal».
En la lÃnea de paros anteriores, el Pleno del CGPJ recuerda que el derecho de huelga carece de soporte normativo y que, por tanto no puede entrar a gestionar su desarrollo durante las tres jornadas previstas de protesta. La huelga ha sido convocada para los próximos dÃas 1,2 y 3 de julio por tres de las cuatro asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
«El ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mÃnimos», indica el acuerdo aprobado en su punto primero, respaldado por unanimidad.
No acepta llegar a más la mayorÃa del Consejo. Fuentes del grupo mayoritario estiman que aplicar sanciones a quines participen en la huelga «serÃa una prevaricación».
Otro de los puntos, aprobado por mayorÃa, indica que «tomando en consideración la realidad de paros anteriores (años 2009, 2012, 2013, 2018 y 2019)», asà como «la duración» del paro anunciado, declara que, «en ningún caso, este nuevo paro», deberÃa afectar a aspectos como el reparto de asuntos, servicios de guardia o cualquier decisión judicial «inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial».
El acuerdo alcanzado por mayorÃa en el Pleno extraordinario recuerda las crÃticas que el Consejo ya lanzó sobre las reformas cuando le correspondió presentar sus informes.
Antes de las tres jornadas de huelga, las tres asociaciones judiciales y otras dos de fiscales han convocado un paro simbólico ante el Tribunal Supremo, que se producirá este sábado a las 12.30h.
Las cinco asociaciones actúan en protesta por las reformas emprendidas por el ministerio de Justicia, que a su juicio ponen en riesgo la independencia judicial y el Estado de derecho. Piden retirar unas reformas con las que «se pone en riesgo la independencia judicial», ya que con ellas se acomete «una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, asà como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».
Dentro de las numerosas objeciones expuestas, a los jueces les preocupan los planes para la estabilización de las plazas de los actuales jueces sustitutos, asà como las facilidades para acceder a la carrera por el llamado cuarto turno, en el que además de las pruebas se computan otros méritos. A su juicio, propician una mayor politizaciones de la selección de jueces, como lo hace la creación de un centro nacional de opositores. El Ejecutivo defiende la mayor reforma de la Justicia «en décadas», afirma que las asociaciones actúan «por motivos corporativos» y considera que sus crÃticas no son meras opiniones discrepantes, sino falsedades interesadas.
El acuerdo de este jueves recuerda, respecto al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, que en su informe al anteproyecto de ley resaltó su carácter «injustificado, por no ser una exigencia» de la Comisión Europea, en contra de lo que sosteine el Gonbierno. También estimaba el informe que esa vÃa de acceso a la carrera no cumplÃa con la doctrina del Tribunal Constitucional, puesto que las pruebas rebajaban considerablemente los requisitos habituales, «menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas».
