Publicado: julio 27, 2025, 8:07 am
«¿Aquí? ¿Qué aquí quieren construir eso? No, no, en absoluto. Soy socióloga y sería un gueto… No os preocupéis, si yo soy presidenta eso no se construirá, os lo prometo».
Viernes, 24 de mayo de 2019. Faltan 48 horas para las elecciones en que conseguirá ser presidenta de Navarra y María Chivite, entonces 40 años, intenta rebañar sus últimos votos en una zona sobreconstruida a las afueras de Pamplona: el barrio de Erripagaña, un enclave rodeado de verde, pero con grandes moles de edificios, muchas carencias y, por tanto, potenciales votantes.
Los vecinos, como habitualmente, están en pie de guerra -«El barrio de los 12.000 vecinos y ningún servicio», titulaba poco antes el Diario de Navarra-. Esta vez con un objetivo claro: Nasuvinsa, la empresa de vivienda pública de Navarra, proyecta construir en el lugar, «incrustándolo en una ladera con gran valor verde para el barrio», un gran edificio de cinco alturas con 46 viviendas de protección oficial.
Así lo cuenta a EL MUNDO, seis años después, E., allí presente aquella tarde. «Por supuesto que es importante hacer vivienda pública, pero todos veíamos que aquello era irregular e imposible allí: el barrio ya tenía y tiene una densidad de población enorme, y está muy justo de servicios. Y además iban a construirlo en una ladera que, según estudios geológicos, se movía. ¿Por qué?».
Chivite, en esas horas preelectorales, tranquiliza a los vecinos, narra E.: «Estábamos tres de la asociación [Pro Parque de la Ripa Sur de Beloso], y ella venía con su amiga Ainhoa Unzu [actual portavoz del Partido Socialista de Navarra y miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez]. La verdad es que nos dejó muy tranquilos: ‘Si salgo yo eso no se va a hacer, seguro’, dijo. Y la creímos».
Un año y pico después, en noviembre de 2020, ya con Chivite en su púrpura presidencial -gracias al apoyo de Geroa Bai, Podemos y Ezkerra, y a la abstención de EH Bildu-, E. interviene en el Parlamento foral. «Nos han engañado, nos han mentido», dice la vecina: «El proyecto va adelante aunque la presidenta nos prometió que no lo haría, y aunque fuerza todas las normas habidas y por haber».
«¿Puedes creer -cuenta hoy la mujer a este diario- que después de mi intervención vino Unzu y me dijo que yo era una mentirosa? Que aquello no me lo había prometido la presidenta de Navarra, sino la presidenta del PSOE de Navarra… ¡Como si no fueran la misma persona! Totalmente increíble».
Sigue: «Pero es que ese proyecto tenía que salir, contra viento y marea, y nosotros sabíamos que había gato encerrado, pero no cuál exactamente», explica la mujer, que «ya» no quiere dar su nombre -aunque se expuso mucho en su momento- porque teme represalias: «Soy economista y tengo miedo de que la Hacienda foral me meta una buena inspección». Ya saben: al funcionario que dio la alarma con las «irregularidades» del túnel de Belate le represaliaron enviándole a trabajar a un polígono.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó la obra en 2024
En 2020 los vecinos constatan, pues, que el proyecto va a seguir adelante, «y no hay más». Recogen mil firmas y denuncian a la Comunidad foral por evitar la participación ciudadana en el proceso -la Justicia les da la razón sin suspenderlo-.
Acuden al Defensor del Pueblo, que les ampara inanemente. También al Ayuntamiento, cuyo alcalde, Enrique Maya (Unión del Pueblo Navarro), ofrece hasta seis parcelas diferentes a la Comunidad para una posible permuta, «todas ellas llanas, es decir, más baratas».
Nada. «La densidad de población en la zona era de 100 viviendas por hectárea, muy por encima de las 50 deseables por ley». Daba igual. «La ladera se movía, tuvieron que hacer una pila de estudios geológicos». Nada.
«Les dijimos un montón de cosas que estaban mal: por ejemplo, el carril bici tenía más inclinación de la debida, y hacía inaccesible parte de la acera… Les dio igual. Todo lo que les decíamos lo cambiaban. Les dijimos que no se podían hacer dos sótanos y quitaron uno. Había un río subterráneo y ni lo contemplaban… Es como si hubiera orden de que aquello tenía que salir, y salir lo más caro posible, con mucho trabajo. Quien se lo llevara se iba a hacer con un buen contrato».
En 2023 se licita el concurso y, sorpresa, lo ganan, por 7,8 millones de euros, Acciona y una pequeña y casi desconocida empresa que no tendría más de 10 trabajadores por entonces: Servinabar 2000 S.L.
«Cuando vemos el proyecto ya adjudicado, alucinamos», continúa E. «Donde había que hacer un muro de contención que como poco costaba un millón de euros, presupuestaban 300.000. En vez de hacer vivienda protegida normal construían viviendas de alta calidad, pero lo presupuestaban muy bajo… Nos consta que ha habido sobrecostes grandes, pero no nos han informado aunque hemos pedido toda la transparencia». Calculan un desvío favorable a las empresas, entre lo presupuestado inicialmente y lo que al final será, de «200.000 euros por piso».
Continúa E.: «Todo era rarísimo, cuanto más caro les podía salir, más caro lo hacían, y cuantas más opciones les dábamos de ahorrar, más lo despreciaban». El desconcierto de los vecinos, que recurrieron incluso al Banco Europeo de Inversiones, que aportaba parte de los fondos, era tal que siguieron tratando de explicar al Gobierno de Chivite el dislate: «Y fue increíble cuando una alto cargo del Gobierno nos dijo, riéndose: ‘Pero ¿qué os creéis? ¿Que no sabemos manejar dinero público?’. Ahora vemos que sí sabían».
El 24 de octubre pasado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitaba oficialmente la promoción, dedicada al alquiler social -y a día de hoy aún no entregada-, y sacaba pecho: «Es un ejemplo de lo que hay que hacer».
Hace apenas un mes, en fin, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede de Servinabar y de su administrador, Antxon Alonso, y encontraba un contrato firmado con Santos Cerdán, factótum del socialismo navarro y secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez de 2021 a 2025. Él también era dueño, según ese papel, de la empresa que hizo las 46 «extrañas» VPO de Erripagaña. «Y entonces todo empezó a cuadrar», dice E.
María Chivite lloró el día en que Cerdán fue detenido. Y ordenó, ahora sí, que se investigaran todos los contratos de Servinabar. Algo que la Guardia Civil, Anticorrupción y el Supremo llevaban ya meses haciendo. Y algunos vecinos de Erripagaña.
