Publicado: noviembre 10, 2025, 10:00 pm
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La conectividad móvil en México experimentará cambios el próximo año. Las empresas Telcel, AT&T, Telefónica y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Bait iniciarán el registro nacional de líneas móviles como parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, la implementación de la regulación requerirá inversiones adicionales a sus operaciones, lo que traducirá en aumentos en los precios de sus servicios. El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en el país implicará una inyección de capital de más de 4, 053 millones de pesos, según estimaciones del proyecto de lineamientos para el padrón de telefonía realizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
De la cantidad estimada, se prevé que 22 millones de pesos correspondan al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad implicará el mayor gasto al requerir 4, 031 millones de pesos. Los proveedores como Altán Redes, Telcel y AT&T serán los encargados de desarrollar las plataformas —una de acceso y otra de consulta— para registrar a las 143 millones de líneas telefónicas que actualmente operan en el país. Mientras que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) deberán arrendar los sitios de los mayoristas para cumplir con las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones. Los operadores que omitan la nueva disposición serán acreedores a multas que van desde el 0.01% hasta 0.75% de los ingresos de la compañía, según las disposiciones de la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones. Mientras que los usuarios serán desconectados de los servicios de telefonía. Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting, advirtió que la inversión para la nueva disposición de Telecomunicaciones, implicará mayores gastos operativos para los operadores tradicionales de telefonía y para los OMV, cuyos costos adicionales que de manera inevitable se trasladarán eventualmente a los consumidores. La mayor parte de los más de 4 mil millones de pesos será para el proceso de alta y validación de las líneas telefónicas —tanto las vigentes como las nuevas—, que constituye el componente más costoso del proyecto. Los operadores con una base más amplia de usuarios, como Telcel o AT&T, con 84.3 y 24.1 millones de clientes de manera respectiva, asumirán una proporción mayor del gasto, aunque podrían asumir el costo debido a su músculo financiero, “Los operadores como Telcel, AT&T van a buscar el retorno de esa inversión, además deberán arrendar esas plataformas a los OMV, quienes a su vez tendrán que invertir más y estos 4 mil millones de pesos que se contemplan al final del día se van a trasladar a las tarifas de los usuarios finales”, aseguró la especialista. El costo de acceso y consulta de las plataformas dependerá del número de clientes que tenga cada Operador Móvil Virtual (OMV). En ese sentido, Bait sería el que pague más por este servicio mayorista al contar con 23.5 millones de clientes; sin embargo, al formar parte del grupo Walmart, podría absorber ese gasto sin mayores complicaciones. Por el contrario, los OMV más pequeños serían los que enfrentarían los mayores desafíos para cubrir los nuevos gastos operativos. Bajo esta lógica, los aumentos en las tarifas de los servicios móviles dependerán de la estructura y fortaleza económica de cada operador, lo que podría generar diferencias en los precios finales al consumidor. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que pretendió instituir el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, contemplaba un costo de 1,000 millones de pesos, pero el de la mandataria Claudia Sheinbaum implicará un gasto tres veces mayor. El registro de líneas móviles se ha justificado bajo el argumento de disminuir los casos de extorsión y para fortalecer las investigaciones de las instituciones de la Seguridad Pública.
Problemas de competencia Carolina Cabello, consultora senior de la consultora Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting, explicó que otro problema que asoma la nueva regulación es Altán Redes y su cercanía con el gobierno. La especialista advirtió que la participación del Estado en el financiamiento del registro nacional de líneas móviles podría poner en riesgo los principios de neutralidad y competencia en el sector de telecomunicaciones. “si el Estado inyecta recursos públicos para el desarrollo o mantenimiento de las plataformas, se estaría generando una distorsión en el mercado, ya que los operadores privados competirían en condiciones desiguales y esto desincentivaría la inversión y la expansión de los servicios por parte de los demás jugadores del mercado”, dijo Cabello. El gobierno federal, a través de la CFE, cuenta con el 49% de las acciones de Altán Redes, así como el 24% de los derechos corporativos que le darán el poder de nombrar a dos miembros del Consejo de Administración de la empresa, encargada de la Red Compartida.
Barreras de acceso Para la especialista, la nueva disposición regulatoria contradice el objetivo de la actual administración de cerrar la brecha digital en el país. En lugar de ofrecer mayor certidumbre y reducir los precios de los servicios móviles, el registro de líneas podría encarecerlos, generando una barrera adicional para que más personas accedan a un servicio que hoy es considerado un derecho humano. “Creo que la nueva disposición debería estudiarse con mayor profundidad y evitar que generar más barreras al acceso a los servicios de conectividad”, dijo Reza, socia de la consultoría Regulatory Experts. Solo este año, los clientes de Operadores Móviles Virtuales enfrentaron cambios en su servicio de telefonía con reducciones a sus bolsas de datos debido a incrementos de las tarifas mayoristas de Altán Redes, sumado a los retos económicos que ha implicado la inflación. Pero el próximo año, los servicios de telefonía enfrentarían cambios sustanciales en sus precios.
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