Publicado: septiembre 3, 2025, 8:07 am
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid de enviarlo al banquillo de los acusados por fraude fiscal. La instructora dictó el pasado mes de julio un auto donde confirmó su procesamiento al apreciar «claros indicios» de que el investigado se sirvió de facturas falsas para defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda.
La defensa de González Amador contraataca ahora y ha presentado un recurso de apelación contra esta decisión de la juez de Plaza de Castilla; otro recurso contra la denegación de diligencias por parte de la instructora; y, por último, ha aportado a los jueces de la Audiencia un informe pericial para tratar de desmontar las acusaciones de delito fiscal y falsedad documental que pesan contra él.
En concreto, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que «para materializar su derecho de defensa» solicitó a la magistrada la práctica de tres diligencias que fueron rechazadas de plano. El investigado solicita a la Audiencia de Madrid que obligue a la juez a citar a declarar como testigos a dos empresarios que trataron de hacer negocios con él en Costa de Marfil —César Alonso Mollar y Juan Carlos Andreu– y que se le dé la oportunidad al perito de parte de ratificar en sede judicial su informe, de forma conjunta con el perito de la Agencia Tributaria asignado a esta causa.
Según la defensa, con estas testificales se demostrarían la «realidad de los servicios prestados en Costa de Marfil» por parte de González Amador. Por otro lado, el nuevo informe pericial sostiene que las facturas relacionadas con los servicios prestados en México y Costa de Marfil responden a servicios realmente existentes y que, por lo tanto, las mismas no pueden considerarse falsas, por lo que no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal.
«La resolución de transformación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado sin haberse permitido practicar ni una sola diligencia de instrucción de defensa solicitada en tiempo y forma por Alberto González Amador constituye la eliminación definitiva de sus derechos fundamentales», indica su letrado en el recurso conocido por EL MUNDO. El empresario considera que «esas diligencias y sus resultados resultan de necesaria valoración por el órgano instructor» para respetar «una tutela judicial efectiva del derecho fundamental de defensa».
Por otro lado, la pareja de Ayuso aprovecha la ocasión para señalar que «ha sido objeto de lesión en relación a este proceso desde antes de que el mismo procedimiento existiera con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial», en referencia a la filtración llevada a cabo presuntamente por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre sus datos tributarios.
En el recurso, la defensa recalca que «la resolución de transformación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado sin haberse permitido practicar ni una sola diligencia de instrucción de defensa solicitada en tiempo y forma por Alberto González Amador constituye la eliminación definitiva de sus derechos fundamentales». De igual manera concluye que «los resultados de las diligencias necesarias, pertinentes y posibles».
