Publicado: agosto 10, 2025, 6:07 am
No hace demasiado tiempo, al Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) le cortaban la luz, el teléfono y el agua por impagos. Los empleados públicos no cobraban sus nóminas durante más de un año (140 familias afectadas). Estaba en tal ruina económica (11,1 millones de euros, algo más de 2.200 euros por cada uno de sus 5.000 habitantes, la más alta de España) que no tenían capacidad para instalar las luces de navidad. Ningún servicio público funcionaba.
Ahora, que parecen salir de la UVI económica, le roban las pistolas de la plantilla la Policía Local que estaban custodiadas en una caja fuerte dentro del edificio municipal y que fue reventada de madrugada: «No queremos otra vez parecer un circo», admite el alcalde, el independiente Manuel Gutiérrez.
Lo va a tener difícil por las circunstancias del misterioso caso. En primer lugar, sólo existe un agente de policía local en servicio en la localidad. Se trata precisamente de Juan Pedro Pulido, que dio la voz de alarma en enero de 2021 al ponerse en huelga de hambre a las puertas del consistorio en señal de protesta por el impago de sus nóminas.
Al frente de la Alcaldía estaba entonces, María Luisa Murillo, heredera del todopoderoso ex alcalde Ángel Vadillo, condenado a 2,5 años de prisión e indultado por el Gobierno. Su sucesora, ahogada por las deudas de la anterior gestión, fue desalojada del cargo tras una moción de censura que en mayo del 2022 puso fin a 27 años del vadillismo y aupó a Manuel Gutiérrez, maestro de profesión -ahora con 65 años- al frente del consistorio.
La penuria económica del consistorio conllevó que paulatinamente la mayoría de la plantilla pidiera el cambio de destino a otras localidades cercanas. Otros se fueron jubilando. Sólo quedó uno. Desde hace un tiempo, este agente estaba de baja por paternidad, incluida la noche del asalto.
La decena de armas robadas, nueve pistolas automáticas y un revólver, corresponden a la época en la que existía una plena actividad de efectivos, pero desde hacía años ya no eran utilizadas (al menos nueve de 10) y se iban alojando en una caja fuerte, en el interior de un armero, con doble sistema de seguridad y clave de acceso. El dispositivo de seguridad se encontraba dentro de la oficina que tiene la policía municipal en el interior del edificio consistorial.
La caja, que estaba empotrada en la pared, fue reventada por ambos lados y los asaltantes se llevaron el botín armamentístico, que era su único objetivo. Dejaron intactas hasta cámaras de fotos u ordenadores, que se encontraban a la vista. No hubo más desperfectos. «Venían a tiro hecho», según los primeros indicios de la investigación de la Guardia Civil.
Los ladrones entraron de madrugada de este pasado 7 de agosto en el edificio del consistorio, ubicado en pleno centro de la localidad, y que no cuenta con cámaras de seguridad. Lo hicieron por la parte trasera del edificio al forzar una de sus puertas y se dirigieron directamente a las dependencias policiales. «Ni yo me acordaba que las armas estaban en ese lugar escondidas y muy poca gente lo debe de saber», admite el alcalde Manuel Gutiérrez, lo que hace disparar las sospechas de que los asaltantes han debido de contar con algún cómplice para el robo. El asalto estaba perfectamente planificado. Y el asalto fue rápido. Sabían a lo que iban.
Investigación
«Hemos cumplido rigurosamente la normativa sobre depósito y custodia de las armas de fuego, y las instalaciones y el armero cumplían con los requisitos legales de seguridad», advierte el regidor, quien confía en el trabajo de la Guardia Civil. «Las pesquisas están avanzadas, pero no podemos revelar más detalles que puedan comprometer la investigación», declara.
Además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad: «No existe, a día de hoy, indicio alguno de amenaza directa contra la población». No piensan lo mismo en la oposición. El PP se ha preguntado cómo es posible que las armas que ya no estaban en desuso no se depositaron a su tiempo en la Comandancia de la Guardia Civil y si las dependencias del consistorio reúnen los requisitos exigibles para la guardia y custodia de las armas.
La Ley 7/2007 de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, en su artículo 26, señala que son las entidades locales las que deben velar por la existencia de «lugares adecuados y seguros para el depósito y custodia del armamento reglamentario asignado».
Mercado negro
Las primeras investigaciones apuntan a que el robo de las armas tendría como destino el mercado negro. En este sentido, expertos en armamentos señalan que este tipo de pistolas que usan los policías locales -habitualmente las denominada Glock 19 de 9 mm- tiene un precio de entre 700 y 1.200 euros, pero que de manera ilegal pueden triplicar como mínimo su precio.
El presupuesto municipal de Alburquerque este año es 5.209.000 euros y la mayor parte del gasto, el 56%, se destina al pago del personal. Los tres grupos municipales, IPAL, PSOE y PP, coinciden en que la plantilla está sobredimensionada por los gobiernos locales anteriores presididos por Ángel Vadillo. Hay un plan de ajuste aprobado con la supervisión del Ministerio de Hacienda y buena parte de la adeuda se ha podido aplazar a 20 años.
«Estábamos en la UCI, ahora ya podemos pagar las nóminas y vamos mejorando, muy poco a poco, aunque faltan muchas inversiones en el municipio, pero ahora -lamenta llega este robo de las armas y, desgraciadamente, volvemos a ser noticia por otro circo», confiesa apenado el alcalde.
