Publicado: noviembre 18, 2025, 3:07 am
Dos cartas alertaron al Ministerio de Ciencia de Diana Morant este mismo año de los 25 millones presuntamente robados a la investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), pero los denunciantes, altos cargos de la institución puntera en investigación en España, nada menos que sus directores de Operaciones y Cumplimiento Normativo, sólo recibieron el silencio por respuesta, y terminaron siendo represaliados por su denuncia, presentada también ante la Fiscalía Anticorrupción, y despedidos con tales subterfugios que hasta el Comité de Empresa y los directores científicos protestaron por ello.
Las cartas fueron enviadas por el responsable de Operaciones y Compras del CNIO en marzo y agosto pasado, alertando de gravísimas irregularidades, y de contratos amañados, fraccionados y vacíos de contenido a lo largo de 18 años, como informó este lunes en exclusiva EL MUNDO.
Su receptor fue el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, número 2 de Diana Morant desde su nombramiento en 2023. Cigudosa ni siquiera respondió a la primera misiva, remitida el 3 de marzo, y se limitó a dar protocolario traslado a la segunda, de 8 de agosto, al Patronato del CNIO. De nada sirvió.
El propio director de Operaciones y Compras de la institución estaba alertando de una presunta gigantesca dinámica de falseamiento, amaño y manipulación de contratos públicos con la que se habría producido un desfalco, calculado junto a la directora de Cumplimiento Normativo y cuatro técnicos, de nada menos que entre 20 y 25 millones de euros públicos. Pero el secretario de Estado no contestó.
En realidad, la segunda de las cartas de denuncia acabó, increíblemente, en la mesa del propio denunciado: Cigudosa se la pasó a la secretaria general del Patronato, que a su vez despejó la responsabilidad hacia la Gerencia, en aquellos momentos aún controlada por Juan Arroyo, la persona que según los denunciantes alentó, permitió y protegió durante esos 18 años la red clientelar que habría desfalcado el centro a través de varias empresas vinculadas al entorno de ex altos cargos.
Así las cosas, tanto el director de Operaciones y Compras como la de Compliance, con lustros de experiencia en la institución, fueron despedidos a 30 de agosto, sábado, por burofax, sin que el Ministerio, al que está adscrito el centro y a quien se reserva la presidencia de honor del Patronato, se diera por enterado. Y dos días después llegaba la nueva dirección impulsada por Morant, en su intento por hacer tabla rasa tras años de quejas por la falta de impulso científico e investigatorio.
La cronología de los hechos a que ha tenido acceso este diario apunta a una grave negligencia ministerial, primero in vigilando y después ya con la denuncia sobre la mesa.
El Ministerio, por su parte, ha explicado a preguntas de este diario que «condena cualquier tipo de delito que se haya podido cometer en el CNIO» y ofrece «la máxima colaboración con la Justicia y cualquier órgano de control que necesite acceder a las cuentas del centro, si así se solicita». No se ha recibido aún, agregan fuentes oficiales, notificación de la Fiscalía de Madrid, a quien Anticorrupción le turnó la denuncia interpuesta por el alto cargo el pasado 27 de junio.
Tras ser nombrado director de Operaciones en julio de 2024, el después denunciante se vio obligado a instaurar un nuevo control de los contratos de suministro, previamente aprobado por el Patronato poco antes.
Alarmado, descubre que durante décadas, desde su creación en 1998, el CNIO no ha controlado en absoluto la prestación de servicios de decenas de contratos y compras, más allá de albaranes firmados por los responsables -y a veces ni eso-.
Al comunicar que se va a implantar un nuevo sistema, se encuentra todo tipo de resistencias y quejas por parte de los responsables de departamentos. Le dicen, por ejemplo, que va a ser «muy farragoso de hacer», o que los proveedores se van a negar, o que logísticamente no es posible.
En vista de las sospechas que va acumulando, el alto cargo comienza a fiscalizar contratos previos y se da cuenta de que muchas de las prestaciones pagadas jamás han sido realizadas. Se retrotrae a años anteriores, pensando que quizás los pagos se diferían en el tiempo… Pero sólo encuentra prestaciones no hechas, o amañadas, o precios inflados hasta al 400% de su valor real.
Es en ese momento, enero de 2024, cuando el Ministerio resuelve en el CNIO la crisis tras las denuncias contra la directora científica, María Blasco. Blasco, acusada de malversar fondos, de autoritarismo y de estar más a su promoción personal que a la ciencia, es destituida, y su gran adversario en la casa, el gerente, Juan Arroyo, es degradado, pero no expulsado.
En realidad, Arroyo pasa de gerente a vicedirector de Asuntos Económicos, responsabilidad que mantiene hoy. Incluso, hasta la llegada de la nueva dirección, en septiembre pasado, se mantiene en su despacho de siempre y acompaña a la gerente interina nombrada, una mujer de escasa experiencia en estas lides, a todas y cada una de sus reuniones. Según fuentes del centro, sigue oficiando como gerente in pectore.
Cuando Blasco es destituida, el director de Operaciones y la de Cumplimiento Normativo ya están embarcados en toda una auditoría forense de los 18 años anteriores, y cada vez más asustados de lo que va encontrando.
Él escribe, el 3 de marzo, al secretario de Estado de Ciencia. Le comunica lo urgente: que hay graves riesgos de imposibilidad de ejecución de los contratos en ese momento en vigor, por valor de 10 millones de euros, y que se está encontrando una alarmante falta de transparencia para realizar su tarea, y cosas decididamente sospechosas.
Va más allá. Vista la resistencia del aparato y que el gerente ha conseguido de alguna forma superar la Crisis Blasco, pide amparo ante posibles represalias. En ese momento, tanto él como la directora de Compliance han removido tanto los rastros de contratos anteriores, y han comunicado sus dudas a tantos trabajadores de la casa, que su investigación ya es de dominio público en las plantas nobles del CNIO.
Para dirigirse formalmente al Ministerio ese 3 de marzo, los altos cargos buscan ayuda en un letrado especializado en trances jurídicos vinculados a la institución, que les señala que lo más probable es que en cuanto la información llegue a la Secretaría de Estado se les llame y se les dé audiencia.
Nada de eso sucede, y el choque interno va a más. Los dos directores de Operaciones y Cumplimiento plantean sus dudas sobre contratos a sus superiores y a otros cuadros de la entidad, sin respuesta o con la orden, incluso, de que dejen de investigar. En esas semanas, en una reunión con el gerente, éste le pide al director de Operaciones, en realidad inferior jerárquico suyo, que evite mencionar determinados temas, a lo que el segundo se niega.
Por contra, el 27 de junio, ya con la fiscalización de decenas de contratos en su poder, se va a Anticorrupción y denuncia formalmente, buscando amparo en la Ley de Protección del Informante, que pese a haber sido aprobada por el Congreso hace dos años para proteger a los denunciantes de corrupción, está aún hoy en palmitas y con escaso desarrollo real.
Su denuncia es un estudio meticuloso, preciso y extra pormenorizado de 18 años de presunta corrupción en la casa, acompañado de más de 500 documentos de pruebas como correos, audios y evaluaciones.
Sin noticias del Ministerio, el 5 de agosto los dos directores reciben sendas incoaciones de expedientes disciplinarios, tan llamativamente absurdos que el comité de empresa pide explicaciones a la dirección interina del CNIO, sin respuesta.
El 8 de agosto los dos altos cargos, que ya ven claramente que la intención es echarles de la entidad, remiten una nueva carta al secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa.
Piden protección porque, denuncian, están siendo represaliados por investigar presunta corrupción. Ambos son profesionales de sobrada capacidad y experiencia. Él fue consultor en Accenture durante 10 años, antes de pasar toda su vida en el CNIO a excepción de cinco años como asesor ministerial de Luis de Guindos en Economía. Ella había sido directora de Administración en la casa antes de encargarse de Compliance.
El 11 de agosto es la secretaria general del Patronato -el secretario de Estado ni contesta- quien responde a su misiva: les remite a la Gerencia, lavándose las manos. En la casa existen dudas sobre si la secretaria general llegó a dar traslado efectivo de las denuncias a los patronos: este lunes, al menos una fundación que forma parte del órgano se puso en contacto con EL MUNDO para comunicar no haber tenido noticia del presunto desfalco hasta que este diario lo publicó esta semana.
El 28 de agosto pasado los dos directores contestan al expediente disciplinario quejándose de su carácter de «represalia», y adjuntando pruebas de sus investigaciones.
Dos días después, sin más ni más, son despedidos e incluso -quejas del comité de empresa aparte- varios directores científicos piden reunirse con la dirección para protestar. Una petición, explican fuentes de la casa, nunca atendida.
El 1 de septiembre es nombrado el nuevo gerente, José Manuel Bernabé. Quien, por cierto, según fuentes de la casa, declara no haber conocido antes de su llegada las denuncias, pero asegura ver en ellas un posible motivo de nulidad de los despidos.
