Publicado: octubre 14, 2025, 4:07 pm
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar al productor José Luis Moreno y a otras 54 personas por formar parte de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades «maquilladas» que en realidad carecían de actividad real y que acababan apropiándose «de manera ilegítima» de los fondos obtenidos.
En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- del caso Titella, el instructor considera que los investigados deben sentarse en el banquillo por presuntos delitos de estafa continuada con falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, el instructor atribuye fraude fiscal a José Luis Moreno y a la ex pareja del ventrílocuo Martin Czehmester.
Según el juez, Moreno estaba en un «primer nivel» de la organización, para la que, dada su condición de figura pública de la televisión, actuaba como «tarjeta de visita». En la cúspide estaban, junto a él, los también encausados Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar de Castro, que aportaban «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil».
El auto explica que la red estaba activa al menos desde 2017 y la formaban «un elevado número» de personas físicas y jurídicas divididas en «células operativas y claramente jerarquizadas». Su funcionamiento era de «una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades, desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de rueda de cheques o pagarés a la falsificación de efectos bancarios».
La organización se dedicaba a obtener «lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios, tales como el confirming, factoring o líneas de crédito a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado».
Para ello, señala, se servían de una red de empresas pantalla y testaferros, lo que dificultaba detectar la vinculación existente entre los mismos. Los investigados simulaban la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas, con constantes transferencias de fondos de unas a otras «para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las entidades bancarias».
El dinero defraudado «no era directamente extraído», sino que se ponía en marcha «un largo circuito de transferencias entre empresas con el fin de desvincularlo de su origen ilícito», multiplicando movimientos de dinero entre las empresas para que Hacienda «los achacasen a una actividad empresarial regular».
Indica que entre los afectados por estos presuntos delitos se encuentran diversas entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda e inversores particulares. El auto detalla el perjuicio sufrido por cada una de las entidades.
Cada cabecilla de la red -entre ellos Moreno- «mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas», que se relacionaban con las de los otros implicados para dar «una apariencia solvente», lo que servía para engañar a las entidades bancarias.
«José Luis Rodríguez Moreno, como persona pública muy reconocida, prestaba presuntamente su nombre como tarjeta de visita, para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias». Añade que «sería el encargado de presentar el/los proyecto/s cinematográfico/s o televisivo/s para el/los que se requería financiación» y era «el principal receptor de los fondos» obtenidos por Aguilera y Salazar.
Estos, por su parte, se encargaban de conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades.
En un segundo nivel estaban los testaferros o empresarios que formalmente administraban las sociedades, «pero en las que no tenían ninguna intervención en la gestión, limitándose a firmar los documentos que les indicaban».
En un tercer nivel actuaban otras personas, incluyendo abogados, gestores financieros, empleados de banca y otras personas de su especial confianza, necesarias dado «el número de sociedades involucradas y la complejidad de llevar a cabo la trama sin ser detectados por los organismos de control de las propias entidades financieras». Recibían dinero o regalos por su colaboración.
Para que los investigados vayan a juicio es necesario que la Fiscalía o las acusaciones formulen sus escritos de acusación. El juez instructor les da un plazo de 20 días para ello. La resolución dictada este martes puede recurrirse ante la Sala Penal de la Audiencia. Esa apelación es la última posibilidad de los 55 investigados de eludir el banquillo.
