Publicado: septiembre 16, 2025, 4:07 pm
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rectificado la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.
En un auto, el juez valora un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros iniciales y, «puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten». El instructor ha decidido así dejar el concepto de eventual multa fuera de la fianza.
El instructor ha tomado esta decisión una vez que García Ortiz ha depositado un aval de 150.000 euros para asegurar la fianza con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, García Ortiz ha cubierto la fianza con parte de su patrimonio, en el que figura una vivienda, puesto que no disponía de la citada cuantía de dinero en metálico.
Ahora, el Alto Tribunal deberá comprobar que esos bienes alcanzan a avalar la fianza impuesta para hacer frente a las responsabilidades que se puedan derivar del perjuicio derivado a González Amador.
Pese a que García Ortiz tenía previsto recurrir directamente en apelación la fianza inicial fijada por Hurtado ante la Sala de lo Penal, porque la consideraba excesiva, debía cumplir con el plazo de cinco días dado por el instructor o de lo contrario iba a ser embargado.
El fiscal general pensaba aludir a una sentencia del Tribunal Constitucional -STC 69/2023- que obligaba a dejar fuera de la fianza civil el concepto de multa. Sobre la resolución de la corte de garantías, el instructor señala en el auto que «no puede negarse que condiciona la decisión a adoptar a la hora de determinar de la cantidad a fijar en el marco de las responsabilidades pecuniarias a las que ha de hacer frente el acusado; y, en resumida síntesis, diferenciando entre la partida correspondiente a la multa y otras partidas a tener en cuenta a la hora de fijar la cantidad, viene a concluir que la de multa no ha de ser incluida como una más entre esas responsabilidades pecuniarias».
Con esa decisión, el instructor Hurtado trata de evitar una corrección posterior de la Sala de Apelaciones del Supremo.
Por su parte, el empresario González Amador había presentado un recurso de reforma contra la decisión del magistrado al considerar que no puede ser inferior a 300.000 euros la fianza impuesta porque «jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general».
Aunque el magistado ha actuado de oficio al rebajar la fianza, la pareja de Ayuso ha decidido desistir este martes de su recurso. El motivo es que el fiscal general ya ha aportado fianza hipotecaria que cubre el doble de los 150.000 euros iniciales impuestos de fianza por Hurtado -así lo exige la Ley- y, en consencuencia, la defensa de González Amador no ve motivos para continuar pleiteando por la cuantía de la misma, indican fuentes jurídicas.
