Publicado: julio 10, 2025, 10:07 pm
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, dictó ayer un auto donde ordenó que se requiera al PSOE para que aporte tanto las cantidades abonadas o transferidas al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización de la formación socialista, José Luis Ábalos, como las transmitidas por éste al partido, «en concepto de donación o por cualquier otro motivo». Ábalos, diputado en la actualidad, está siendo investigado por formar parte de una presunta trama criminal que operó en el Gobierno para amañar obras públicas y enriquecerse durante la pandemia del Covid.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había considerado «preciso conocer todas las donaciones realizadas por Ábalos al PSOE desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, con información de la cuenta bancaria desde la que se efectuaron». En un oficio, la UCO reclamó al Alto Tribunal que pidiese al partido un informe detallado «de todas las cantidades dinerarias abonadas por José Luis Ábalos a que fuera su partido».
¿La razón? La Agencia Tributaria atribuye al ex ministro de Transportes haber realizado donaciones al Partido Socialista por un total de 44.729,29 euros mientras que en los productos bancarios del ex secretario de Organización «solo existe constancia de pagos» al partido desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un monto total de 8.471,36. Tras recibir la petición de la UCO, el instructor de la Sala Segunda reclamó que se informe de todas y cada una de las donaciones -sin delimitación de margen temporal- que se hubieran realizado por Ábalos al PSOE, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos. En su auto, Puente explica que acuerda estas diligencias de investigación con el propósito de esclarecer «aparentes faltas de sintonía» en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del exministro.
Por su parte, el PSOE adujo ayer que existen dos vías de ingreso distintas, una que realiza directamente el diputado y otra a través del Grupo Parlamentario. Los diputados cobran su sueldo del grupo parlamentario, no del Congreso de los Diputados. «De ese sueldo se detrae la aportación voluntaria», indican fuentes recogidas por Europa Press.
Por otro lado, cada diputado paga una cuota al PSOE, como hacen todos los militantes del mismo. Ese pago lo hace cada persona de forma individual, lo que explicaría -siempre según la versión del partido- esa falta de sintonía detectada por la Guardia Civil en los datos fiscales y las cuentas de Ábalos.
Además, el auto del TS añade que en el oficio de la UCO, fechado el 8 de julio, habían sido analizadas las percepciones económicas imputadas por la Agencia Tributaria al ex dirigente socialista por el Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024 ambos inclusive, constando al respecto un total de 751.421 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en las cuentas de Ábalos procedente directamente de la Cámara Baja asciende a un total, en esos mismos años, de 79.841 euros.
Por ello, el magistrado también se dirige a la Secretaría General del Congreso «a fin de que informe a este Tribunal Supremo en la presente causa especial, en el plazo más breve posible, de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto, al investigado José Luis Ábalos desde el año 2014, precisando detalladamente todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones».
En otro auto, el instructor del TS realiza sendos requerimientos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener datos los empresarios investigados en la causa y de sus empresas -del ex directivo Fernando Merino y Acciona, del constructor José Ruz y de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel FernándezMenéndez y de Obras Públicas y Regadíos (OPR), así como de la fundación Fiadelso -vinculada a Ábalos-, para completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas «en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando». En el caso del empresario Joseba AntxonAlonso y a su mercantil Servinabar 2000, la petición se realiza a la Hacienda Foral de Navarra.
La información requerida por el instructor Puente sobre distintas sociedades, entre las que también se encuentran Ferrovial, Geoalcali o Noran Coop (la empresa de Koldo con Alonso), incluye donaciones, declaraciones fiscales, bienes inmuebles y facturación, entre otros. El juez explica que la información que se obtenga podrá ser cruzada con los datos bancarios de dichas personas que ya fueron solicitados a diferentes bancos en los mandamientos acordados hace unas semanas por el Supremo.
El auto añade que así se podrá «conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuáles determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquéllas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado».
