Publicado: julio 7, 2025, 1:07 am
Hasta hace pocas semanas, el empresario Antxon Alonso era un desconocido más allá de Navarra. Sin embargo, su nombre ha cobrado protagonismo a medida que ha avanzado la instrucción del caso Koldo y han aparecido indicios de criminalidad contra el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva.
Alonso era el dueño de Servinabar, una pequeña empresa, con nula experiencia en el negocio de la construcción, que comenzó a resultar adjudicataria de importantes obras en Navarra como la de Mina Muga, en el municipio de Sangüesa, o el pabellón de Navarra Arena, en Pamplona. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró, por orden del Tribunal Supremo, el pasado 10 de junio su vivienda y la sede de la empresa en la capital navarra.
En el registro de su domicilio, los agentes encontraron un contrato privado de compraventa por el que Antxon Alonso cedía 1.350 participaciones sociales (de las 3.000 en las que se estructura la mercantil) a Santos Cerdán.
Pero el empresario no sólo era socio de quien fuera hombre de la total confianza de Pedro Sánchez, también lo fue de Koldo García, ex asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, a través de la sociedad cooperativa Noran Coop. Según consta en el sumario, esta mercantil fue constituida el 26 de junio de 2015, en el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de explotación minera de Mina Muga, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar.
Pieza clave con el PNV
Además, desde el punto de vista político, la figura de Antxon Alonso también ha cobrado protagonismo en los últimos días después de que en su declaración en el Supremo, Cerdán sostuviera que fue pieza clave para lograr el apoyo del PNV en la moción de censura que condujo a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa en el año 2018. Asimismo, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, confirmó el pasado jueves que Alonso fue la persona que le puso en contacto con el ex secretario de Organización del PSOE para iniciar el acercamiento político entre Bildu y el PSOE.
Junto a Antxon Alonso, el magistrado de la Sala Segunda Leopoldo Puente tomará declaración este lunes al ex directivo de Acciona Fernando Merino, quien también fue registrado por la UCO el pasado 10 de junio.
Merino, ex director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, fue la persona que decidió que la multinacional concursaría en UTE con Servinabar cuando la trama corrupta comenzó a operar en la comunidad foral; años antes de penetrar en el Ministerio de Transportes que encabezaba Ábalos. Sobre Merino, el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, admitió conocerle en el Supremo antes de ingresar en prisión. «Se presentó en Pamplona en mi despacho como delegado de Acciona en Navarra», precisó el ex diputado.
La UCO sostuvo en su demoledor informe que, al menos desde el año 2015, se habría fraguado una estrecha relación entre Merino, Alonso, Koldo y Cerdán «principalmente, de la vinculación mercantil Acciona-Servinabar». Años después, al ex directivo de Acciona se le llegó a consultar hasta el diseño del organigrama y cargos propuestos para el Ministerio de José Luis Ábalos.
537 millones de euros
Por otro lado, de las pesquisas se desprende que el total de las obras adjudicadas por el Gobierno de Sánchez -a través del citado Ministerio- a Acciona, a través de licitaciones, asciende a más de 537 millones de euros.
Según las grabaciones realizadas por Koldo, e incautadas por la Guardia Civil, por esos amaños, Ábalos y su ex asesor habrían percibido mordidas por «la cantidad de 550.000 euros, siendo adeudados todavía otros 450.000 igualmente comprometidos (de los que, tal vez, 70.000 podrían haberse destinado a la adquisición de una ‘bajera’)».
En el auto donde el magistrado Leopoldo Puente acordó la imputación de los empresarios, el instructor sostuvo que se trata «de personas que, en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de concretas obras públicas a cambio de precio».
Por su parte, el pasado viernes prestaron declaración en calidad de imputados en el Supremo los empresarios José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), a quienes el juez les impuso la obligación de comparecer de manera quincenal en el juzgado como medida cautelar.
