Publicado: septiembre 3, 2025, 2:07 pm
Begoña Gómez tendrá que declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado en calidad de imputada por un delito de malversación el próximo 10 de septiembre. Lo hará un día antes de lo previsto después de que su abogado se dirigiera al juez para ponerle al corriente de que el 11 de septiembre tenía otro señalamiento en un juzgado de Tenerife.
La coincidencia de señalamientos, expone Peinado, «ha quedado suficientemente acreditada». El mismo día, también se sentará ante el instructor Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que presuntamente hacía de secretaria particular de la esposa de Pedro Sánchez.
En concreto, Peinado cita a Gómez por la contratación de su asistente, Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos al entender que pudo haber irregularidades. Se trata de una pieza separada en el conocido como ‘caso Begoña’ en el que la esposa del presidente del Gobierno está investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Unas diligencias cuyo epicentro es la actuación de Gómez en relación con su cátedra en la Universidad Complutense, que es la causa principal.
En esta causa separada, por la que tendrá que volver a sentarse ante Peinado, el magistrado propuso al Tribunal Supremo que investigase al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, como responsable de la contratación de la asesora. El Alto Tribunal se negó ante la «absoluta ausencia» de indicios de delito.
Deloitte dice que no participó en el software de Gómez
Por otra parte, la consultora Deloitte se ha desmarcado del ‘software’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a Begoña Gómez, trasladando al juez Peinado que no participó ni en su creación ni en su mantenimiento.
A través de un escrito, la compañía contesta así al requerimiento del juez sobre «los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense».
Deloitte indica a Peinado que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió Gómez «tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto».
Tras recalcar que esa oficina de proyecto fue creada y estaba en funcionamiento «antes» de que ellos iniciaran su trabajo, incide en que «había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un ‘software’ con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva».
El juez impulsó ese requerimiento a Deloitte porque las acusaciones populares de la causa pidieron una batería de diligencias «a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral».
