Publicado: octubre 13, 2025, 8:07 pm
La Comisión de Venecia ha comunicado este lunes el texto definitivo del informe en el que evalúa las dos propuestas de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El resultado es demoledor para el Gobierno, que sigue apoyando el método actual por el cual es el Parlamento el que elige en última instancia a los 12 vocales pertenecientes a la judicatura.
La conclusión de la Comisión es que ese sistema «no cumple con los estándares europeos» porque se trata de «un procedimiento vulnerable a la politización por parte del Parlamento». Explica que las modificaciones propuestas para la preselección de los candidatos que llegan al parlamento suponen una mejora, pero son «insuficientes» porque, al final, se decide en una «elección política» para la que además no hay un «criterio claro» para elegir a unos u otros candidatos. No existe, prosigue, obligación de dar explicación sobre por qué se ha optado por unos y no otro, ni manera efectiva de cuestionar judicialmente los nombramientos. La lista de objeciones añade que el sistema no pone remedio a la posibilidad de nuevos bloqueos o retrasos en la renovación del Consejo.
Por el contrario, la Comisión apoya el otro sistema que le han sometido a examen, que prevé la elección directa de los 12 vocales por parte de los propios jueces: «Da la capacidad a los jueces de elegir a los miembros del Consejo de origen judicial, buscando así eliminar la politización de la fase parlamentaria. Este enfoque es bienvenido, puesto que cumple con el estándar europeo de elección entre pares».
La «opinión» -esa es la designación oficial del informe- de la Comisión sobre este segundo sistema propone varias medidas para asegurar la diversidad de los vocales electos y evitar la llamada «politización interna».
El Ministerio de Justicia ha reaccionado al informe intentando equiparar las críticas a uno y otro modelo, resaltando que no hay ningún sistema obligatorio de elección de los Consejos y ratificando que el Gobierno mantendrá la elección de los vocales por el Parlamento.
El principal argumento del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para mantener el sistema actual es que ese paso por el Congreso y el Senado da legitimidad democrática a los nombramientos. La respuesta de la Comisión de Venecia es que «la legitimidad del Poder Judicial y de los consejos emana de la Constitución, del respeto a las leyes, del principio de legalidad y de la confianza de los ciudadanos, no de acuerdos políticos sobre el nombramiento de los miembros del Consejo». Los intentos del Gobierno de suavizar el texto final no han bastado para borrar esta frase.
«Absoluta desautorización»
El Ejecutivo ha sostenido que la elección de jueces por jueces desembocaría en un control del Consejo por parte de las asociaciones judiciales, mayoritariamente conservadoras. La Comisión contesta que su plan de mantener el filtro parlamentario «solo exacerbaría ese riesgo» de politización. Incluir al Parlamento en el proceso «no neutraliza las connotaciones políticas» de la fase previa de selección de candidatos. «Por el contrario, las duplica», afirma.
La Comisión de Venecia, que es el órgano del Consejo de Europa especializado en asuntos constitucionales, ha abordado el asunto a petición de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. El pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo incluyó el encargo legal al CGPJ para que propusiera un nuevo método de elección. No pudieron los 20 vocales pactar una propuesta: los 10 del bloque progresista plantearon una muy similar a la actual y los 10 del bloque conservador, el cambio a elección de jueces por jueces. Perelló llevó ambas ante la Comisión de Venecia, que acaba de decantarse por la reforma radical a la que el Gobierno se niega.
Tras conocerse el informe, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, resalta que respalda «la posición del PP sobre el sistema de elección de los vocales». Según Gamarra, el organismo europeo «desautoriza el sistema que defiende el Gobierno», al que acusa de «manipular y tergiversar» el informe, «intentando hacer pasar por bueno lo que no es más que una absoluta desautorización».
