Publicado: mayo 17, 2025, 4:07 am
«Llegaremos hasta el final para aclarar unos comportamientos execrables y condenables». El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha pronunciado hoy, por primera vez desde que el pasado lunes se conocieran nuevos detalles, sobre el caso la niña de 12 años víctima de una red de pederastia mientras estaba bajo tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), entre los años 2020 y 2021.
En su viaje institucional a Navarra, donde se ha reunido con la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, el jefe del Govern ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación sobre la grave crisis abierta en el organismo autonómico encargado de la protección y guarda de menores y jóvenes ex tutelados en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Illa ha asegurado que su Ejecutivo contribuirá a «aclarar responsabilidades» antes las irregularidades detectadas, en los últimos meses, en la adjudicación de contratos y prestaciones económicas de la DGAIA. El president, eso sí, ha matizado que la voluntad es hacerlo «mirando más hacia adelante que atrás».
Pocos minutos antes, en una entrevista en TV3, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, se refirió a la destitución en marzo de la entonces directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, tan solo seis meses después de su nombramiento. «No estaba alineada con la voluntad de cambio profundo que quiere impulsar el Govern», dijo sin entrar más a fondo en la que ha sido hasta ahora la primera explicación en dos meses señalando un motivo concreto del cese de la máxima responsable.
La DGAIA está actualmente en el punto de mira de la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude de Cataluña y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico). En un informe fiscalizador del periodo 2016-2020 (con consejerías de ERC), el primer ente detectó varias prácticas irregulares en la externalización de servicios a fundaciones privadas y entidades del tercer sector (sin ánimo de lucro). En breve, la Sindicatura de Cuentas presentará un nuevo informe sobre el año 2022 (bajo consejeros de Junts y ERC).
Antifraude, por su parte, investiga la denuncia bajo protección de un trabajador de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, que ayer, en una conversación con EL MUNDO, definía como «claro sistema de corrupción» la red clientelar y las puertas giratorias entre la consejería, la DGAIA y fundaciones colaboradoras.
Puertas giratorias en la DGAIA
El ejemplo más palmario es el de Ricard Calvo, director de la DGAIA entre enero de 2016 y agosto de 2017, cargo que compaginó con el de concejal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Girona. Calvo regresó a la fundación Plataforma Educativa (paraguas de una decena de entidades, como Resilis, FASI, Gentis o Eina Activa) tras dimitir después de ser denunciado por el sindicato CGT por haber otorgado contratos millonarios a algunas de estas fundaciones a las que había estado vinculado laboralmente. A petición de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona acabó archivando en febrero de 2020 el expediente de diligencias previas.
Además de adjudicaciones de contratos en las que solo se presentaba una empresa a concurso, Calvo fue señalado también por otorgar 20 millones de euros a la fundación FASI, en la que estaba en excedencia, al tiempo que la entidad pagaba a una inmobiliaria de su misma propiedad (Casa Equipaments, de la que controlaba el 60% del capital) alquileres mensuales destinados al alojamiento que quintuplicaban el precio de mercado.
El colectivo Octuvre publicó recientemente que Plataforma Educativa «está recibiendo una enorme cantidad de dinero público para construir un enorme imperio inmobiliario». «La entidad ha puesto en marcha un proceso de inversión en bolsa de vivienda social a través de un convenio con la Agencia Catalana de la Vivienda y el Instituto Catalán de Finanzas para la adquisición del derecho de uso de unas 500 viviendas por un período de 75 años. La operación inicialmente está valorada en 30 millones de euros públicos, pero hay que sumar una enorme lista de subvenciones públicas para rehabilitar y mejorar estas viviendas», informa Octuvre sobre una auditoría del año 2023.
