El gólgota de los denunciantes de corrupción: «Te conviertes en un cadáver con uniforme»

Publicado: agosto 10, 2025, 2:07 am

Antonio Rico tiene 49 años, seis oposiciones aprobadas y tres plazas de funcionario en excedencia a sus espaldas. Es decir: ocupa su cuarta plaza en la Administración, y subiendo. Ha dado más vueltas que una peonza. Ahora es policía local en Murcia: «Y no estoy incapacitado porque no me ha dado la gana de que me incapacitaran, pero todos los que empezaron en esto conmigo están incapacitados, o de baja por depresión».

¿Qué es esto? A Antonio el servicio público le picó «desde chaval» -dice cosas como «siempre he creído en el Estado de Derecho»-. Con 19 años, en 1994, se hizo guardia civil en Madrid. Tiempo después, en 2010, quizás nostálgico por los veranos azules de su infancia, planeó volverse al sur y se sacó una plaza de agente local en Torrevieja (Alicante).

No sabía lo que estaba haciendo.

«Yo llego allí y, cuando empiezo a trabajar, veo lo que veía todo el mundo. Que muchas veces las multas se cobraban en efectivo, sin control ninguno, en mano. Que, cuando nos enviaban a hacer inspecciones, siempre era a los mismos sitios, y nunca a los otros».

Lo que Rico ve, en definitiva, es una dinámica indiciariamente corrupta habitual, aceptada y establecida. «Pero vamos, lo veíamos todos… Sólo que otros compañeros me dijeron muy claramente que no se querían meter ahí, que menudo lío«.

Hoy, 12 años después de que él y otros compañeros se fueran al juzgado a denunciar -«pero sólo yo mantuve una acusación popular, porque la Fiscalía nos pidió que alguien la soportara para tener más peso»-, no puede ser más amargo hablar con Antonio Rico por teléfono, una mañana cualquiera.

Y preguntarle: ¿lo volverías a hacer?

«¿Yo? Pues… Sí, aunque me ha destrozado la vida. Te conviertes en un cadáver con uniforme. Allá donde vas eres el chivato, el que va a denunciar a todo el mundo. Te persigue el estereotipo negativo de quien se ha expuesto a denunciar algo. Te abocan a irte. Cada vez que cambias de destino ellos llaman para informar de dónde trabaja tu pareja, dónde van al colegio tus niñas, cuál es tu historial médico, y para advertir de los problemas que por supuesto vas a dar. Te persiguen, siempre, hasta el final. Pero no voy a dejar que me incapaciten por denunciar a tres golfos. No».

¿Sirvió su sufrimiento de algo? Veamos. Sus denuncias surtieron efecto: explica que un inspector fue condenado, y también su hijo, por extorsionar a dueños de establecimientos. El Tribunal Constitucional terminó dándole la razón, en febrero pasado, y sentenció que el Ayuntamiento de Torrevieja no le protegió de un acoso laboral extenuante que duró siete años, y que estuvo a punto de hundirle personal y profesionalmente. «Mi propia ex mujer, la madre de mis hijas, me decía que qué buscaba yo con eso, que para qué denuncié, que por qué no hice lo que todos los demás… ¿No se supone que era nuestro deber?».

Pero Antonio Rico tiene una convicción: «Da igual todo, da igual que te den la razón diez años después, que fue lo que tardó la Justicia en mi caso. También da igual que condenen a quienes tú denunciaste. Al final, tu vida es tuya, y nadie te protege», dice ensombrecido. Y agrega: «Ahora, en Murcia, al menos mis jefes me apoyan y tengo algo de paz… Pero lo que te queda de todo esto es… horrible«.

«Puro papel mojado»

Su «infierno», en definitiva -«lo más doloroso es ver cómo los políticos condenados por consentir mi acoso continúan en sus puestos mientras yo estoy estigmatizado y señalado, vagando por la Administración»-, es el «habitual» del denunciante de corrupción en España, como explica Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho: «Lamentablemente ahora tenemos una ley, sí, pero es puro papel mojado. No se aplica y no se ha dotado presupuestariamente, con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados ‘sine die'».

Se trata de la ley 2/2023, que cumple la directiva europea 2019/1937, y que entró en vigor el 13 de marzo de 2023… pero como si no. La norma, en teoría, protege a «empleados, ex empleados, becarios y voluntarios» que, «tanto en el sector público como en el privado», quieran denunciar corrupción.

Cualquier empresa con más de 50 trabajadores debe disponer de un canal interno de denuncia. A los denunciantes la ley les otorga «confidencialidad, anonimato, presunción de inocencia, asesoramiento legal y psicológico, y registro no público de denuncias». Incluso hay sanciones en caso de represalias a los, como se les llama en el mundo anglosajón, whistleblowers, los que soplan el silbato cuando ven una corruptela: hasta un millón de euros a empresas y 300.000 a personas físicas.

Todo muy bonito, pero con ese mal endémico tan hispano: de una belleza inútil. Que no se cumple, vaya.

Habla Safira Cantos: «En España, para empezar, hay un sistema muy deficiente de protección a esta gente, muy desigual territorialmente y sin claridad como para que los funcionarios, o los empleados, o quien sea, sepan a qué atenerse si denuncian hechos como estos».

«Hay que entender que esta gente, cuando denuncia este tipo de hechos, se enfrenta muy directamente a su entorno, pero lo hacen con una fuerza enorme porque quieren que su denuncia sirva para algo. Lo que se encuentran luego es lamentable: no se les acompaña, no hay certidumbre sobre lo que les va a suceder, en unas comunidades autónomas hay órganos, en otras no… Es injustificable por ejemplo que se obligue desde el Ejecutivo a implementar las medidas a los ayuntamientos y a las empresas, mientras el Estado central no las aplica, por tener los presupuestos prorrogados…».

«Y es que las represalias, por ejemplo, son algo muy generalizado», sigue Cantos, y parece que está hablando de Lorenzo Serena.

Serena es uno de los últimos whistleblowers, tal vez el más prominente del último mes, pero en realidad él ha seguido el camino opuesto -del ostracismo a cierta comprensión- desde hace algo más de un año.

Entonces, dirigió una carta al Parlamento navarro denunciando presuntas irregularidades en una adjudicación de cuya mesa él, funcionario con 30 años de carrera a sus espaldas, había sido secretario.

«Se rieron de nosotros», confesó a este periódico, muchos meses después de la sesión parlamentaria en que los diputados de la mayoría (PSOE y Geroa Bai) descartaron, en febrero de 2024, su denuncia, e incluso «se mofaron de ella, dijeron que era un jueguito entre funcionarios, una disputa, nos trataron como a niños».

La Guardia Civil vino a rescatarle hace un par de meses: las irregularidades que él había denunciado en la adjudicación de una obra de 76 millones a una empresa vinculada a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, se convirtieron en una de las posibles mayores mordidas del caso Koldo… Y de pronto Serena pasó de paria a hablar en el Senado. Tras lo que manifestó su pasmo a este periódico: «Sus señorías ni se habían informado de lo que hablaban, es lamentable el bajo nivel de la política».

Serena, al menos, fue así rehabilitado -siquiera como arma arrojadiza entre la oposición y el Ejecutivo navarro-, y pudo dejar atrás otro de los momentos más inefables de su historia: cuando, después de denunciar ante la oficina anticorrupción navarra todas las irregularidades del procedimiento, fue trasladado de un día para otro a trabajar a una nave a las afueras de Pamplona.

«Allí sólo estábamos cuatro vigilantes jurados, y yo. Y ellos se iban cuando se acababa su turno, y yo me quedaba allí», explicó a este diario. «Fue una chiquillada increíble… ¿Qué pensaban, que no se iba a enterar todo el mundo?». Acudió a una superior de su departamento, que rápidamente le amparó y le reincorporó a la ubicación habitual de su puesto de trabajo. La Administración, cuando se hizo público, contestó a las preguntas de la oposición que el cambio, una represalia a todas luces, se había producido por «error».

Serena: «Pero, ¿no se supone que los funcionarios debemos denunciar los desmanes que vemos, y que para eso crearon la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA)?», se pregunta Serena.

La institución, precisamente, personifica otro de los males de la lucha contra la corrupción en España: ahora que debe fiscalizar seis contratos otorgados a socios de Cerdán por valor de casi 90 millones de euros, ha trascendido que no tiene funcionarios suficientes para llevar a cabo la tarea.

«Es una auténtica vergüenza«, dice Serena. ¿De qué mal hablábamos? De la politización. «En realidad», explican en la oposición navarra, «el Gobierno de Geroa Bai puso en marcha la OANA [en 2018] con la idea de levantar las alfombras para buscar algo sucio del anterior Gobierno [de Unión del Pueblo Navarro]. Una vez vieron que no encontraban nada, le quitaron medios, y lo que tenemos ahora es una oficina que no puede llevar a cabo sus labores».

Proteger a los ‘whistleblowers’

Es cuando la corrupción se convierte en munición mediática para poner a la defensiva a los rivales políticos -y mucho más con la actual moda de las «comisiones de investigación» parlamentarias, que a la vez que fiscalizan la acción de Gobierno (o lo que pinte) finalmente surten de titulares a los periódicos amigos, en el campo de tiro diario del partidismo-. Mi corrupción no es nada, la tuya lo es todo.

En realidad, es la política la que no ha sabido o querido aún dar protección a los denunciantes. Ciudadanos fue quien primero propuso la ley de los whistleblowers, a la que obligaba la UE. Después, la impulsó la actual mayoría parlamentaria, pero en falso: «No se ha dotado ni siquiera de medios la Autoridad Independiente de Protección al Informante [AAI]», dice Safira Cantos, «que es la institución que debe gestionar dicha protección». La presidencia de la AAI se otorgó el pasado 9 de mayo al catedrático Manuel Villoria, pero la actividad del órgano no ha comenzado.

Irrumpe una voz atronadora. «Es que en realidad a ningún partido le interesa que la figura del denunciante de corrupción sea protegida de verdad, porque lo que se quiere es usar la corrupción ajena y tapar la propia», dice Pepe Peñas, quien pasa por ser uno de los grandes soplones del caso Gürtel. Ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid), Peñas en realidad formó parte, siquiera colateral, de la corrupción gürteliana hasta que comenzó a grabar a Francisco Correa hacia 2005.

Por ello no es exactamente un whistleblower, sino un colaborador con la Justicia: entregó a las Fiscalía, cuando la investigación ya había comenzado, «sesenta y pico grabaciones o así, ya no recuerdo cuántas eran», de conversaciones suyas con Correa y Luis Bárcenas, realizadas durante dos años (de 2005 a 2007), y luego fue condenado (a cinco años de cárcel, de los que no cumplió nada porque la pena de cada delito no superaba los dos años), e indultado (para no perder su condición de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid).

Sea como sea, su opinión tiene interés. «Yo volvería a hacerlo, una y mil veces, y eso que me escupían por la calle, con mi hija al lado, y me hacían pintadas por ‘traidor al PP’, decían». Él se topó con lo más feo de la política, de frente: «Y lo que no puede ser es que tú lleves lo que yo llevé a Fiscalía, y la siguiente noticia que tengas de ellos es tu imputación». Peñas dice que el tribunal se negó a investigar «a la familia de Aznar«, y que «en general todo el que denuncia este tipo de cosas sabe que la piedra le va a volver, y mucho más dura de lo que la tira».

Peñas, en fin, apunta a la «politización» como el gran escollo: «Al final yo tenía enfrente a todo el mundo, a las acusaciones y a las defensas, me senté en el banquillo de los acusados durante año y medio con otras sesenta personas que estaban ahí en gran medida por mi culpa… Al final, lo que pierdes es más de lo que ganas. Familiarmente fue un desastre completo». Él, sin embargo, logró salvar la cárcel «por los pelos».

Un caso sangrante

El vía crucis está asegurado para el denunciante. Una whistleblower de libro, en uno de los casos de corrupción más sangrantes de los últimos 10 años en España -funcionaria de alto rango que se metió a alertar sobre mordidas a cambio de adjudicaciones-, no se atreve a salir con su nombre y su cara en este reportaje.

«Me pusieron creo que 14 denuncias«, dice, «tratando de buscarme las vueltas de todas las maneras posibles, por contratos públicos que yo había gestionado… Queda ya sólo una denuncia viva, pero hasta no estar limpia no quiero salir en los medios: te destrozan y les sale gratis», dice.

Pero sí quiere que consten aquí varias reflexiones suyas. «No hay voluntad política de poner esto en marcha de verdad, quedará en papel mojado». Para ella, un caso claro es la «descomposición» del órgano fiscalizador valenciano, la Agencia Valenciana Antifraude, que llegó a firmar acuerdos con Transparencia Internacional permitiendo auditorías externas sobre la Administración: «Este Gobierno de Mazón se la ha cargado, la ha desmantelado, y ha dejado a varias personas desprotegidas».

Finaliza: «En general, por mi experiencia en la Administración, cada vez que llega un partido viene con la intención de hacerlo bien, pero si gana una segunda legislatura ahí es cuando se les va la olla, los arribistas toman el control y todo se desmanda. Yo, en realidad», termina, «la verdad es que muchas veces voto por el cambio simplemente por cambiar, para que entre aire nuevo. Ya sólo eso, muchas veces, es mucho».

Safira Cantos: «Al final, salvo que se dé cumplimiento real a la directiva europea, el que se sale de la fila sabe que no avanza, y eso es lo que hay que impedir. Debemos trabajar con la idea de que denunciar la corrupción no es molesto, sino valioso. Que haya protección económica para el denunciante, que la asistencia jurídica sea gratuita, que la ley recién aprobada ponga límites. Hay que limitar el círculo de impunidad«.

Regresamos a Antonio Rico, primer protagonista de esta historia. «La Agencia Antifraude de Cataluña acaba de dejar tiradas a varias funcionarias que conozco, por motivos políticos: cesadas y en paro. Las agencias de este tipo no pueden ser chiringuitos: deben ayudar a la gente que denuncia a restablecer su vida personal y laboral. Yo me tuve que enfrentar a una mafia que intentó enterrarme, y casi lo consigue. Pasé por tres o cuatro destinos, hasta hoy. Intentaron acabar conmigo laboral y civilmente, y la verdad es que casi lo logran», termina.