Publicado: agosto 24, 2025, 2:07 pm
La Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, tardó siete días en escribir a las CCAA sin fuegos para pedirles medios terrestres que ayudaran a Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura. La falta de previsión, una reacción tardía y una disputa política desmesurada han caracterizado a la mayor crisis de incendios de la historia de España, que deja cuatro muertos, más de 360.000 hectáreas arrasadas y más de 35.000 desalojados. Como con la dana y el Covid, se constata que España no está preparada para situaciones extremas y que la gestión nacional de emergencias deja mucho que desear.
Pese al «mayor contingente de ayuda internacional de la historia», con 10 países de la UE aportando recursos, y la colaboración de nueve CCAA, el balance no es positivo. El Gobierno no se decidió a tomar el control y las tres regiones más devastadas, del PP, tampoco le pidieron que lo hiciera. Más centrados en culparse unos a otros, han incurrido en insultos y descalificaciones mientras el monte ardía, lo que ha contribuido a incrementar el descontento social, la sensación de que España es un Estado ausente, con vecinos que decidieron desoír las órdenes de evacuación y apagar los fuegos por su cuenta, y una multiplicación de los discursos populistas y antidemocráticos. ¿Por qué no sabemos reaccionar a las emergencias? ¿Qué lección se puede aprender para la próxima catástrofe?
Retraso en reaccionar
A pesar de la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el grueso de los medios estatales, autonómicos y de la UE no empezó a llegar al terreno de forma fluida y generalizada hasta el domingo 17, una semana después de que el domingo 10 la situación empeorara tanto que el Gobierno decidiera el lunes 11 activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil -ya usado en el Covid y en la dana- y «abrir oficialmente la emergencia», trámites que se formalizaron el 12. Los planillos de medios de varias CCAA muestran que la mayoría de ayuda se concentró desde ese fin de semana. La propia jefa de Protección Civil, Virginia Barcones, dijo el 18 que «desde ayer todos los medios se están incorporando» al terreno. Estaban disponibles desde antes, pero su actuación in situ no fue muy rápida.
Uno de los problemas es que el Estado carece de un catálogo nacional de los recursos disponibles en toda España, algo que podría haber agilizado la gestión, según el bombero Rafael Moro, vicepresidente de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego: «Se ha producido descoordinación. Las CCAA han pedido más recursos y el Gobierno decía que no tenía más, pero podía haber usado vehículos del Ejército para llevar agua o personal. Con previsión, podían haber usado más medios».
Algunos recursos europeos intervinieron, de hecho, antes que los españoles. Por ejemplo, los dos hidroaviones de Francia. «Uno de ellos llegó el 14, operó un día y se marchó. Enviaron otro avión, pero estaba averiado y nunca trabajó», denuncian en la Xunta de Galicia. Según la Junta de Castilla y León, la ayuda europea no operó hasta el 17, con la llegada de los aviones italianos, mientras que los medios de Francia y Países Bajos lo hicieron el 18.
Las autoridades tampoco se dieron mucha prisa. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no interrumpió sus vacaciones hasta el 11, mientras que Pedro Sánchez no cortó su descanso veraniego en Lanzarote para visitar Orense y León hasta el 17. «Estamos siendo testigos de la mejor Europa», escribió el día 21 el presidente del Gobierno a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, para agradecerle su apoyo en la lucha contra los incendios. Un mensaje enviado 10 días después del inicio de la crisis.
La burocracia
Durante el fin de semana del 15 al 17, en un momento de máxima tensión, ocurrieron dos cosas. Por un lado, el Gobierno comenzó por primera vez a requerir medios por escrito a las CCAA donde no había incendios. A las 9.54 de la mañana del viernes 15, Protección Civil pidió por primera vez a 10 regiones que detallaran su disponibilidad de recursos aéreos.
A las 20.02 horas de ese mismo día, mandó otra comunicación a Navarra y Castilla-La Mancha, que no le habían respondido. Las CCAA ya se estaban coordinando desde antes entre ellas, pero no fue hasta entonces cuando el Estado comenzó a ejercer de «mediador».
El 17 remitió otras tres misivas. A las 18.54 horas, ya no demandó sólo medios aéreos, sino que añadió los terrestres en su solicitud, y lo hizo para la «zona noroeste peninsular». Es decir, tardó una semana en reclamar este tipo de ayuda terrestre.
A las 18.58, volvió a intervenir con otro email para alertar de que no tuvieran en cuenta el correo anterior porque había un «error».
A las 19.02, lo rectificó eliminando la referencia al «noroeste peninsular», para no dejar fuera a Extremadura, donde a esa hora empeoraba la situación.
Todo esto sucedió antes de que las máximas autoridades de las CCAA afectadas escribieran al Gobierno formalizando su petición de auxilio. A las 21.22, a las 22.23 y a la 22.53 del viernes 15, Protección Civil recibió tres cartas de Castilla y León, Galicia y Extremadura reclamando más recursos de la UE y del Estado.
En Galicia, la conselleira de Medio Rural ya había solicitado el jueves 14 al delegado del Gobierno que ampliara los límites de las horas de vuelo de los pilotos que estaban trabajando, una competencia estatal. El 15 por la mañana, volvió a enviarle otro correo pidiendo refuerzos. Por la noche, el director regional de Emergencias remitió otro correo ampliando su solicitud de medios. El 16 por la mañana, el propio Alfonso Rueda escribió a Sánchez recordando lo que les hacía falta. Por la tarde, la conselleira se reunió con el delegado del Gobierno y la UME para explicar por qué necesitaban esos medios.
Extremadura, por su parte, tuvo que enviar cuatro correos entre el 15 y el 16 para que el Gobierno le atendiera.
También se quejó de que las comunidades afectadas no estuvieran invitadas a las reuniones de coordinación del Gobierno. «La situación es de extrema gravedad, no hay ningún dispositivo para [parar] esto», expresó, demandando más medios europeos y del Ejército. No obtuvo respuesta hasta el 17, cuando, en la reunión del Centro de Coordinación extremeño, el delegado del Gobierno reconoció: «No hay capacidad para mandar más medios».
Ese fin de semana hubo un intenso tráfico de correos electrónicos -como mínimo, 14– entre administraciones que da qué pensar: ¿no hay otro mecanismo más rápido de coordinarse?
El choque competencial
El Gobierno no ha querido activar el nivel 3, que implicaría que el ministro del Interior se pusiera al mando, y se ha quedado en la «fase de preemergencia», que «no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias ni afecta a las competencias de las CCAA», según la web de Interior.
Delimita así un marco cerrado que le permite quedarse al margen y poner a las CCAA afectadas entre la espada y la pared. Al renunciar el Estado a asumir el mando en la crisis, tienen que pedirlo Castilla y León, Galicia y Extremadura, que no han querido hacerlo para que no parezca que ellas solas no son capaces.
Pero la Ley de Protección Civil establece claramente la distribución de competencias: cuando los hechos afectan a más de una comunidad autónoma o cuando «por sus dimensiones efectivas o previsibles» requieran una dirección de carácter nacional, la competencia corresponde al Estado. Se ha perdido tiempo en este tira y afloja. Además, ha quedado claro que, si el Gobierno tiene voluntad, puede actuar por su cuenta sin esperar que lo pidan antes las CCAA: lo prueba el correo que envió el viernes 15 a las 9.54, horas antes de las cartas de Castilla y León, Galicia y Extremadura pidiendo ayuda.
La realidad es que, parapetándose tras las CCAA, el Gobierno ha adoptado una vez más un papel de «intermediario» entre las autonomías, como si España fuera un Estado confederal. Éste va a ser uno de los debates del próximo curso: los distintos modelos de Estado y las ineficiencias que ha revelado el sistema actual.
Deslealtad institucional
Desde Óscar Puente tuiteando compulsivamente contra Mañueco y llamando «sátrapas» a los miembros del PP al vicesecretario general de este partido, Elías Bendodo, calificando de «pirómana» a la directora de Protección Civil, se ha generalizado una política de confrontación que transmite el mensaje de que todos intentan desviar la atención de su gestión. La nueva Fernando Simón es Virginia Barcones, que, bajo la aparente neutralidad de su camiseta técnica de Protección Civil, dio a entender que desde que Feijóo visitó las zonas afectadas y pidió la intervención del Ejército, los barones inundaron al Gobierno de peticiones «imposibles» para ponerlo en evidencia.
Esta política del PSOE, ex delegada del Gobierno en Castilla y León y con una vocación polarizadora tan grande como la de Puente, ha sido felicitada por Sánchez tras insinuar que las peticiones tardías de Castilla y León, Extremadura y Galicia son las responsables de que los medios hayan tardado en llegar al terreno, además de revelar fallos de coordinación en estas regiones, como mantener parados recursos del Gobierno mientras se pedían más medios, dejar a los miembros de la UME tirados en una gasolinera porque no decían dónde estaba el fuego o hacer esperar a 50 bomberos rumanos porque no podían transportarles al siniestro.
La falta de prevención
La inversión pública en prevención de incendios se ha desplomado a la mitad entre 2009 y 2022, el último año en que el Gobierno da datos. Los expertos denuncian el abandono de las áreas protegidas y las trabas al sector primario. Tampoco ayuda la intensidad de estos siniestros, cada vez más extensos, veloces y explosivos.
«Lo que está ocurriendo no es nuevo, y lo más grave es que se repite en cada gran emergencia de este país», reflexiona Israel Naveso, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, haciendo un alto en su trabajo en la extinción del fuego en León.
«En la dana los bomberos aeronáuticos nunca llegaron a ser activados, a pesar de estar disponibles y preparados para intervenir. En los incendios de Tenerife de 2023 volvió a ocurrir lo mismo: la falta de coordinación impidió que se movilizaran efectivos cualificados a tiempo. Y hoy, en esta nueva crisis, vemos otra vez cómo las comunidades autónomas y el Gobierno central tardan en reaccionar y se señalan unos a otros, mientras los incendios avanzan sin esperar», lamenta este bombero.
«La realidad es que en cada gran emergencia se repite el mismo modus operandi: falta de planificación, ausencia de una coordinación estatal real y dependencia de la improvisación o de la buena voluntad de los propios bomberos», añade Naveso. «La descoordinación no es un error puntual, es un problema estructural. Y hasta que no se cree una estrategia estatal seria contra emergencias, seguiremos viendo los mismos fallos año tras año.»
