Publicado: mayo 8, 2025, 6:07 am
Ni una votación sin sobresalto. Ni un día en el Congreso tranquilo. La fragilidad parlamentaria del Gobierno supone una vida al filo de la navaja. Ni cuando todo parece estar controlado. El Congreso vota este jueves el plan del Gobierno contra los aranceles impulsados por EEUU, valorado en 14.100 millones de euros. Se debate la convalidación o derogación del Real Decreto ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial. Un texto para el que, a priori, La Moncloa goza de una mayoría justa, pero mayoría, con los votos de Junts. Pero el Ejecutivo se pone en alerta, sin tener todas las certezas.
El pasado 8 de abril, Junts anunció que sus siete diputados votarían a favor de este plan después de que del texto se deduzca que el 25% de estas ayudas -créditos, avales y ayudas directas- estarán destinados a empresas catalanas que, de acuerdo con los datos que manejan los neoconvergentes, representan la cuarta parte de la exportación española a EEUU.
Sin embargo, fuentes de Economía abogaban por la «prudencia» a última hora del miércoles. En el Gobierno hay optimismo, pero se admite que con Junts «nunca se sabe». «Somos optimistas. Creemos que lo sacamos, pero…». Hay quien en el Gobierno explica que el optimismo con Junts es un 60%, que no puede ser más por la imprevisibilidad que ha demostrado este grupo parlamentario. Este jueves por la mañana hay una reunión entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y Junts, donde el Ejecutivo espera constatar que tiene el apoyo atado. O, al menos, salir de ese encuentro con el voto a favor atado.
El Gobierno quiere ser optimista, pero ya de por sí llega con el cinturón apretado para validar su plan de ayudas por los aranceles. Si no hay sustos, ausencias, imprevistos… cuenta con 175 votos -si lo apoya José Luis Ábalos, más el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria-, frente a 171 en contra –PP, Vox y UPN– y las 4 abstenciones de Podemos. Es decir, nada puede fallar.
El quid de la cuestión es la disposición adicional segunda del texto. En ella se recoge que el Gobierno garantizará que la puesta a disposición a las empresas de los instrumentos financieros regulados en el real decreto-ley se efectúe, con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición.
En el Gobierno admiten que esa referencia a ‘ayudas territorializadas’ es lo que lleva a hacer la cuenta de que a Cataluña le puede corresponder el 25%, pero, se defienden que en el texto ese porcentaje no aparece recogido.
Todo parecía aclarado y despejado para el Gobierno. «Hemos conseguido que, de nuevo, la empresa catalana reciba lo que le toca. No respondemos a otra cosa que a los intereses de Cataluña. Pasa desde que Junts es determinante. Nuestros siete votos los están cambiando todo», dijo Junts cuando apuntó su voto afirmativo. Pero fuentes de la formación independentista señalan que todo estaba supeditado a «otras cosas que no tienen que ver con el real decreto», como, por ejemplo, la interlocución en éste y otros temas con el Ejecutivo. Señalan que este jueves explicarán el sentido de su voto, aumentando la incertidumbre.
