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El Gobierno se lanza a frenar la creación de universidades privadas y pide «combatir chiringuitos que no cumplen el nivel»

Publicado: marzo 31, 2025, 12:07 pm

El Gobierno se lanza a defender la universidad pública frente a la privada. Pedro Sánchez abandera esta causa, que se viene mascullando desde hace días en el Ejecutivo. En un acto desde la UNED, la única universidad de la Comunidad de Madrid que es de titularidad estatal, el presidente del Gobierno ha anunciado que va a llevar este martes al Consejo de Ministros un plan para «endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios».

Una medida, que como ha reconocido el propio Sánchez en su intervención, tiene como finalidad «combatir el avance de centros privados que priman el negocio sobre la calidad, esos chiringuitos que no cumplen el nivel». El jefe del Ejecutivo ha llamado a la sociedad y la comunidad educativa a una «movilización en defensa de lo público, la igualdad de oportunidad, que es lo que nos une».

El anuncio de Sánchez supone una modificación del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. Pero lo que irá al Consejo de Ministros este martes es el trámite urgente, que implica que los plazos son más breves, se pasa directamente al trámite de audiencia pública. Para modificar esta decreto se hace esta consulta previa y la previsión que manejan en el Ejecutivo es que la aprobación del nuevo decreto pueda ir al Consejo de Ministros en mayo, según detallan fuentes gubernamentales.

«Una máquina expendedora»

«Una universidad no puede ser una máquina expendedora. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, públicas y privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesionales que nos cuidan o nos defienden», ha reflexionado Sánchez, en un discurso duro en el que ha mencionado expresamente Madrid y Andalucía. De Madrid ha criticado el que desde 2016, ha dicho, que haya «recortado un 30% la subvención a las universidades públicas. Da igual que se creciera más o menos económicamente, lo que se ha hecho es recortar y recortar». Y de Andalucía ha censurado que el presupuesto universitario «lleva 6 años congelado».

Madrid alberga en su territorio, en el curso 2023-2024, seis universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos), 13 privadas (Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, CUNEF Universidad, ESIC Universidad, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), Internacional de la Empresa, Internacional Villanueva, San Pablo CEU, UDIMA y una de la Iglesia Católica, Pontificia Comillas), y la sede central de la UNED.

Ha cargado contra roja esos centros privados que, a su juicio, «no siempre buscan la excelencia, sino hacer caja sin exigencias reales, convertidos en chiringuitos educativos». El presidente señala que suponen una merma de calidad y credibilidad no sólo los centros públicos, sino para los privados que sí se rigen por esos baremos de «excelencia». Precisamente este fin de semana, en un acto en Andalucía, la vicepresidenta primera y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ya cargó contra la universidad privada. «La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que sólo a través del esfuerzo y el conocimiento van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar. No lo podemos consentir»

Sus manifestaciones encontraron este lunes respuesta en Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales, antes de conocer el anuncio de Sánchez: «Las declaraciones de la Ministra amenazando y denigrando las universidades privadas son inaceptables y rayan en la ilegalidad. Atentan contra la libertad de empresa y educativa, contra la seguridad jurídica y la neutralidad institucional. Quieren destruir el Estado de derecho mientras nos engañan fabricando luchas de clase».

En concreto, lo que promueve el Gobierno es reforzar «las exigencias para garantizar que las universidades sean proyectos de calidad». Así, como principal novedad se añade que al informe de la Conferencia General de Política Universitaria se suma la exigencia de un informe de evaluación preceptivo elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes. «Un informe que sea vinculante en el proceso de creación de nuevas universidades, garantizando así un control riguroso e independiente».

Mínimo de 4.500 alumnos

Además, se van a endurecer los criterios de apertura de los centros públicos. Para ello, el Gobierno exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio. «Deberán asumir el compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda. Se exigirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores, y tendrán requisitos más estrictos en materia de investigación, para asegurar un compromiso real con la generación de conocimiento».

Además, como último punto de este plan, las universidades online pasan a considerarse de ámbito nacional, «porque su radio de actuación académica es en la práctica todo el Estado. Por ello, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales, para reforzar la supervisión y garantizar su calidad académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio».

Ademas, Sánchez ha anunciado un Plan de Relanzamiento de la UNED, «que no deja de ser la gran universidad pública de ámbito estatal de nuestro país, y la primera por número de estudiantes». Este Plan, junto al Plan Plurianual de Financiación, sienta las bases de la transformación que experimentará la UNED en los próximos años. Será un plan dotado con 30 millones de euros para el primer año, lo que supone un 35% más de aportación del Gobierno.

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