Publicado: julio 22, 2025, 2:07 am
A veces una retirada a tiempo es una victoria o al menos la manera de evitar un golpe letal. El Gobierno lo sabe bien y por ello ha optado por recular y dar marcha atrás en dos proyectos con los que pretendía dar una pátina de éxito al cierre del periodo de sesiones parlamentarias y a la primera mitad de la legislatura.
Un barniz pálido porque a punto de cruzar el ecuador de la legislatura el Ejecutivo no ha podido todavía aprobar un proyecto de Presupuestos para el Estado ni esbozar tan siquiera un nuevo modelo de financiación autonómica. La mayoría parlamentaria que en noviembre de 2023 respaldó la investidura de Pedro Sánchez se ha deshilachado y el presidente ya no tiene la garantía de contar con ella como puntal de su Gobierno.
Hoy, la Cámara zanjará su trabajo antes del parón veraniego con un pleno extraordinario del que se han apeado los dos proyectos de ley estrella de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y del ministro Félix Bolaños. La reducción de la jornada laboral y la reforma «histórica» de la Justicia quedan de momento aparcados. Y no sólo: el decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, pergeñado tras el gran apagón del mes de abril, sólo verá la luz si la derecha –PP y Vox– se avienen al menos a abstenerse.
Con la retirada de los dos proyectos de ley -el impulsado por Bolaños con carácter de urgencia para evitar sanciones de la UE y el promocionado por Díaz como bandera de su política social- el último pleno del Congreso, pese a la larga lista de iniciativas sobre las que ha de pronunciarse, queda efectivamente muy descafeinado. La posición de Junts sobre ambos proyectos ha sido decisiva para la retirada de votación de los mismos. El rechazo de este grupo a darles apoyo, unido al de PP y Vox, habría propinado al Gobierno un serio varapalo poniendo en evidencia su debilidad y la falta de una mayoría lo suficientemente firme como para sostener la legislatura. Y todo ello en un contexto especialmente delicado por los casos de presunta corrupción que salpican al propio Ejecutivo y al PSOE.
No obstante, retirar estas dos propuestas clave del orden del día no le garantiza al Ejecutivo superar el Pleno con éxito. Sobre el resultado final pende la incógnita de lo que sucederá con el decreto de medidas urgentes diseñado para fortalecer el sistema eléctrico y evitar nuevos apagones. Los cuatro diputados de Podemos han anunciado ya que se opondrán al mismo porque no es sino un ejemplo más de cómo el Gobierno «se pliega a las eléctricas» y no osa «tocar ni un pelo al oligopolio energético». Es esta una advertencia grave porque los votos morados unidos en su caso a los de PP y Vox darían al traste con la iniciativa. Un no de estas dos formaciones más UPN junto a Podemos ofrecería, salvo error o ausencia de algún diputado, un empate a 175 votos de manera que el escrutinio debería repetirse tres veces y en caso de persistir el mismo resultado, la propuesta decaería.
Sí serán aprobados, salvo sorpresa de último minuto, la reforma del Reglamento del Congreso que establece nuevos supuestos para permitir el voto telemático de los parlamentarios, asume un código de conducta para la prensa cuya vulneración puede implicar la retirada temporal o incluso definitiva de la acreditación para trabajar en la Cámara y acuerda cambiar el nombre de Congreso de los Diputados por el de Congreso a fin de adecuarlo a las exigencias del lenguaje inclusivo. Esta modificación suscita la duda de si será necesario proceder a una reforma del texto constitucional por cuanto en el mismo la denominación oficial que se recoge es la primera.
También es previsible la aprobación del decreto que actualiza las entregas a cuenta a las CCAA a fin de que los territorios reciban anticipos del sistema, aún sin renovar, de financiación autonómica. El PP no ha revelado el sentido de su voto pero la cuantía de fondos que comporta y el hecho de que se haya desgajado como una norma aparte y no incluida en una propuesta ómnibus como se intentó hacer a principios de año, son incentivos para que no se oponga.
Pendientes, por dificultad a la hora de enhebrar mayorías, han quedado también otras iniciativas urgentes como el proyecto de ley de Movilidad Sostenible, necesario para recibir fondos de recuperación de la UE, y el decreto de reparto de menores inmigrantes entre las CCAA.
