Publicado: julio 22, 2025, 10:07 pm
El Gobierno pidió a grandes empresas eléctricas e industriales y a asociaciones empresariales que presionaran al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que evitaran el varapalo económico que supone la no convalidación del decreto antiapagones.
Fuentes del sector eléctrico confirman a EL MUNDO la petición gubernamental que coincidió además con sus intereses, porque consideraban positivos varios elementos del decreto. También fuentes del PP confirman que Feijóo recibió presiones, que éste desechó por considerar contraproducente para la propia economía española la aprobación de esta nueva regulación.
El fracaso del Gobierno con este Real Decreto (obtuvo165 votos a favor y 183 en contra, incluidos el PP, Vox, Podemos y Junts) tiene alta dimensión económica e impacto internacional. Deja en el aire una nueva regulación que era esta vez favorable a una de las bazas económicas de España: la atracción de inversión industrial mundial a un sistema energético basado en las renovables, de las que se espera un precio muy competitivo a largo plazo.
Los principales grupos energéticos e industriales del país, con multitud de fondos extranjeros en su accionariado, han apoyado en este caso al Gobierno en inusual carta conjunta remitida al PP y al resto de grupos parlamentarios la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelc), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) respaldaron , el llamado Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Y avisaron de que no convalidarlo tendría «consecuencias graves». Ya tras la votación pidieron «responsabilidad a todos los partidos» para activar proposiciones de ley alternativas que eviten la cadena de amenazas desatada.
MENOS INVERSIÓN INDUSTRIAL
Un informe de PwC en el que se basan estas asociaciones plantea un panorama desolador que iba a mejorar con el decreto. «En 2024, sólo se pudieron aceptar una de cada diez solicitudes de conexión en la red de distribución por falta de capacidad en las redes, lo que evidencia una incapacidad estructural del sistema para dar cabida a las peticiones de la industria actuales y a la nueva demanda, generando cuellos de botella que amenazan la competitividad y el proceso de descarbonización industrial». El decreto suponía, en opinión de PwC, «un importante empuje para solucionar la saturación de la red», porque implicaba medidas para agilizar el aprovechamiento de la red c0n acceso a nuevas conexiones para la industria y el fomento de inversiones en su mejora.
Al decaer la norma, perpetuar la saturación actual puede hacer perder industrias que necesitan 18Gw y que están pendientes de agilización para poder conectarse, según el dato de PwC. ¿Cuánto es eso de inversión potencialmente perdida? La consultora declina dar cifras, pero en el sector, basándose en cálculos previos del Banco de España estiman en torno a hasta 180.000 millones si se pierden 18Gw. Es decir, menos empleo, menos actividad y menos clientela para las eléctricas. En opinión de la citada carta de las grandes asociaciones, las medidas del decreto impulsado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen -que vio con agrado la misiva- aportaban «robustez al sistema, certidumbre a los inversores y competitividad al tejido empresarial, al tiempo que favorecen un entorno financiero más favorable para los proyectos». Todo esto queda ahora en suspenso, a su juicio.
MENOS INVERSIÓN RENOVABLE
El decreto ampliaba las caducidades para que inversiones en energías renovables no perdieran licencias por retrasos en informes medioambientales u otro tipo de requisitos. Al decaer, se estima que están en riesgo 3.000 millones de inversión eólica y fotovoltaica que se aproximan al vencimiento del período del que disponían para conseguir permisos. Pueden sufrir una ejecución de avales.
MÁS PRECIO PARA LA INDUSTRIA
El decreto contemplaba un abaratamiento de precios para las siderúrgicas y otras industrias grandes consumidoras de energía. Contemplaba la prórroga de la reducción del 80% de los peajes eléctricos a los consumidores electrointensivos, con efecto retroactivo desde el pasado 23 de enero. Su anulación puede encarecer en torno a un 10% los precios reales para este tipo de grandes consumidores. El portavoz del PP, Guillermo Mariscal, aseguró al explicar el rechazo de su partido a la norma, que Aagesen «no puede» defender que con su reforma se iba a abaratar la energía para la mayoría de los ciudadanos.
MENOS SEGURIDAD
Aunque el decreto encierra una batería de medidas para intentar solucionar el gran atasco actual de generación y conexión industrial a la red, también incluye otras destinadas teóricamente a mejorar la seguridad para evitar otro apagón como el del 28 de abril. «El Real Decreto-ley persigue tres objetivos fundamentales: reforzar la resiliencia técnica y operativa del sistema eléctrico, impulsar la electrificación de la economía y transformar el modelo de planificación eléctrica», según el mencionado informe de PwC. «El conjunto de medidas recogidas en esta norma fortalece la seguridad de suministro ante situaciones críticas», añade. El decreto potenciaba la función de supervisión del sector eléctrico del regulador CNMC para evaluar periódicamente las obligaciones de control de tensión de las empresas del sistema. También impulsaba el almacenamiento de energía, talón de Aquiles del sistema.
La asociación empresas de energía eólica no ocultó ya anoche su enfado con los partidos que han votado en contra. «El rechazo de este Real Decreto-ley constituye una decisión que va en contra de los intereses de nuestra economía y del impulso industrial necesario para afrontar la transición energética con garantías».
