Publicado: junio 9, 2025, 4:07 pm
Ha sido un cierre de filas sin fisuras. Si en otros casos ha habido más tibieza, se ha andado con más pies de plomo, con Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, no ha habido medias tintas. Apoyo expreso, público y firme en todo momento con «su fiscal general», como llegó a verbalizar en una comparecencia Pedro Sánchez, exigiendo incluso disculpas hacia él por parte de los medios y los partidos porque su análisis no era que había borrado mensajes de sus dispositivos, sino que no se había encontrado mensaje alguno que probara las acusaciones. Ahora, el juez del Tribunal Supremo ha decidido enviar a juicio al fiscal general por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
«Confianza» y «apoyo» son dos conceptos que siguen trasladando fuentes del Gobierno pese a que por primera vez en la historia un fiscal general es procesado. «Confianza absoluta y plena en el fiscal general». El mensaje que sigue en su planteamiento es que «la verdad se abrirá camino en este caso».
Para Félix Bolaños, ministro de Justicia, es «perfectamente sostenible» que García Ortiz siga siendo fiscal general pese a estar procesado. Blande el argumento de la «presunción de inocencia» porque estamos ante un auto «que no es firme y cabe recurso de reforma y recurso de apelación». El titular de Justicia ha definido a García Ortiz como «un servidor público ejemplar y cuenta con la confianza del Gobierno para seguir ejerciendo sus labores como fiscal general».
«Debe prevalecer la presunción de inocencia», sostienen los miembros del Ejecutivo tras conocerse la decisión del magistrado. «Lo importante es que estamos en un proceso judicial. No tenemos un fallo. Tenemos un proceso de instrucción que culmina, con muchas opiniones de cómo se ha realizado, y ahora empieza otra fase. La presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final», ha expuesto Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, en TVE minutos después de conocerse el auto.
Al argumento que se agarra ahora el Gobierno para no exigir la dimisión o salida de García Ortiz es que llegar a esta fase del proceso no supone que vaya a haber una condena, sino que ha habido casos en los que finalmente el asunto «ha quedado en nada». Y a esto se acogen para seguir manteniendo su apoyo.
El fiscal general es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y puede ser cesado por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto. En noviembre de 2019, en una entrevista en RNE, Sánchez ya presumió de que la fiscalía dependía del Gobierno. «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?».
Este caso vuelve a poner de manifiesto el choque que existe entre el Gobierno y algunos jueces, que con sus decisiones judiciales van contra lo que el Ejecutivo considera sus intereses o lo que, a su juicio, debe ser. Ha sucedido con las investigaciones al entorno de Pedro Sánchez y sucede en este caso del fiscal general. Para el Gobierno estos jueces son «la oposición real de este país», como lo ha definido el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Sobre la parte del auto en la que el juez sostiene que García Ortiz actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno«, desde el Gobierno niegan este extremo. «Quiero negar rotunda y categóricamente esto», ha dicho Bolaños, que ha «lamentado mucho que el Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria».
«Creo que es público que nosotros en el Gobierno apoyamos a la figura del fiscal general del Estado», anticipó ya hace menos de un mes Bolaños, preguntado expresamente por si mantendría el Ejecutivo el apoyo aún si el Tribunal Supremo acuerda procesarle y enviarle a juicio por un presunto delito de revelación de secretos. «Consideramos que en ese procedimiento judicial en el que se está viendo involucrado lo que hizo fue contar la verdad a la ciudadanía. Y perseguir el delito. Y, por tanto, cuenta con nuestro respaldo».
El mensaje que durante toda la investigación judicial se ha trasladado por todos los miembros del Gobierno han sido: «Clara confianza en el fiscal general del Estado». «No tenemos ninguna duda de que la verdad pondrá las cosas en su sitio y, sobre todo, se podrá por fin empezar a centrarse en los delitos fiscales que sí que se han cometido», han repetido desde la sala de prensa de La Moncloa y en distintos actos, preguntados por este asunto.
Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, llegó a expresar en una intervención en el Senado que con toda esta investigación a García Ortiz tenía «la sensación muchas veces de estar frente a un escenario paranormal». «A raíz de que se conoce esta información, el propio jefe de gabinete de la señora Ayuso filtra a los medios de comunicación que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con él, cuando realmente la información era absolutamente falsa y el fiscal lo único que hace es desmentir un bulo», defendió Alegría.
Sumar: «Se intenta tapar la corrupción de Ayuso»
Por su parte, Sumar ha esquivado el debate sobre la dimisión del fiscal general para denunciar que su procesamiento manda un mensaje «muy peligroso» de «impunidad» a quien «vive de mentir y degradar las instituciones».
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha disparado en rueda de prensa contra Ayuso y su «entorno», a quienes acusa de verter «bulos y mentiras» sobre la Fiscalía provocando que, a su juicio, el fiscal general haya sido ahora procesado por el Tribunal Supremo por «defender esa institución».
«Nos parece muy preocupante», ha sentenciado. «Que el dedo no nos impida mirar la luna, lo que se intenta tapar es la posible corrupción del entorno de la señora Díaz Ayuso», ha dicho, evitando tanto pedir que el fiscal general siga como que dimita.
Desde Izquierda Unida, su líder, Antonio Maíllo, ha vinculado la decisión con el intentado de «derribar» al Gobierno de coalición. «Procesar al fiscal general informa de a qué nos estamos enfrentando, a qué está dispuesta la reacción para derribar al gobierno y a qué estamos emplazados en la izquierda más allá de los discursos», ha escrito en X.
Podemos vincula el caso con la «guerra sucia» de la derecha
Por su parte, Podemos vincula directamente el procesamiento del fiscal general con la «guerra sucial» de la derecha: «De aquellos polvos tenemos hoy estos lodos», ha dicho la secretaria general, Ione Belarra, en tono recriminatorio al PSOE por pactar el CPGJ con el PP.
«La consecuencia de que cuando tú gobiernas la derecha siga mandando aunque no esté formalmente en el Gobierno es lo que estamos viendo hoy: que van a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado», ha dicho. «Porque cuando le hicieron la guerra sucia a Podemos, a los independentistas, a los ecologistas, a los movimientos sociales o a los activistas por Palestina el PSOE no hizo nada y pactó el CGPJ con la derecha. Y, como consecuencia de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos».
La líder morada ha contrapuesto el caso de García Ortiz con Ayuso, para acusar a la presidenta de Madrid de «corrupta» y de vivir «en un piso pagado con dinero negro y que es consecuencia de las mordidas que se llevó su novio por contratos de mascarillas durante la pandemia». «La consecuencia no es que Ayuso y su novio estén en la cárcel, que es lo que debería pasar, es que el fiscal se va a sentar en el banquillo. Eso es guerra sucia, es lawfare, y es la consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo», ha remarcado Belarra.
