Publicado: julio 22, 2025, 8:07 am
El actual Gobierno mantiene vigentes las dos rebajas fiscales impulsadas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y su antigua consultora y que el juez investiga por si llegaron al BOE de forma delictiva en beneficio de clientes.
Las empresas que se beneficiaron entonces y lo siguen haciendo desde 2018, según figura en la legislación consolidada tanto en el Impuesto Eléctrico como de Actividad Económicas y aseguran fuentes del sector a EL MUNDO. Por tanto, las dos medidas investigadas por presunto trato de favor siguen en pie para la industria de gases industriales, cuyos directivos son también investigados pore el Juzgado de Tarragona que lleva el caso al no cuestionar el actual Gobierno estas medidas de incentivo industrial.
Se trata en primer lugar de la bonificación del 85% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad para «actividades industriales cuyo coste de electricidad represente más del 50% del coste de un producto». Así figura aún en el artículo 98.1 d) de la ley vigente de impuestos especiales desde su introducción mediante la Ley 28/2014. Esta bonificación es la que pone el juez bajo sospecha en su auto al haber sido promovida por Montoro y la consultora que él mismo había fundado en la década anterior, Equipo Económico.
Según al auto judicial, diversas empresas de gas y químicas con altos costes energéticos intentaron que entrara en la ley de fiscalidad medioambiental de 2013, entre ellas la a Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim). Esta última intentó aprovechar en su favor una enmienda, la número 80, presentada por el Partido Popular, que empezaba a abrir la mano a rebajas a la industria del impuesto eléctrico. «Estas empresas vehicularon su pretensión vía propuesta de mejora a la enmienda número 80 presentada por el Grupo Parlamentario Popular e incluso remitiendo una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda, interesando que la asociación fuese incluida en este beneficio fiscal. Sin embargo, no se atiende a sus pretensiones», detalla el juez Rubén Rus. Hacienda no atendió la petición en ese momento, pese a que las bonificaciones a la industria eran bien vistas, entre otros,. por el PSOE.
Sánchez defendió la enmienda del PP
El entonces portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió esa enmienda del PP, porque corregía en su opinión el «error» de Montoro de privar a industrias tan consumidoras de energía de tal bonificación y pidió incluso ampliarla a más supuestos. «Con relación a su enmienda número 80 ustedes están reconociendo un error que nosotros ya pusimos de manifiesto en el debate de la Ley 15/2012 y es que efectivamente este impuesto sobre la producción de electricidad que crearon en ese momento podía dañar la competitividad de nuestras empresas, sobre todo de empresas del Levante español. Ustedes reconocen ese error, plantean una bonificación en el impuesto sobre la electricidad del 85 %, pero de nuevo dejan fuera -no sé por qué tienen ustedes esta saña- a la cogeneración y a las energías renovables», dijo el líder socialista según consta en el diario de sesiones en septiembre de 2013.
Sánchez no se refirió expresamente a los gases industriales y medicinales, pero sí incidió de forma genérica en que hay que bonificar a la industria consumidora de energía y, posteriormente, bajo su gobierno posterior, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido todos estos años la rebaja sin excluir al sector gasista. Entró en vigor en 2014 tras contratar las empresas de gas industrial a Equipo Económico. Según el juez, la contratación de este despacho pudo ser deciviso para que el Ministerio de Montoro terminara aceptando ampliar la bonificación a actividades como la de los gases industriales.
El juez lo considera indiciario de hasta siete delitos, incluido el de corrupción, pero fuentes del antiguo equipo de Montoro aseguran que lo hicieron en cuanto la situación presupuestaria lo permitió porque coincidían con Sánchez en que dañaba a la industria no bonificar el impuesto. En los correos e informes que constan en el sumario se cifra en entre 59 y 136 millones de euros al año el coste para las arcas públicas de esta bonificación que beneficia a amplios sectores más allá del de los clientes de Equipo Económico.
La segunda rebaja, también vigente
En cuanto a la segunda rebaja fiscal que el juez pone bajo sospecha, es la que rebaja el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y también continúa en vigor, según la legislación consolidada y fuentes del sector, que resaltan la lógica de no perjudicar a gases de amplio uso en la industria y hospitales.
Se trata de la que defendió Afgim en 2017 y para la que contó también con los servicios de Equipo Económico. Según el informe de la UCO, Montoro terminó introduciendo en la Ley de Presupuestos de 2018 ampliar a los gases industriales y medicinales un epígrafe del IAE -el 251.3- que era más beneficioso fiscalmente en tributos locales. La redacción es, además, «literalmente» la que propuso Equipo Económico, según un informe de la UCO publicado en este diario el pasado domingo. En la actual regulación del IAE sigue en vigor.
Equipo Económico defiende en un comunicado su labor con este sector, porque una directiva europea permite rebajas en favor de la producción industrial, pero «en España solo se previó inicialmente para ciertas industrias, dejando fuera de forma discriminatoria al sector de los gases industriales, perjudicando su competitividad».
En el sector señalan que una directiva europea de 2003 permitía en la etapa de Montoro y permite este tipo de bonificaciones para proteger la competitividad europea. Según el juez, el pago a Equipo Económico de 779.705 euros «permitió a las gasistas colaborar activamenmte en la redacción deL proyecto que dio origen a la ley 28/2014 y posteriormente en la ley 6/2018».
