Publicado: marzo 18, 2025, 3:07 pm
Apurando, como siempre sucede con las negociaciones con Junts, exprimiendo cada palabra y cada postulado. «Normalidad», dicen en el Ejecutivo sobre esta vía de negociación con la formación de Carles Puigdemont. Porque en La Moncloa hay satisfacción de haber logrado un pacto con los independentistas para el reparto a todas las comunidades de los menores no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta, en total unos 4.400 menores.
«Estamos ante un hito histórico», ha defendido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y ello, pese a que comunidades del PP como Madrid, Andalucía, Aragón o Galicia han mostrado su rechazo al pacto sellado con Junts y a un reparto que amenazan con llevar a los tribunales. El decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros no prevé sanciones para las regiones que no acepten la acogida, pero el Ejecutivo se acoge a que se trata de una norma con rango de ley y, por tanto, de obligado cumplimiento. Y si no se hace, tendrán que acudir a la vía judicial.
«Solidaridad equitativa» es el concepto que emplean en el Ejecutivo para definir el reparto, pese a que los criterios introducidos ponderan el esfuerzo de acogida realizado en años anteriores por las comunidades, con el resultado de que territorios como Cataluña o el País Vasco se verán beneficiados, en el sentido de que su esfuerzo será mucho menor que el de los territorios gobernados por el PP.
Ese desfase lo explican en el Gobierno en el hecho de que hay regiones que hasta ahora no han cumplido con la recepción de menores requerida y que ahora deben hacerlo. Junts votó en contra del reparto cuando se llevó al Congreso, al igual que el PP y Vox. El Gobierno trató de explorar la vía del PP, pero ante la política de puentes rotos entre los dos grandes partidos, asumió que su única baza era volver a negociar con Puigdemont. Junts, desde hace meses, mantiene posiciones duras y extremas en materia de inmigración. Pero tras el pacto migratorio entre el PSOE y los independentistas, desde el Gobierno sí vieron allanado el camino para este pacto.
Plazo hasta el 31 de marzo
Pese a que desde Junts han ofrecido cifras, como que Cataluña acogerá entre 20 y 30 menores y Madrid más de 700, en el Gobierno, si a buen seguro tienen sus cálculos hechos -de ahí también la negociación con Junts-, no dan cifras porque esperan a los datos que comuniquen las comunidades. Y es que el Ejecutivo les ha pedido que con fecha de 31 de marzo les trasladen las certificaciones de menores no acompañados que acogen. Esto es, un papel sellado por un funcionario, a objeto de que la cifra sea oficial de las propias regiones y haga más difícil el recurso ante el Tribunal Constitucional.
«Es imposible saber el número real de menores no acompañados que hay en España porque hay distintos registros. Para tener la evidencia más fiable, por eso recurrimos a las propias certificaciones de las comunidades. La pregunta que habrá que hacer es si hay comunidades que no quieren dar esas certificaciones, ¿por qué?».
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la consejera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.RUBÉN MORENO
Cataluña, «tierra de acogida»
La Generalitat de Cataluña, por su parte, da la «bienvenida» al acuerdo entre el Gobierno y Junts para la reubicación de 4.000 menores migrantes que permanecen en Canarias y otros 400 en Ceuta. Su portavoz, Sílvia Paneque, ha mostrado el «total respeto y lealtad» del Ejecutivo catalán al pacto y la «total disposición a asumir los acuerdos y desarrollarlos en el ámbito competencial».
La también consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha reivindicado «la trayectoria de solidaridad» de la región como «tierra de acogida» y ha reclamado que «el esfuerzo tiene que ser común».
Paneque ha rehuido hablar de las cifras de acogida por comunidades autónomas porque «detrás de esos números hay personas que llegan en situaciones muy complejas y en algunos casos dramáticas». «Es necesaria una visión absolutamente humanista y de solidaridad y en ningún caso mercantilista o de intercambio de cuotas», ha añadido la portavoz del Ejecutivo del PSC.
Preguntada por las críticas de los Ejecutivos regionales del PP al anuncio del acuerdo, la portavoz del Govern ha pedido que actúen con «altura de miras» y una «aproximación solidaria». La consellera ha apuntado que la Generalitat aplicará «políticas de acogida y de integración» basadas en esos valores.
País Vasco, a favor de la fórmula Clavijo-Pradales
Desde el País Vasco, su Gobierno también ha aplaudido el pacto, porque utiliza la fórmula Clavijo-Pradales para el reparto de menores, pero cuestiona que desde el Ejecutivo central ofrezcan solo 100 millones de euros a las CCAA para la acogida de los migrantes y que no se reconozca a Euskadi como «frontera norte».
El pasado enero, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, consensuaron una iniciativa que incluía, para hacer el reparto, la población total, la población acogida (media de menores acogidos por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses), el PIB per cápita, el desempleo y la solidaridad (número de menores acogidos en los últimos cinco años) para definir cuántos menores deben ser acogidos por cada comunidad.
Canarias: un día «importantísimo y feliz»
Precisamente uno de los más satisfechos del acuerdo es el presidente canario, para quien la jornada de hoy es «un día «importantísimo» y «feliz» para España y para Canarias al quedar establecido «un sistema de protección nacional» de los menores migrantes.
En una rueda de prensa convocada tras conocerse el pacto para el reparto de menores migrantes mediante un mecanismo permanente, Clavijo ha subrayado que el decreto garantiza «tres cuestiones vitales» reclamadas desde Canarias y Ceuta: la inmediatez en la aplicación del decreto ley desde que se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado; el establecimiento de la «capacidad ordinaria» de las comunidades a partir de la cual «se establece un sistema de protección nacional»; y la financiación estatal de 100 millones para este año para proceder a la aplicación del decreto.
Ha detallado que Canarias acoge a 5.810 menores en 86 centros, de los cuales ocho albergan a más de 100, incluso hay uno que tiene 330, y que en estas circunstancias «la convivencia se resiente». Preguntado por cuál sería la capacidad que tiene las islas, ha calculado que entre 700 y 900, aunque este es un aspecto pendiente de definir.
Clavijo ha indicado que, por norma general, si alguna comunidad autónoma considera «lesionados» sus derechos y acude a los tribunales «está en su perfecto derecho», lo que «no quita para que si esto es ley, que haya lealtad institucional para que se cumpla la ley».
Y ha añadido: «mientras un tribunal no derogue, matice o anule» este decreto, es ley y se tiene que cumplir».
