Publicado: febrero 25, 2025, 3:07 pm
El Gobierno está decidido a asumir una deuda de 83.000 millones proveniente de las comunidades autonómicas. La Moncloa pactó con ERC una quita para Cataluña y, debido a la polémica y la bronca suscitada, decidió hacerla extensiva al resto de comunidades, tratando de camuflar una cesión al independentismo como un acto de generosidad del Gobierno. Llegados este punto, esta condonación sirve al Ejecutivo para tratar de abrir una brecha entre Alberto Núñez Feijóo y sus líderes territoriales. La posición del PP es rechazar este perdón, pero La Moncloa hurga en la herida y fuentes del Gobierno piden esperar al momento de la verdad, a ver qué deciden los presidentes populares.
La propuesta presentada por Hacienda, y que se debatirá este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevé la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de «todas» las comunidades autónomas, que pasaría a asumir la Administración General del Estado (AGE). Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda.
Después se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
«Las comunidades necesitan liquidez, lo sabe cualquier consejero de Hacienda», exponen fuentes gubernamentales. De hecho, ponen el foco en que los responsables económicos de las comunidades intentan andar con pies de plomo en este asunto. Hay seguridad en que, en la cita de este miércoles, el posicionamiento de las regiones presididas por el PP será de rechazo. En contra. Pero en el Gobierno piden esperar a ver qué posición adoptan finalmente, en el momento de la verdad. Las fuentes del Gobierno consultadas creen que será difícil que renuncien a un alivio económico tan grande, por más que todo parte de una cesión al independentismo. «Cada región tiene sus intereses», dicen en el Ejecutivo.
En el Gobierno intentan darle la vuelta a la tostada. O, al menos, se afanan en ello. En lugar de que el asunto se aborde como una cesión a ERC -y un intento de guiño a Junts– para mantener a flote la gobernabilidad -el pacto con los republicanos se hizo en el marco de la investidura de Pedro Sánchez-, lo presentan como un elemento de división y erosión para el PP. «Feijóo, simplemente, tiene que dar una respuesta a los españoles: está por condonar la deuda a sus comunidades o quiere condenar a los ciudadanos de todas sus comunidades», ha expuesto Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros.
En el Ejecutivo se instalan en la presión hacia el PP con este asunto. Creen que el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles -donde además el Gobierno tiene asegurada la mayoría- es sólo una meta volante. Después vendrá el diálogo bilateral con cada territorio y, por último, la votación en el Congreso, al ser una ley orgánica. «A ver qué plantea el PP en el momento de votar», dicen en el Gobierno. «Hablamos de que las comunidades puedan mejorar su situación financiera y económica y que esos recursos los puedan destinar para mejorar los servicios públicos. ¿Y van a decir que no?», es la pregunta que ha lanzado Alegría.
De la cesión a ERC para lograr una investidura y seguir en el poder a vestirlo como «seguir fortaleciendo el estado de las autonomías». Es el camino que ha recorrido en este asunto el Ejecutivo.
