Publicado: mayo 9, 2025, 6:07 am
Hace 31 días, el ministro Carlos Cuerpo mantenía abierta una negociación a todas las bandas para sacar adelante un paquete de medidas con el que responder al órdago arancelario de Donald Trump. El titular de Economía hablaba con los socios habituales del Gobierno, y también con el PP. Todos parecían tender la mano ante el shock económico que se desató tras el anuncio del presidente estadounidense. Sin embargo, lo que unos y otros pedían incluir en el plan de respuesta no iba de la mano, y al ministro le bastaban 176 apoyos. 31 días después, Junts certificó que sus demandas estaban satisfechas, mientras que el PP constató que las suyas no. Y ambos reaccionaron con sus votos: el Gobierno logró ayer sacar adelante el escudo arancelario con el respaldo de sus socios habituales y el voto en contra del PP.
Quienes dieron su sí al decreto lo hicieron porque consideraban recogidas sus reivindicaciones -aunque algunos pedían ir más allá en las medidas-. Así lo manifestó, por ejemplo, ERC, que aseguró haber arrancado al Gobierno un pacto en virtud del cual se condicionarán las ayudas a la protección del empleo y a la no deslocalización de la actividad. Junts también exigía poner su sello en el redactado del texto y, hasta que no constató que así se recogía, no garantizó su apoyo. El miércoles por la tarde, Cuerpo se reunió con representantes de Junts en el Congreso y entonces, tras constatar que sus demandas estaban contempladas, los neoconvergentes confirmaron su sí.
Junts respaldó el decreto antiaranceles, como había prometido, tras comprobar que la cláusula territorial exigida al Gobierno para favorecer a Cataluña constaba en el texto que finalmente se sometió a votación.
Así, el decreto establece en su disposición adicional segunda una «garantía de proporcionalidad territorial en aplicación de los fondos» y fija que «el Gobierno garantizará que la puesta a disposición a las empresas de los instrumentos financieros regulados se efectuará con respeto al equilibro territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024». Y añade que tal distribución de fondos se llevará a cabo «con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición».
De este modo, Junts considera blindado «el 25% del total» de ayudas que concederá el Ejecutivo a las empresas afectadas, según razonan fuentes de la formación neoconvergente. Es decir, el 25% de los más de 14.100 millones que se pondrán a disposición de las corporaciones en concepto de avales y líneas de crédito.
Remarca el partido dirigido por Carles Puigdemont que ese 25% no es un cálculo propio, como el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez defendió inicialmente para negar favoritismos hacia Cataluña, sino que surge de «las cifras oficiales de exportación». El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) recoge que las empresas de la comunidad catalana exportaron productos por valor 4.366 millones a EEUU el pasado año, lo que supone más del 24% de los 18.179 millones que exportaron el conjunto de las empresas españolas.
Junts también introdujo en el decreto una exigencia de «seguimiento por parte de las comunidades autónomas» para «garantizar la coherencia en la distribución» y obligó al Gobierno a remitir trimestralmente un informe de las ayudas «desglosado por territorio», de forma que pueda fiscalizar el destino final de los fondos estatales. Además, la formación de Puigdemont pidió mantener una reunión mensual con Cuerpo para analizar la evolución de la situación. Este miércoles se produjo la primera, que sirvió a Junts para constatar que el Ministerio «está cumpliendo todo lo acordado» y confirmar así su voto a favor del decreto. Fuentes parlamentarias del partido ponen en valor el «tono» de Cuerpo y apuntan a una mayor disposición negociadora de esta cartera frente a la que observan en otros ministerios.
Si Junts celebraba ver satisfechas sus reivindicaciones, el PP censuraba que las suyas quedaran fuera. «¿A todo el mundo le dan algo y a nosotros nada?», lamentaban fuentes populares, que justificaban así su voto en contra tras un mes de negociación.
Desde que las conversaciones entre Cuerpo y Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, echaron a andar, las reticencias del Gobierno a incluir las propuestas que le presentaron los populares fueron el freno al entendimiento. La negociación se enfrió todavía más cuando se conoció -por boca de Junts- que figuraba en el decreto la controvertida cláusula sobre la «particular atención» a algunas comunidades. El PP denunció entonces que se estuviera concediendo un «cupo arancelario separatista», pero Cuerpo negó a Bravo que así fuera. El ministro aseguró al popular que no había ningún cambio respecto al texto que le había remitido horas antes. Sin embargo, el redactado final sí incluía una modificación en la disposición adicional objeto de controversia: se añadía 2024 como año base para calcular la afectación de los aranceles a las exportaciones de cada región, con lo que Junts podía poner una cifra concreta -«25%»- a lo que recibirían las empresas catalanas. Los neoconvergentes vieron satisfecha su reclamación y el PP se sintió «engañado«.
Aun así, las conversaciones entre Cuerpo y Bravo siguieron. Los populares confiaban en ver plasmadas algunas de sus peticiones -aunque fuera en un texto paralelo al decreto- y, según fuentes de la dirección, mostraron disposición a renunciar a sus demandas más exigentes, como la de deflactar el IRPF. Además, aunque con el tiempo la prórroga de las nucleares se ha convertido en una línea roja para el PP, no era así en un inicio. En Génova señalan que solo planteaban como «innegociable» incluir medidas que supusieran un «alivio fiscal», pero lamentan que Cuerpo nunca entró a valorar sus propuestas. Y, por ello, el PP votó ayer en contra.
Con las posiciones marcadas, al mediodía de este jueves el Congreso aprobó el escudo arancelario con 176 síes –PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, UPN, Coalición Canaria y el voto de José Luis Ábalos– frente a 169 noes -PP y Vox-, y con la abstención de Podemos. Pese a que la de Cuerpo fue una negociación abierta a siglas de uno y otro lado, finalmente fue el bloque de investidura el que salvó el decreto. Con una excepción: el diputado de UPN -que habitualmente vota con el PP- dio su sí al texto tras una silenciosa negociación con el Gobierno, sin pactar ninguna contraprestación a cambio. «No ha caído en el mismo error que el PP», celebraban fuentes de los socialistas.
