Publicado: junio 27, 2025, 10:07 am
El fiscal general del Estado ha reaccionado este viernes a la huelga convocada la semana que viene por, entre otras, dos asociaciones de fiscales. Álvaro García Ortiz ha remitido un escrito a todos los fiscales jefe sobre cómo deben actuar los próximos días 1, 2 y 3 de julio. El primer punto es mimético al que el CGPJ acordó respecto a los jueces: recuerda que no hay previsión legal sobre este tipo de huelga y que, por tanto, no se establecen servicios mínimos.
El segundo punto es el que ha levantado protestas entre los fiscales. Arranca recordando a los fiscales jefe que «habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos», así como la práctica de «aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó».
Y añade que las jefaturas «comunicarán a la Inspección Fiscal» todas «las incidencias que se hayan producido, en su caso, en relación con la prestación de los servicios competencia del Ministerio Fiscal en las referidas fechas».
«Es una coacción», sostiene uno de los fiscales a los que correspondería dar cuenta de la actuación de sus subordinados. A su juicio, supone que el fiscal que secunde el paro y provoque la suspensión de un juicio, por ejemplo, se expondrá a una sanción de Inspección, resalta. «Ya sabe lo que le espera».
La huelga está apoyada por dos de las tres asociaciones de fiscales: la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
«No cabe interpretación restrictiva»
Desde las tres asociaciones judiciales se ha reaccionado hoy al acuerdo de ayer del Pleno del CGPJ. En un comunicado conjunto, subrayan el derecho a individual a la huelga de los jueces y desvelan en lema conjunto que exhibirán este sábado en el paro convocado a las 12.30h ante el Tribunal Supremo: Sin Estado de Derecho no hay democracia.
Los convocantes reclaman que el Gobierno retire las reformas en ytramitación que afectan a las carreras judicial y fiscal. Las cinco asociaciones consideran que ponen en riesgo la independencia judicial y acentúan en control político del Ministerio Público.
Las asociaciones fijan también sus servicios mínimos, algo que el CGPJ descartó hacer al no tener base legal para ello. Lo que también descartó por mayoría el Consejo fue respaldar un escrito impulsado por nueve vocales del sector progresista en que se decía que la huelga era «ilegal» y advertía de posibles sanciones a quienes participaran en ella.
El derecho a la huelga de jueces y fiscales es un asunto disputado. En contra se alega que los poderes del estado no pueden ir a la huelga y que tampoco podrían hacerlo los miembros del Gobierno o del Parlamento.
Ya ha habido anteriormente huelga de jueces y fiscales, si bien ninguna con una duración prevista de tres días. Nunca se les ha reconocido formalmente el derecho a ejercer el derecho, pero sí se les ha descontado la parte de sueldo correspondiente, algo que las asociaciones recuerdan hoy a quienes están llamados al paro.
«Las asociaciones convocantes mantienen firmemente que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. Como derecho fundamental, no cabe interpretación restrictiva, de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión», indica el comunicado conjunto de este viernes.
