Publicado: julio 8, 2025, 6:07 am
Ni rastro de las mordidas. Dos empresarios clave imputados en la causa por los amaños en adjudicación de obra pública liderada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declararon ayer en el Tribunal Supremo. Se trata de Antxon Alonso, amigo del ex número 3 del Partido Socialista, quien sirvió a la formación de Pedro Sánchez de nexo de unión con el PNV y Bildu, y Fernando Merino, ex directivo de Acciona. Ambos están siendo investigados por delitos de organización criminal y cohecho.
En el caso de Alonso, su comparecencia aportó escasas novedades ya que el imputado tan sólo quiso responder a las preguntas de su defensa, en línea con lo declarado por Santos Cerdán. Este empresario era el dueño de Servinabar, una pequeña empresa, sin experiencia en el negocio de la construcción, que comenzó a resultar adjudicataria de obras de gran entidad en Navarra como la de Mina Muga, en el municipio de Sangüesa, o el pabellón de Navarra Arena, en Pamplona. Durante su breve comparecencia, Alonso negó haber cometido actividad ilegal alguna.
En contraposición, Merino sí optó por responder al magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, y al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Tras las respectivas declaraciones, el juez impuso a ambos, como medidas cautelares, la prohibición de abandonar territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.
Por su parte, Fernando Merino, ex director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, negó tener capacidad para decidir que la multinacional concursase en UTE con Servinabar cuando la trama corrupta comenzó a operar en la comunidad foral; años antes de introducirse en el Ministerio de Transportes que encabezaba José Luis Ábalos. «No, lo hizo mi superior», afirmó en referencia al responsable de zona de Acciona.
Sobre su relación con la pyme Servinabar, Merino explicó que «tanto en Navarra como en el País Vasco una empresa nacional no tiene opciones», por lo que es «práctica habitual» relacionarse con sociedades locales. Admitió que concurrieron con Servinabar porque el «99,9 por ciento iban con un socio local en esa zona». Llegó incluso a señalar que era «una condición necesaria» para resultar adjudicataria de determinadas obras. «No hay empresas nacionales que vayan solos», recalcó.
El ex delegado de Acciona en Navarra Fernando Merino.
Por otro lado, el ex directivo de Acciona fue interrogado por las facturas del bar Franky de Pamplona, desde donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sospecha que se puso en marcha una operativa que permitía obtener liquidez a la multinacional. Los pagos de Acciona a la trama corrupta liderada por Santos Cerdán serían canalizados a través del bar Franky. Sobre este extremo, el instructor preguntó a Merino por los pagos que desde el citado restaurante se hacían al ex asesor del ex ministro Ábalos, Koldo García. «Son facturas reales y son comidas efectuadas ahí», dijo el ex directivo de Acciona quien añadió que Koldo «tenía un pequeño reservado que utilizaban para comer y las reuniones de trabajo».
El juez insistió en si esas comidas las pagaba Acciona y Merino primero dijo que Koldo «tenía permiso» para comer en el bar Franky para, acto seguido, admitir que esas «comidas» se las pagaba Acciona a una persona que ni siquiera era su empleado. El magistrado Puente incidió que en sólo la factura de noviembre era de 2.400 euros a lo que Merino respondió que «serían las comidas de ese mes. Las comidas con otras personas».
En su informe, la UCO señaló una operativa consistente en la emisión de facturas ficticias, por parte del bar Franky hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante.
En el auto de medidas cautelares, el instructor del TS destacó ayer la existencia de «indicios bastantes» para poder considerar que Fernando Merino «podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con los investigados Koldo García y José Luis Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía, hechos que, siempre con el carácter provisional que resultan propios del momento procesal en el que nos encontramos, pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho».
Por su parte, el empresario Antxon Alonso declaró ayer que «jamás» cometió irregularidades en relación con las obras en las que participó. El empresario admitió su amistad -la calificó como una «relación personal»- con Santos Cerdán aunque negó ser su socio en la mercantil Servinabar e hizo hincapié en que el de Mina Muga era «un proyecto cien por cien privado».
Contrato de compraventa
En el registro de su domicilio, llevado a cabo por la UCO el pasado 10 de junio, los agentes encontraron un contrato privado de compraventa por el que Antxon Alonso cedía 1.350 participaciones sociales (de las 3.000 en las que se estructura la mercantil) a Santos Cerdán. Sobre este extremo, Alonso dijo que se trataba de un documento privado, sin valor alguno, y que sólo él era el dueño de Servinabar.
Asimismo, destacó que conservaba el contrato porque a él «le gusta guardar sus papeles». Añadió, en la misma línea que lo declarado por Cerdán hace justo una semana en el Supremo, que esta escritura se realizó cuando el ex número 3 del PSOE valoró dejar la política en el año 2016.
En el auto de medidas cautelares impuestas al empresario se expone que «es verdad, desde luego, que tanto Santos Cerdán como el propio Joseba Antxon Alonso han asegurado en sus respectivas declaraciones en esta causa especial que decidieron después verbalmente resolver el contrato, sin elevarlo a público y sin que, en definitiva, llegara a ejecutarse, señalando, incluso, que se trataba de un mero borrador con la idea de, tal vez, presentarlo después en la correspondiente notaría para elevarlo a público (pese a lo cual, ese pretendido borrador se encontraba, sin embargo, fechado y firmado). No impresiona el documento privado como una simple manifestación, más o menos improvisada, de voluntad de la que después las partes se separaran transcurrido apenas un fin de semana».
Asimismo, el juez Leopoldo Puente añade que «no se explica tampoco fácilmente el motivo por el cual Joseba Antxon, buen amigo de Santos según se proclama, conservaba el documento privado, tantos años después, en su propio domicilio».
Por otro lado, durante su comparecencia, Alonso reconoció ayer haber pagado un sueldo a Koldo por las gestiones en la adjudicación de las obras de Mina Muga. Del sumario de esta causa de corrupción se desprende que Antxon Alonso también fue socio de Koldo García, a través de la sociedad cooperativa Noran Coop. Según el empresario, fue Santos Cerdán quien le comentó que Koldo «necesitaba trabajo» y que llegó a un acuerdo con él para constituir entonces Noran Coop, quedando de mutuo acuerdo en que él le presentaría negocios y proyectos y a cambio le paga mensualmente.
El imputado añadió que esa relación duró nueve meses y se produjo cuando Koldo García que no tenía cargo público alguno y, por lo tanto, «capacidad de influir».
