Publicado: marzo 8, 2025, 5:07 am
Hace tiempo que no queda rastro de aquel Pedro Sánchez que, nada más llegar a La Moncloa en 2018, tomó como primera decisión acoger a los más de 600 sin papeles del Aquarius para «dar un enfoque completamente distinto a la inmigración». El Gobierno no tardó mucho en cambiar de criterio y pronto rechazó hacerse cargo de otros buques de salvamento, incluso prohibió a la ONG Open Arms salir a realizar más rescates. Desde entonces hasta ahora ha devuelto en caliente a Marruecos a adultos y menores, ha recuperado los vuelos de deportación y ha blindado la valla de Melilla como si fuera un fortín después de su polémica gestión de una avalancha en la que murieron 23 personas.
De defender una política migratoria «humanitaria», el jefe del Ejecutivo ha terminado pidiendo una inmigración «legal, ordenada y segura», como el PP. Sus votantes están acostumbrados a los bandazos, pero nunca se habrían esperado que el PSOE llegaría a asumir los modos antimigratorios de Junts con la firma de una proposición de ley que vincula la llegada de ciudadanos de otros países con la inseguridad y afirma que pueden representar «un riesgo para la convivencia y la cohesión social». Si Rubalcaba levantara la cabeza…
El acuerdo por el que el Gobierno delega a la Generalitat de Cataluña las competencias migratorias -que son exclusivas del Estado- a cambio del apoyo del partido independentista de derechas a los Presupuestos ha fracturado en dos al electorado del PSOE. Según la encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO, sólo un 46% de quienes apostaron por los socialistas en las pasadas elecciones generales está de acuerdo con este pacto, mientras que hay un 44,8% que se muestra en contra.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, admitió el jueves que sentía «bochorno como socialista» por la firma de un acuerdo «racista» y en contra de los valores de su partido. También Sumar pone muchos reparos a la nueva ley. Su secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, acusó el miércoles al PSOE de comprar «el marco nativista de Aliança Catalana, que coloca la inmigración como una amenaza». Los votantes de Yolanda Díaz están aún más en contra que los del PSOE: el 47% rechaza esta nueva cesión a Junts que sólo un 40% respalda.
En el mismo sentido se pronuncian, sorprendentemente, los simpatizantes de los partidos de derechas, que suelen coincidir con Junts en muchos de sus postulados migratorios. Pero únicamente un 7,5% de los votantes del PP defiende el acuerdo, que es censurado por la inmensa mayoría, casi el 90%, quizá porque, entre otras cosas, introduce desigualdad y diferencias entre las CCAA y porque exigirá el conocimiento de catalán a los extranjeros que quieran conseguir el permiso de residencia. Los fieles a Vox, a pesar de que piden como Junts expulsar a los inmigrantes que cometan delitos graves o sean reincidentes, tampoco apoyan el acuerdo. El electorado de Santiago Abascal lo apoya más que los seguidores de Alberto Núñez Feijóo, pero aun son minoría -un 10%– los que se muestran totalmente o bastante de acuerdo, frente a un abrumador 88% en contra.
65% de rechazo entre todos los encuestados
En realidad, es la misma sensibilidad que muestra el conjunto de la población, donde el sondeo de Sigma Dos sólo halla un 26,8% de adhesiones y, a cambio, recaba un 65,6% de rechazos.
Incluso en un contexto de récord histórico de llegadas de sin papeles a Canarias y de pelea entre las CCAA por la acogida de menores, es imposible encontrar algún colectivo sociológicos que respalde el manifiesto antimigratorio firmado por PSOE y Junts. A todas las edades y en todos los niveles socioeconómicos, entrevistados con distinta formación y con distintas creencias evidencian una clara condena a esta iniciativa, que aún tiene que lograr suficientes apoyos parlamentarios.
Los hombres son algo más críticos (el 67%) que las mujeres (64%), aunque el respaldo que suscita es menor entre las mujeres (25%) que en los hombres (28%) porque entre ellas el porcentaje de las que no saben o no contestan es mayor.
El rechazo más grande -siete de cada 10- se extiende entre los entrevistados con más estudios, los católicos y los que tienen entre 45 y 65 años, mientras que entre los más jóvenes, los menos formados, los no creyentes y los de nivel socioeconómico más bajo, aun oponiéndose, existe uno de cada tres a favor. España es uno de los países menos recelosos con la inmigración y, a juzgar por los datos de esta encuesta, no parece haber calado el mensaje de que los extranjeros son un problema, que le ha servido a Junts para competir electoralmente con Aliança Catalana y que ahora usa el PSOE para mantenerse más tiempo en el poder.
La encuesta también ha preguntado por la gestión de los Mossos en puertos, aeropuertos y zonas críticas de Cataluña y son menos numerosos los partidarios de que este cuerpo autonómico se encargue de la gestión de las fronteras (43%) que los que opinan que debería seguir siendo una competencia exclusiva de la Guardia Civil y la Policía Nacional (52%).
Esta cesión es considerada positiva por el 65% de votantes del PSOE (uno de cada tres la desaprueba) y el 71% de los de Sumar (el suspenso alcanza a uno de cada cuatro). A cambio, están en contra el 81,2% del electorado del PP y el 81,8% del de Vox. Cuanto más jóvenes son los sondeados más a favor están de descentralizar la seguridad (el 54% de los veinteañeros. Mientras que los que tienen estudios universitarios (54,8%), los católicos que van a misa (64,8%) y los que disfrutan de más nivel socioeconómico (60,8%) preferirían que esta competencia siguiera siendo únicamente estatal.
