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El cuádruple fracaso de Sánchez antes de su ofensiva a las universidades privadas: notas infladas, falta de plazas, peor empleo y regulación fallida

Publicado: abril 1, 2025, 8:07 am

El número de universidades privadas (46) está a punto de superar a las públicas (50) por primera vez. No se crea ningún campus público desde 1998 pero desde entonces los privados les han comido el terreno y han ganado un 368% de alumnos. ¿Por qué? Una combinación de factores -falta de financiación, insuficiente oferta de plazas públicas, desajuste en la empleabilidad, inflación de notas y un decreto fallido- han creado en los últimos años una tormenta perfecta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido en cuenta a la hora de iniciar ayer su ofensiva contra los campus privados.

1. Plazas

Desde 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa, el número de alumnos matriculados en grados, máster y doctorados en las universidades privadas ha crecido un 55% (de 291.418 a 452.485) mientras que sólo han aumentado un 0,17% las matrículas en las públicas (de 1.307.632 a 1.309.974). Durante el Gobierno del PP (2011-2018) también hubo un crecimiento de la privada (del 44%) pero la pública todavía ganaba algunas plazas más (un 4,6%). Un estudio de Funcas habla incluso de una reducción de plazas en la pública del 2% desde 2015. Desde que en el curso 2008/2009 se implantaron los grados la universidad pública siempre había ganado alumnos. Comenzó a perderlos a partir de 2017 y desde entonces esa tendencia se ha consolidado.

Este estancamiento obedece a dos razones: la falta de profesores en algunos grados, como Matemáticas, y la falta de financiación por parte de las CCAA que impide abrir más grupos. Los rectores se han quejado de que los gobiernos regionales las tienen asfixiadas y eso les impide ampliar la oferta. Esa falta de financiación es especialmente acuciante en Madrid y Andalucía, pero también en Cataluña, regiones todas que de forma paralela han favorecido la creación de nuevos centros privados y, por consiguiente, ahora hay más oferta de plazas privadas. Si Sánchez quisiera de verdad proteger la universidad pública, no iría a frenar la oferta privada (el síntoma), sino que daría más dinero a las CCAA para que pudieran financiar más plazas públicas. No es su competencia, pero tampoco lo eran las universidades online y ayer anunció que las va a recentralizar: pasarán a ser «de ámbito nacional».

2. Notas

Las facilidades dadas a los alumnos desde el Covid han causado una inflación de notas en Selectividad. Hay más alumnos que nunca con sobresalientes tanto en Bachillerato como en la Evau/Ebau y eso ha provocado que el sistema de acceso a la universidad pública no seleccione bien a los mejores porque hay muchas notas iguales concentradas en lo alto de la distribución. El trabajo de Funcas muestras que en 2022 se produjeron 100.000 preinscripciones (primera opción elegida por el alumno) más que en 2019 (un 26% más), lo que «sugiere una mayor predisposición a inscribirse en diferentes comunidades por parte de los estudiantes». Como la nota que obtiene un alumno en la Selectividad de una región le sirve para entrar en la universidad pública de cualquier otra autonomía, se está produciendo mayor competencia entre estudiantes de los distintos territorios. Esto, unido a que las universidades públicas no aumentan las plazas, lleva a que más alumnos se queden fuera o tengan que irse a la privada, que ha visto en esto un filón.

3. Empleo

El Gobierno viene observando que la tasa de afiliación a la Seguridad Social, la media de los salarios, la proporción de contratos indefinidos, el porcentaje de autónomos, las jornadas a tiempo completo y el ajuste de los empleos en grupos de cotización altos es mejor para los graduados de las universidades privadas que para los de las públicas. Los contactos familiares y el nivel socioeconómico de los padres son razones que explican estas ventajas -los solicitantes cuyos padres asistieron a la universidad tienen cinco veces más probabilidades de ser admitidos, según un estudio realizado por Chetty, Deming y Friedman citado por el catedrático Antonio Cabrales-, pero también hay otros factores. «Las universidades privadas suelen concentrarse en carreras con inserción laboral inmediata, como Negocios o Márketing, mientras que la pública ofrece una mayor diversidad de titulaciones, incluidas áreas de investigación y humanidades, cuyo impacto en el empleo es más a largo plazo», explica una portavoz de la Universidad Complutense de Madrid, la universidad más grande de España después de la estatal Uned, que defiende que «las universidades públicas exigen un alto nivel formativo, lo que puede generar una transición más pausada al mercado laboral, pero con mayores perspectivas de crecimiento a largo plazo». Esta portavoz hace «autocrítica» y dice que entre sus objetivos «prioritarios» se encuentra «ampliar la vinculación con el tejido empresarial, promoviendo la relación con empresas; actualizar y flexibilizar la oferta académica, adaptándola a las tendencias del mercado, y potenciar la orientación profesional, proporcionando más recursos para que los estudiantes diseñen estrategias de empleabilidad eficaces». Esta respuesta evidencia que la pública, salvo excepciones, tiene mucho que mejorar en la empleabilidad de sus graduados. Tampoco pone mucho empeño porque no se le incentiva por hacerlo.

4. ‘Chiringuitos’

El Gobierno ya aprobó en 2021, siendo ministro Manuel Castells, un decreto de Creación, Reconocimiento y Autorización de Universidades. La reforma de este decreto anunciada ayer, que impone nuevas exigencias, constata que no ha servido de mucho para evitar nuevos chiringuitos. Al actual informe no vinculante de la Conferencia General de Política Universitaria se añadirá otro nuevo preceptivo y vinculante de la Aneca o las agencias autonómicas. Además, se pedirán nuevos requisitos (mínimo de 4.500 alumnos en los primeros cinco años, solidez económica, más investigación, un 10% de alojamientos, experiencia en gestión universitaria), pero fuentes universitarias alertan de que «no hay mecanismos para hacer que se aplique todo esto». «¿Va a cerrar el Gobierno una universidad a los cinco años de ser autorizada porque no ha cumplido?», se preguntan.

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