Publicado: abril 7, 2025, 2:07 am
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunirá a partir de este martes con el fin de abordar un «debate jurídico» sobre la pretensión declarada por la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que la corte de garantías anulara las sentencias del caso ERE. El TC apreció en el verano de 2024 vulneración de derechos fundamentales en las condenas impuestas a distintos ex altos cargos de los Gobiernos socialistas andaluces, entre ellos a los ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO descartan de forma categórica que el Pleno vaya a acordar cualquier medida encaminada a impedir o prohibir que el tribunal que juzgó el mayor caso de corrupción de España no pueda plantear una consulta ante la Justicia europea. De igual manera, las distintas fuentes informantes también desechan la idea de que se pueda anular a posteriori cualquier resolución dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ante una eventual cuestión prejudicial o, en su caso, paralizar el procedimiento judicial en curso.
La polémica suscitada en el seno del Constitucional comenzó hace 15 días cuando su presidente, Cándido Conde-Pumpido, transmitió a los magistrados su malestar y preocupación tanto por la providencia dictada por el tribunal de Sevilla como por otro asunto referido a un laudo arbitral del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se encuentra implicada la empresa Cabify. El presidente indicó entonces que el TC debía «defender» su «jurisdicción» si se empieza a comprobar que los tribunales encargados de ejecutar sus sentencias acuden a «subterfugios», planteando en la fase de ejecución «cuestiones prejudiciales que no consideraron necesarias para dictar su sentencia inicial». Conde-Pumpido subrayó entonces que ningún juez puede situarse en «rebeldía» frente a las decisiones del guardián de la Constitución.
Sin embargo, el presidente se topó con que la mayoría de magistrados que integran el órgano -tanto progresistas como conservadores- rechazaron que se pueda aplicar el artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), porque la doctrina del TJUE avala de forma inequívoca que los jueces europeos puedan plantear prejudiciales tras los fallos del TC. Este artículo de la LOTC recoge que el Alto Tribunal «velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución» y que, además, «podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó».
De hecho, en el orden del día del Pleno que arranca mañana figura para el debate el siguiente punto: «El deber de velar por el cumplimiento efectivo de nuestras resoluciones establecido en el artículo 92.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional«, así como la deliberación sobre el «planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución».
Ante este escenario, fuentes del Constitucional explican que el debate por parte de los magistrados es necesario ya que se trata de un asunto «novedoso» y «trascedente» que no se había planteado en los 45 años de historia del tribunal.
Posible declaración institucional
El escenario que barajan ahora los magistrados -incluido su presidente- es poder aprobar alguna declaración institucional reivindicando la función constitucional atribuida al TC o incluso se valora el no hacer nada si no existe el consenso suficiente entre los magistrados. De hecho, varios informes de los que han elaborado distintos letrados del órgano sobre esta problemática en los últimos días aconsejan como «lo más recomendable jurídicamente y procedente, no hacer nada».
En su providencia, antesala del probable planteamiento de la prejudicial, la Audiencia de Sevilla señaló que no cabía «dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones» que hizo el Constitucional en sus sentencias sobre los ERE, notificadas en junio y julio del año pasado, «no sean del todo compatibles con el Derecho de la Unión».
También destacaron los jueces que las resoluciones podían incumplir «las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan».
En la actualidad, los magistrados de la Audiencia de Sevilla se encuentran analizando las distintas alegaciones aportadas por las partes sobre la cuestión prejudicial. Más allá del revuelo creado en torno a este asunto, el tribunal del caso de los ERE apuesta por actuar con sosiego y descarta elevar la consulta a la Justicia europea con prisas, según indican fuentes jurídicas.
