Publicado: abril 17, 2025, 1:07 am
El Consejo de Europa desveló ayer que el Gobierno ha ignorado las 19 recomendaciones que el organismo le ha hecho en materia corrupción e integridad. Son todas y cada una de las que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) de este organismo le ha realizado. Y entre ellas existe una que parece casi escrita para evitar situaciones como la registradas en los casos que cercan a Pedro Sánchez: el de José LuisÁbalos, el de Víctor deAldama o, incluso, el de BegoñaGómez si la figura de la mujer del presidente del Gobierno fuese regulada. Es la que recomienda «introducir normas sobre cómo las personas con funciones ejecutivas deben relacionarse con lobistas y otras terceras partes que buscan influir en el trabajo legislativo u otras labores del Gobierno», así como «que se divulgue suficiente información sobre el propósito de estos contactos, como la identidad de las personas con las que se celebran estas reuniones y los temas específicos tratados».
En el documento que este miércoles dio a conocer el Consejo de Europa, y que llevaba más de 16 meses bloqueado por la negativa del Gobierno a su publicación, el organismo apunta que «las autoridades de España indican, que el 8 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros adoptó un proyecto de ley sobre la Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés».
«El texto preveía la creación de un registro de grupos de interés, definía lo que constituye una actividad de influencia y especificaba la actividad que una persona física o jurídica puede realizar para ser considerada un lobby. Sin embargo, la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros no tuvo lugar debido a la convocatoria de elecciones y la disolución anticipada del Parlamento», señala el Greco.
Más. Sobre la transparencia de las agendas, el Gobierno señaló al Consejo que la ley vigente «establece los requisitos obligatorios para que los altos cargos publiquen sus agendas en el Portal de Transparencia». Pero esto no es suficiente para el organismo, que apunta que su recomendación es que se produzca «una divulgación activa de las agendas de los personas cuyo trabajo está relacionado con la toma de decisiones en asuntos dentro de su competencia, la gestión y manejo de fondos o recursos públicos y la delimitación de criterios para la acción».
«Además, la recomendación detalla la información que esas agendas deben incluir [reuniones realizadas en el ejercicio de sus funciones públicas con el personal a su cargo o con otras personas, físicas o jurídicas, con el fin de definir o desarrollar las acciones que se llevarán a cabo en el ejercicio de sus funciones o viajes oficiales realizados por el funcionario] y la forma y periodicidad de la publicación», añade. Muy claro y, según el Greco, en absoluto aplicado con rigurosidad y de manera extendida dentro del Ejecutivo. «Esta recomendación sigue sin aplicarse«, sostiene el documento.
Entre el resto de 19 propuestas ignoradas también está la petición de «reforzar el régimen actual aplicable a los asesores, sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicables a las personas con funciones ejecutivas de alto nivel». Y a ello se suman la petición de una mayor «independencia» para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como que «la Policía y la Guardia Civil realicen una evaluación estratégica de riesgos de las áreas y actividades propensas a la corrupción para identificar problemas y amenazas emergentes».
Tampoco en el CGPJ
El documento que contiene todo lo apuntado hasta ahora se publica junto a otro texto que aborda la corrupción en jueces y fiscales, que igualmente llevaba casi 10 meses bloqueado y en el que se resalta que el Gobierno no ha aplicado la recomendación del organismo para el Consejo General del Poder Judicial.
«El Greco recomendó llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que rige el CGPJ y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano frente a cualquier influencia indebida, con el objetivo de subsanar las deficiencias identificadas», detalla. Además, «reiteró la necesidad de eliminar la intervención de políticos en la selección del turno judicial», pero en su valoración «lamenta la falta de avances positivos».
