Publicado: abril 10, 2025, 2:07 pm
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el real decreto-ley que regula la reubicación entre comunidades autonómicas de 4.000 menores extranjeros no acompañados que se encuentran hacinados en Canarias. El Ejecutivo de coalición esta vez sí ha contado con el apoyo de todo el bloque de investidura tras haber llegado previamente un acuerdo con Junts.
Es por este motivo por el que el PP ha optado finalmente votar en contra de la propuesta ya que considera que Pedro Sánchez ha vuelto a «ceder al chantaje de los independentistas» porque el pacto cerrado con el partido de Carles Puigdemont introduce «criterios injustos y arbitrarios» de reparto «pero, eso sí, bien diseñados» para que se «envíen más a Melilla que a Cataluña». «No tiene un pase», advierten desde el principal grupo de la oposición en el Cámara Baja, que cogobierna en el archipiélago más afectado por el fenómeno migratorio.
De esta forma, los populares se han posicionado en el rechazo al reparto obligatorio de menores junto a Vox, que ha vuelto a defender que «cualquier persona que pretenda entrar ilegalmente en España debe ser repatriada de inmediato». La formación de Santiago Abascal se opone «total y absolutamente» a esta medida que considera que es «otro paso más en el efecto llamada de la mano de las mafias que trafican» con los extranjeros y con las que, aseguran, «colaboran de una u otra forma» los que la van a apoyar en el Congreso.
Previamente a que el PP desvelara el sentido de su voto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había preguntado desde la tribuna de oradores del hemiciclo si la dirección del partido compartía la postura de sus presidentes autonómicos que han anunciado que interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional. «Si la solución es parar este real decreto-ley, ¿cuál es la alternativa para los territorios frontera? ¿Que se queden en Ceuta, en Melilla, en Canarias…?».
Según ha argumentado Torres, la distribución de niños y adolescentes «parte de la realidad» de los que fueron atendidos en los distintos territorios durante el año pasado y ha subrayado que «los números son objetivos». «Eso significa que hay unas comunidades que por población han hecho más esfuerzo en atender a sus niños y niñas que otras. No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto», ha recalcado.
«Coste cero para Sánchez»
En el PP, en cambio, recriminan al Gobierno que haya accedido a que «Cataluña quede excluida de facto» del reparto. Según la diputada Ana Alós, «es lamentable» que hayan «utilizado a los menores, a los que dicen proteger, como moneda de cambio para obtener los votos» de Junts y que hayan actuado «con una falta de transparencia y lealtad institucional máxima» por haber «ocultado» el contenido del texto a los consejeros autonómicos reunidos en la Conferencia Sectorial de Inmigración apenas unas horas antes de su aprobación.
«Este real decreto-ley va en contra de todos los principios que habíamos recogido en el acuerdo con Canarias. Establece un mecanismo unilateral impuesto por el Gobierno para el traslado de los menores sin la asunción de ninguna responsabilidad por su parte, tampoco la autonómica (…). O sea, coste cero para Sánchez, 100% del coste para las comunidades autónomas, volviendo a escaquearse el Gobierno de la competencia migratoria, que es suya», ha agregado Alós.
Además, del apoyo de Junts el mecanismo de reparto promovido por la coalición del PSOE y Sumar ha sido convalidado con los votos a favor de EH Bildu, PNV, ERC, Podemos y Coalición Canarias. En el bloque del no junto al PP y Vox se ha situado también UPN.
Ésta ha sido la última intervención pública del ministro Torres antes de someterse a una operación de un cáncer de próstata que él mismo anunció el pasado 23 de marzo durante un acto público. Desde la tribuna del Congreso ha querido agradecer públicamente los «mensajes de ánimo» que asegura ha recibido por parte de políticos de todos los partidos.
