Publicado: abril 10, 2025, 4:07 pm
El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma de la ley del derecho de asociación por la que se prevé la disolución de aquellas organizaciones que «realicen actividades que constituyan apología del franquismo» o «inciten directa o indirectamente al odio o la violencia» contra las víctimas de la dictadura.
Al tratarse de una ley orgánica, la iniciativa requería el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja para continuar su trámite parlamentario -irá ahora al Senado-. Con 179 síes –PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria– frente a 34 noes-los 33 de Vox y uno del PP-, la iniciativa ha salido adelante. El Partido Popular, exceptuando ese voto particular, se ha abstenido.
La norma autoriza la disolución, previa resolución judicial, de aquellas asociaciones que hagan «apología del franquismo», ya sea «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o enalteciendo a sus dirigentes». Solo se verán afectadas las asociaciones, no las fundaciones, cuya disolución se debe tramitar por otro camino.
Sin embargo, la aprobación de la reforma legislativa de este jueves afecta indirectamente al futuro de la Fundación Francisco Franco. El pasado mes de junio, el Ministerio de Cultura, que lidera Ernest Urtasun (Sumar), anunció que iniciaba el procedimiento para extinguir dicha fundación: el Gobierno se emplazó a recabar información para denunciar a la organización ante la Justicia en busca de lograr su disolución.
Ante la posibilidad de que la Fundación Francisco Franco pudiera transformarse en asociación para no estar sujeta a ese procedimiento ministerial, el PSOE impulsó en paralelo esta reforma del derecho de asociación. Con su aprobación hoy en el Pleno, la extinción de la Fundación Francisco Franco queda más cerca que nunca. «Con esta reforma daremos carpetazo a la posibilidad de que esta entidad se convierta en asociación y de que otras utilicen el vació legal para avergonzarnos a todos», ha celebrado el diputado de Sumar Nahuel González.
La reforma legislativa da cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática: «En el plazo de un año, se promoverá la modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo». La iniciativa aprobada este jueves, que responde a ese mandato, fue registrada por el PSOE como proposición de ley, con lo que no ha tenido que someterse a los informes preceptivos de los órganos consultivos, algo que han reprochado varios partidos.
El Gobierno y sus socios, en el debate parlamentario de este jueves, han puesto en valor que, al autorizar la disolución de asociaciones que hacen apología del franquismo, se termina con organizaciones que «humillan a las víctimas y a todos los demócratas que queremos vivir en un país con libertades y derechos». En palabras de González (Sumar), esta reforma legislativa «no se trata de revanchismo, sino de verdad, justicia y reparación».
El PP, por el contrario, ha reprochado al Gobierno que «intente hacer una política de polarización» y ha criticado que no se hayan tenido en cuenta sus enmiendas en el redactado final de la iniciativa. Aun así, como ya hicieron en la votación para admitir a trámite esta norma, los populares se han abstenido, aunque el texto también habría salido adelante si hubieran votado en contra.
Ha sido el parlamentario de Vox Juan José Aizcorbe quien ha elevado el tono en contra de la disolución de asociaciones franquistas autorizada por la norma: «Es una excusa, una coartada para justificar un atropello intolerable a las libertades más básicas». Aizcorbe ha acusado al Gobierno de «instrumentalizar la ley para silenciar a quienes no se arrodillan ante sus postulados» y ha juzgado que el Ejecutivo «busca reescribir la historia porque desprecia la realidad».
