Publicado: julio 12, 2025, 2:07 am
El Congreso pisa el acelerador para aprobar previsiblemente antes de fin de mes el código de conducta que debe observar la prensa acreditada en la Cámara para preservar el curso normal de la vida parlamentaria, el comportamiento decoroso en todas sus dependencias y la relación habitual entre los periodistas y los diputados. El código de conducta, que tendrá rango de ley por quedar incluido en el Reglamento, cuenta con el apoyo de todas las formaciones políticas, a excepción de PP y Vox, y con el respaldo de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
La necesidad de fijar las normas básicas de comportamiento de los profesionales del periodismo surgió por la reiterada actitud de personas acreditadas como informadores y dedicadas, tal y como señala la propuesta de reforma, «a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los periodistas», así como enturbiar la relación de estos con los grupos parlamentarios torpedeando las conferencias de prensa -los habituales corrillos- e incluso suscitando enfrentamientos con políticos y con los propios informadores.
Las quejas por estos comportamientos inapropiados, desconocidos hasta ahora en la Cámara, han sido reiteradas por parte de los colectivos de prensa hasta el punto de solicitar al Congreso la adopción de medidas para evitar actitudes «inaceptables» propias de un falso periodismo activista y ultra, sin que ello implique limitación alguna del derecho de los medios a ejercer su trabajo informativo.
El Congreso y el Senado son las dos instituciones más transparentes y abiertas para el trabajo de la prensa. El código de conducta -que puede adquirir rango de ley en el Pleno que debería celebrarse el próximo día 22, el último antes del parón veraniego- establece unas normas mínimas de comportamiento y cortesía parlamentaria cuya vulneración, dependiendo de su gravedad, acarreará sanciones que irán del simple apercibimiento hasta la retirada definitiva de la credencial.
El código incluye, además, la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación del que formarán parte un miembro de cada grupo parlamentario, así como representantes de los colectivos de periodistas. Su labor consistirá en analizar cualquier incidente y sugerir su sanción, aunque la decisión definitiva será de la Mesa de la Cámara. La aprobación de esta normativa implica la modificación del artículo 2 del Reglamento del Congreso, facultando a la Mesa para regular el procedimiento de concesión y revocación de acreditaciones de prensa para trabajar en sede parlamentaria.
Precisamente este punto, el que otorga poder a la Mesa, el órgano rector de la actividad del Congreso, fue el que motivó la enmienda de texto alternativo presentada por el Partido Popular.
Para los populares, «el mantenimiento del orden y las posibles actuaciones que hubieran de adoptarse a tal fin en el interior del Congreso, en todas sus dependencias, es una función que corresponde en exclusiva a la Presidencia por mandato constitucional y cualquier pretensión de hurtar esa facultad y delegarla en la Mesa o en cualquier otro órgano de la Cámara conculcaría ese principio general, por ausencia de competencias para ello».
Esta enmienda y la presentada por Vox, que rechazaba cualquier regulación del trabajo informativo y planteaba una reforma mucho más amplia del Reglamento, incidiendo en la necesidad de introducir cambios sustanciales en los procedimientos legislativos, fueron rechazadas por la mayoría el pasado martes, de manera que la propuesta inicial, tramitada de urgencia, superará, salvo imprevistos de último minuto, el trámite de ponencia en una sesión extraordinaria de la Comisión de Reglamento convocada para el próximo lunes y quedará lista para aprobación definitiva con el objetivo de ser de plena aplicación en septiembre.
El código consagra hábitos que, hasta ahora y con muy pocas excepciones, han sido respetados siempre por la prensa que trabaja en el Congreso. Se establece por ejemplo que nadie podrá, sin la oportuna acreditación, realizar grabaciones gráficas o sonoras en las dependencias de la Cámara; que cada grupo parlamentario designará a una persona de su equipo para coordinar y garantizar el orden en las ruedas de prensa o la prohibición de acceder a despachos o zonas de reunión sin el oportuno permiso.
La proposición de ley de Reforma del Reglamento firmada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria incluye también un segundo apartado al que los populares sí dan apoyo. Esta parte de la propuesta es la que afecta al voto telemático de los diputados. De acuerdo con la iniciativa, a partir de ahora los diputados podrán solicitar este voto a distancia en situaciones de cuidado de familiares cercanos o en caso de fallecimiento para, señala el texto, de esta manera «poder compatibilizar el ejercicio del cargo con situaciones de evidente, grave y excepcional trascendencia».
DEL AVISO A LA RETIRADA DE CREDENCIAL
FALTA LEVE. La omisión de datos en la solicitud de credencial o el acceso a espacios restringidos sin autorización. Se sancionará con apercibimiento y, en su caso, con la suspensión de credencial hasta 10 días hábiles.
INFRACCIÓN GRAVE. Incluir datos falsos en la solicitud de acreditación; acceder a despachos o zonas de reunión sin permiso; interrumpir el orden en las ruedas de prensa. En este caso se suspenderá la credencial entre 10 días y tres meses.
VULNERACIÓN MUY GRAVE. Proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el recinto parlamentario y zonas de acceso; grabar imágenes o sonidos con dispositivos ocultos o que incluyan datos que vulneren la intimidad e interrumpir el orden en las sesiones parlamentarias. Esto supondrá la suspensión de acreditación hasta cinco años o incluso su revocación definitiva.
