Publicado: junio 23, 2025, 8:07 pm
«La revelación de la información atenta al instituto de la conformidad y, por tanto, al derecho de defensa como derecho fundamental; siendo el daño irrogado cierto, real y efectivo». En estos términos, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) pide al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que siente en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito de acusación, el ICAM solicita para Álvaro García Ortiz cuatro años de prisión, multa dieciocho meses a razón de 150 euros diarios y la suspensión para cargo público por tres años como autor de un delito de revelación de secretos. Adicionalmente, el Colegio pide la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.
En el caso de Pilar Rodríguez, en calidad de cooperadora necesaria de la presunta revelación de secretos, el ICAM reclama una condena de tres años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 75 euros y la suspensión de empleo por tiempo de dos años. Asimismo, pide al TS que le imponga la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial de Madrid.
El ICAM -el colegio con mayor en número de abogados asociados de toda Europa- sostiene que tanto García Ortiz como Rodríguez «con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad, y con el fin de contribuir a un rédito político por razón subjetiva del justiciable y su vínculo afectivo, conocedores de una información reservada por razón de sus respectivos cargos» y en aras «de ganar el relato», eran «conscientes» de que con los datos ofrecidos en la nota informativa sobre el empresario Alberto González Amador, así como con la difusión del correo de 2 de febrero de 2024, «estaban trascendiendo a la opinión pública elementos confidenciales sobre responsabilidad penal y autoría que afectaban del pleno al derecho de defensa del afectado».
De esta forma, esta acusación pone el acento tanto en la filtración a la Cadena Ser del mail -donde la defensa de González Amador admitía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública»- como en la nota que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre lasnegociaciones para un pacto de conformidad que había mantenido el abogado Carlos Neira con el fiscal de Madrid Julián Salto.
«Los acusados, amparándose como norma de cobertura el deber de informar a la opinión pública sobre acontecimientos relevantes, y con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo, eran conscientes que se estaba lacerando el secreto profesional, la guarda del debido secreto de los asuntos reservados conocidos por razón de su cargo y los derechos del justiciable», destaca este colectivo profesional.
De igual manera, el ICAM subraya que el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid, con sus respectivas actuaciones, «han minado la credibilidad del Ministerio Fiscal y los principios de objetividad, imparcialidad y confianza que ha de presidir cualquier contacto de los profesionales de la Abogacía con el Ministerio Público; pues cualquier filtración, además del daño reputacional y la consiguiente lesión de derechos subjetivos, influye sustancialmente en el desarrollo del proceso con todas las garantías».
El Colegio de la Abogacía de Madrid se querelló contra la Fiscalía tras conocer la filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, su decano Eugenio Ribón se negó a firmar un comunicado conjunto con García Ortiz dada la gravedad de los hechos cometidos porlos miembros del Ministerio Público.
