Publicado: agosto 7, 2025, 4:07 am
«A mí me dan esa casa por 10 euros y no la compro, no la quiero». Estamos frente a la escuela infantil La casita del Árbol, adonde Liliana ha acudido a recoger a su hija. Responde a nuestras preguntas mirando de soslayo hacia la izquierda, donde se encuentra la vivienda en la que se produjeron los asesinatos conocidos como «los crímenes de Pioz» (Guadalajara).
La mujer es de origen rumano y relativamente nueva en la urbanización La Arboleda -tres años lleva aquí- por lo que no conocía la atrocidad de lo sucedido cuatro chalés más allá hasta que hace no mucho una vecina la puso en antecedentes: en el verano de 2016, le resumió, un matrimonio y sus dos hijos pequeños fueron asesinados por un sobrino, quien troceó los cuerpos, los metió en bolsas de basura y las apiló en el salón. Tardaron un mes en hallarlos.
-Entonces, ¿no viviría en una casa donde hubiera ocurrido algo así aunque se la ofrecieran muy barata? -preguntamos a Liliana.
-No, no, imagínate. Pobres los que viven ahí si se han enterado después.
La suposición de Liliana no es acertada. Quienes residen en el número 594 de la calle de los Sauces conocían perfectamente lo ocurrido cuando se interesaron por la vivienda. «Pasó esto [los asesinatos] y mi hija me dijo: ‘Esa casa va a ser mía, porque la van a vender a muy buen precio y va a ser mía’», nos dirá la madre de la actual propietaria.
Hemos arrancado la búsqueda de los inquilinos del chalé de Pioz revisando la hemeroteca, por si algún otro medio hubiera llamado antes a su puerta. Sólo encontramos un artículo publicado en La Razón el 28 de octubre de 2018, cuando en la Audiencia Provincial de Guadalajara se celebraba el juicio contra el asesino, el brasileño Patrick Nogueira, de 21 años entonces.
El joven sería condenado por el Supremo a tres prisiones permanentes revisables -dos por los asesinatos de sus dos primos, menores de edad; la tercera por ser un asesinato múltiple- y otros 25 años de cárcel por la cuarta víctima.
«Los nuevos inquilinos de Pioz: Vivir en la casa de los horrores por 400 euros«, desvelaba el título del citado artículo el módico precio por el que había sido alquilado el chalé. «Melina y José se han instalado en la vivienda en la que Patrick mató y descuartizó a cuatro familiares», avanzaba el subtítulo la identidad de la pareja que lo ocupaba dos años después de los crímenes.
«Hay que aprovechar las oportunidades que se te presentan en la vida», decía Melina resaltando la ganga que habían conseguido, puesto que los asesinados pagaban 650 euros al mes. «[El dueño] Es encantador. Supongo que también prefiere perder un poco de dinero a que se le metan unos okupas aquí», apuntaba José lo ventajoso de tenerlos a ellos como arrendatarios.
Nuestro siguiente paso es localizar a Antonio Zaplana, dueño de Proyectos Zero, la empresa inmobiliaria que en junio de 2016 alquiló el chalé al brasileño Marcos Campos Nogueira, de 40 años. En él perdería la vida sólo un mes después junto a su esposa, Janaina Santos (39), y a sus dos hijos, María Carolina (3) y David (1). Antonio, quien ya no reside en la urbanización, sabe que la propiedad ha sido vendida pero no a quién.
«Me marcó mucho el caso porque conocí a la familia asesinada muy de cerca. Estuve hasta en el traslado. Yo entonces era el presidente de la urbanización y lo controlaba todo», cuenta. «Llevo 20 años vendiendo casas y he visto de todo: trata de blancas, tráfico de armas… pero nada como esto. Hubo que mandar un equipo para limpiar porque no te imaginas cómo estaba la casa, de película de miedo. Me impactó mucho. Pensé: ‘Esta casa inmobiliariamente está muerta’. Pues no, se alquiló inmediatamente, a los tres o cuatro meses ya había gente dentro», dice refiriéndose a los anteriomente citados Melina y José.
Sin duda sabe quién se quedó con el chalé el propietario en el momento de los crímenes, José Pedro, pero, quizás cansado de las llamadas de periodistas, ha cambiado de número de teléfono y no contesta por email. La sentencia del caso le adjudicó una indemnización de 21.915,02 euros por daños y perjuicios, básicamente para sufragar los cuatro meses de alquiler que perdió mientras no pudo disponer de la casa por las investigaciones y para los gastos de los arreglos que tuvo que hacer: «Desescombrar y tirar todos los enseres al vertedero, montaje de cocina completa con muebles, encimeras y aparatos totalmente terminada, limpieza y desinfección integral de toda la vivienda para eliminación de restos orgánicos y olores, y pintura integral de la vivienda y limpieza después de terminación», detalla la sentencia.
Patrick Nogueira, en la cocina, durante la reconstrucción de los asesinatos.
Dos días antes del hallazgo de los cadáveres, el 16 de septiembre de 2016, el entonces dueño, José Pedro, quien reside en Galicia, envió una carta al Ayuntamiento de Pioz. En el consistorio la recibieron el día 19, cuando el chalé ya estaba tomado por los forenses. En la misiva explicaba que la persona a la que había alquilado el inmueble se había ido sin darle las llaves y que había desconectado el teléfono. «Pero, sale de la casa un mal olor, agravado con el tiempo, y que huele cada día más y más. Han sido los vecinos los que me han avisado y es por eso que escribo el presente escrito. […] El olor es un olor fétido y penetrante. Y como ya he dicho se agrava día a día. Yo haré los trámites necesarios para incoar el expediente de desahucio por falta de pago, pero lo que me preocupa es el terrible olor que sale de mi casa. Es por ello que le solicito, pido y ruego, que haga las gestiones oportunas para que se personen en mi casa acompañados de la Guardia Civil, sólo con el objeto de averiguar el origen de tan fuerte olor. No vaya a ser que, Dios no lo quiera, haya alguien muerto en mi casa».
Nada más llegar a La Arboleda entendemos por qué Antonio, el de la inmobiliaria, nos ha dicho que, de haberse encargado él del alquiler del chalé -lo hizo uno de sus comerciales- no se lo habría ofrecido a Marcos Campos: «Yo no estaba de acuerdo con ese tipo de inquilino. Una familia sin coche no puede vivir allí», dice.
A las 17.00 horas las únicas personas que se ven por las calles –600 chalés, 835 habitantes– son un par de madres que recogen a sus hijos del centro infantil y una chica que pasea un perro. Se oyen trinos; se respira paz. Pero no hay nada más que las hileras de chalés. Ni supermercado, ni farmacia, ni restaurante o cafetería. Para tener acceso a cualquier servicio hay que ir al Pioz, mas de dos kilómetros, media hora de caminata si no se tiene vehículo, como era el caso de Marcos Campos.
El hombre trabajaba como parrillero en un asador en el centro comercial Plenilunio, ubicado en Madrid, cerca del aeropuerto, a no menos de una hora en coche si hay suerte con el tráfico, a una hora y cuarenta en transporte público. El sumario recoge el testimonio de un taxista que había llevado a Marcos Campos a hacer la compra o a trabajar. El brasileño le debía varias carreras. Según su última nómina, cobraba 1.050 euros y pagaba 650 de alquiler. Y su mujer no trabajaba. Contaba con que un hermano, que se iba a trasladar a vivir con él desde Brasil, le ayudaría con los gastos.
La mayoría de las viviendas de La Arboleda tienen en la puerta una especie de buzón grande en el que les dejan el pan. Florin, el repartidor de entonces, declaró que la mañana del 16 de agosto de 2016 -el día de los asesinatos- entregó en el número 594 una tarta, unos bollos y pan. Al día siguiente, 17 de agosto, dejó, como solía, una barra de leña en la panera. El día 18 el pan seguía allí. Y el 19 y el 20 y el 21. Florin iba metiendo barras y barras pero nadie las recogía. Cuando el buzón se llenaba lo vaciaba y comenzaba de nuevo. Así durante un mes, hasta que el 16 de septiembre se hallaron los cadáveres.
-¿Es usted Francisco, el vecino que dio la alerta por el mal olor?
Estamos hablando con el inquilino del 593, que linda con el chalé de los asesinatos. El hombre, que ha salido a la puerta en pijama, asiente. Sí, fue él quien, ante el insoportable hedor que llegaba de la casa de su izquierda, hizo venir a los vigilantes de seguridad. Éstos, al ver desde una ventana el salón cubierto de moscas muertas y unas bolsas apiladas en un rincón, avisaron a la Guardia Civil. Un mes antes, Francisco había oído un grito al que no dio importancia. Ya no volvió a escuchar a los niños.
Hemos tocado su timbre porque en el chalé que nos interesa no abren. En la puerta hay aparcado un viejo Peugot 206, lo que indica que hay gente dentro. El telefonillo está roto -le asoman los cables- y nadie contesta a los toques en la puerta. Llama la atención el nuevo letrero que indica que estamos en el número 594. Ya no es un azulejo, sino una placa con una leyenda que no entendemos: «Ni uno normal». Debajo, un cartel advierte: «Atención. Perro peligroso. No responsable de lesiones o muerte».
Flores y carteles en la vivienda tras los crímenes.
Es el vecino Francisco quien nos desvela el misterio. El chalé lo compraron las mismas personas que lo alquilaron en cuanto el dueño acabó de limpiarlo: los ya nombrados Melina, de 35 años, y José, de 45. No sabe nada de ellos porque en la urbanización no tiene trato unos con otros.
Se da la circunstancia de que los padres de Melina viven también en La Arboleda. Es la madre, Rosy, la que sale cuando damos con su chalé. Le explicamos que estamos haciendo una serie de reportajes sobre las viviendas en las que se han cometido sonados asesinatos. «Hay gente a la que le da igual vivir en ellas. La prueba es mi hija», nos dice. «»Todas las casas tienen su historia y en todas ha podido pasar algo. ¿Quién dice que aquí debajo no hay muertos?«, añade mirándose a los pies.
Melina y José no tienen timbre porque «tienen perros y si suena se vuelven locos», explica. Le preguntamos si puede transmitirles que nos gustaría hablar con ellos. «!Llamo a mi hija, pero no sé si querrá. Es una mala publicidad para la casa«.
Esperamos la respuesta en la puerta del 594. Hasta aquí llegó, Patrick Nogueira sobre las 14.00 horas del 17 de agosto de 2016. Traía unas pizzas. Lo recibió Janaina, que estaba sola con los niños. Patrick, sobrino de Marcos, había compartido un tiempo vivienda con la familia en Torrejón de Ardoz (Madrid), pero la convivencia no había sido muy buena. El joven llevó muy mal que sus tíos se trasladaran a Pioz sin él. Consideraba que lo habían abandonado. No se encontró otro móvil para el crimen que esta supuesta desatención.
Se comieron las pizzas que había traído el sobrino en el porche y luego, ya dentro, los apuñaló a los tres: primero a Janaina, luego a los niños. En el tiempo que transcurrió hasta que sobre las 21.00 horas llegó su tío Marcos -lo mató nada más abrir la puerta- intercambió decenas de whatsApps con un amigo que estaba en Brasil. Sólo la mente de un psicópata podría idear tan frías y crueles palabras.
-Hermano, tenías que haberlo visto. Yo arrancando los órganos para meterlos en otra bolsa.
-Boy, abrir a alguien por la mitad da demasiado trabajo, mi hermano. Columna vertebral.
-Le di una cuchillada. Palada. Y he usado esas tijeras gigantes de partir las ramas y aun así no lo conseguí. He tenido que usar las manos.
-Mi cuchillo ya le estaba cortando toda la garganta a ella, tío. No te jode, los niños empiezan a gritar. Divertido que los niños ni corren. Sólo se quedaron agarrados.
-Comeré después de derribarlo a él. Lo dejo desangrándose y hago un atún. Con pan. Porque me lo merezco después de este día de retardados.
Rosy nos llama para decirnos que su hija y José no quieren atendernos, pero sí le autorizan a ella a que nos conteste a algunas preguntas. Melina, auxiliar de enfermería, y José, vigilante de seguridad, entraron en la vivienda unos meses después de los asesinatos con un alquiler con derecho a compra.
Adquirieron definitivamente la propiedad en mayo de 2022 por unos 127.000 euros. Según Idealista, los chalés de la urbanización valen entre 162.000 euros y 271.000 euros. «Un precio de oportunidad por lo que sucedió», dice Rosy. «Para vuestra información no pasan fenómenos extraños. Todo normal en la casa», nos escribirá más tarde por whatsApp.