Despliegue social para combatir el gasto militar: gafas para niños, comedores escolares saludables, planes de vivienda…

La milmillonaria inversión que el Gobierno prevé ejecutar para este año en seguridad y defensa -33.123 millones de euros, con una aportación extra de 10.741 millones para llegar al 2% del PIB- está provocando que el Gobierno despliegue un escudo de medidas sociales para protegerse de las críticas, la mayoría provenientes de sus propios socios, que ponen en cuestión que esa hoja de ruta pueda hacerse sin recortar en gasto social. La idea de «más tanques, menos servicios sociales» o «lo que se gasta en tanques no se gasta en hospitales» enfada en La Moncloa por «simplista» y «oportunista». Para contrarrestar este discurso y trasladar a la opinión pública que más dinero en gasto militar no va a suponer menos inversión en gasto social, el Gobierno está desplegando en las últimas semanas importante ayudas a modo de gestos y peldaños que le ayuden a caminar en su discurso.

Pedro Sánchez acudió ayer a la sede del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas de Madrid para anunciar la puesta en marcha de un programa de ayudas directas a los menores de 16 años con problemas de visión, para que puedan adquirir gafas o lentillas de cara al próximo curso escolar, dotado con 48 millones. En concreto, la ayuda será de 100 euros, con independencia de la situación económica de su familia o de su lugar de residencia. Es decir, será de alcance universal.

La semana pasada, el PSOE registró en el Congreso una proposición de Ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, que incluye medidas para poner coto a los pisos turísticos, para frenar la compra de vivienda por parte de no residentes, para asegurar la permanencia del parque público y para incentivar la bajada de precios en los alquileres. En esta línea, desde Consumo se impuso a la compañía Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma.

Unos días antes, el Consejo de Ministros había dado luz verde al PERTE de la Industrialización de la Vivienda con una inversión pública de 1.300 millones en 10 años, que contempla medidas para edificar más y más rápido, y con mayores criterios de sostenibilidad y eficiencia.

«Nosotros vamos a cumplir con la Unión Europea. Porque nadie como Europa para cuidar de Europa. Vamos a aumentar la inversión en seguridad y defensa. Pero lo vamos a hacer sin tocar un céntimo del gasto social o medioambiental», fue el compromiso que adquirió Pedro Sánchez cuando anunció su plan milmillonario de inversiones para este año. «Vamos a financiar este Plan sin tocar un céntimo del Estado del bienestar ni afectar al bolsillo de nuestros ciudadanos»; «Vamos a mejorar nuestra seguridad mientras seguimos mejorando nuestro bienestar». Unas palabras que, sin embargo, no tranquilizaron ni convencieron a sus socios. «No es creíble que pueda realizarse el rearme sin recortar gasto social», mantienen desde IU. «Está por ver que no suponga recorte gasto social. Nos tememos que lo congelará», advirtieron desde Bildu. Desde Podemos, directamente acusan a Sánchez de «engañar» al sostener que subirá el presupuesto en defensa sin aplicar recortes sociales.

«La seguridad y la defensa no se resumen en tanques sí o no, u OTAN sí o no. Ocurre que ha cambiado el tablero. Esto no es un capricho ni una invención de Pedro Sánchez. Hay un consenso, y el que no quiera verlo es que no ve el mundo actual en el que estamos», responden desde el Ejecutivo.

Ese esfuerzo por trasladar acción de Gobierno en material social se ve claro en decisiones como la de aprobar un real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles para garantizar el derecho de todos los niños a una alimentación sana y de calidad con independencia del nivel de renta de sus familias.

Lo que persigue esta normativa es garantizar que se sirvan cinco comidas saludables a la semana en todos los centros escolares. Esto es: centros públicos, concertados y privados que imparten educación infantil (2º ciclo), educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos de formación profesional de grado básico o medio.

Aunque algunas de estas medidas no tienen conste económico o suponen un desembolso apenas sensible para el Estado, buscan trasladar ese mensaje de que las obligaciones con la UE y con la OTAN, al menos por ahora, no impiden que se siga una línea política de apostar por «profundizar en el estado del bienestar».

Se trata de una idea muy presente esta semana en los discursos del Gobierno, que recurre a los números para avalar su planteamiento. Sánchez, ayer, hizo mención expresa a su compromiso con el Sistema Nacional de Salud, que «es la columna vertebral del Estado de Bienestar» y «por ello estamos multiplicando nuestra inversión en él». Y ofreció estos datos: desde 2018 hasta hoy, el Gobierno ha aumentado un 29% el presupuesto sanitario estatal, pasando de 4.253 millones a 5.505 millones en 2025, y se ha aumentado en más de 3.900 las plazas de Formación Sanitaria Especializada.