Publicado: mayo 23, 2025, 6:07 pm
Los centros de menores en Canarias siguen siendo un quebradero de cabeza para las autoridades responsables de la acogida del Gobierno autonómico. Numerosas denuncias formuladas por colectivos en defensa de los derechos de la infancia, organizaciones de apoyo a migrantes y refugiados, así como por trabajadores de los propios centros, han puesto en entredicho la gestión de entidades privadas creadas al calor de los contratos públicos para atender a los miles de niños y niñas extranjeros llegadas al archipiélago en los últimos años.
Una de esas organizaciones es Quorum Social 77, que vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras una investigación iniciada en 2023 por la Fiscalía de Extranjería y un juzgado de instrucción en Canarias, comenzaron a acumularse indicios de que menores alojados en distintos centros gestionados por esta asociación estarían siendo presuntamente maltratados por personal contratado sin la formación necesaria para trabajar con población infantil vulnerable, según denuncias anónimas recogidas en el sumario.
La investigación permitió que el pasado lunes 19 de mayo se ordenara un operativo policial, coordinado con el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria, competente en asuntos de menores. La intervención concluyó con la detención de nueve trabajadores del centro La Fortaleza I, ubicado en el municipio de Santa Brígida, y con la clausura inmediata del recurso.
Entre las personas detenidas figuraban las dos máximas responsables del centro, incluida la actual directora. Los 43 menores extranjeros no acompañados que se encontraban allí acogidos fueron reubicados de urgencia en otros centros del sistema canario de protección.
El juez instructor ha decretado el secreto de sumario sobre el caso. Según han confirmado fuentes judiciales, todos los detenidos fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración ante el magistrado.
Y no es únicamente la clausura de este centro lo que ha sacado a la luz nuevas sombras sobre la gestión de Quórum Social 77 en los recursos de acogida de menores en Canarias. Según ha podido saber y documentar EL MUNDO, el jefe del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores de la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno de Canarias detectó recientemente la presencia de sistemas de videovigilancia instalados dentro de los espacios habitacionales de varios centros gestionados por la asociación. Como consecuencia, el pasado 4 de mayo, firmó una resolución oficial en la que requería explicaciones a las entidades responsables, exigiendo que justificaran por qué se habían colocado cámaras en zonas donde residen los menores.
Según confirman diversas fuentes consultadas por este periódico, aquella resolución fue el detonante directo del cese fulminante de David León Suárez, el funcionario que firmó la advertencia, apenas once días después, el pasado 15 de mayo.
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, cesó el pasado 15 de mayo al citado jefe Programas de Prevención y Protección de Menores, David León Suárez, apenas trece días después de que este ordenara, por escrito, la retirada inmediata de cámaras de videovigilancia no autorizadas en centros de acogida de menores.
El cese fue formalizado por Rodríguez, quien había sido restituida en el cargo tras dimitir en 2023 por una condena por prevaricación, más tarde revocada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Su reincorporación coincidió con un momento especialmente sensible: una serie de investigaciones judiciales y mediáticas por presuntos abusos contra menores migrantes bajo tutela institucional.
Según ha podido confirmar EL MUNDO, León Suárez fue apartado de su puesto pocos días después de emitir una instrucción interna, firmada el 2 de mayo, en la que ordenaba a las entidades colaboradoras una revisión completa de los sistemas de vigilancia instalados en sus centros. En ese documento, advertía de la presencia de cámaras —fijas y móviles— sin autorización formal en espacios ocupados por menores tutelados, y exigía su retirada en caso de carecer de respaldo administrativo expreso.
El documento, que continúa firmado por León Suárez, remarca que el uso no autorizado de dispositivos de grabación podría suponer una vulneración grave de derechos fundamentales, como la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales. También establece una distinción jurídica entre los centros de acogida —donde rige una función de protección civil— y los centros de cumplimiento de medidas judiciales, donde la videovigilancia sí está permitida legalmente.
En ese contexto, León dio un plazo de quince días a las entidades para presentar un informe detallado con la ubicación, número y finalidad de cada cámara instalada. El uso de dispositivos móviles o no fijados de forma permanente quedaba expresamente prohibido.
EL MUNDO ha tenido acceso exclusivo a un audio en el que la presidenta de Quorum Social 77 —una de las entidades adjudicatarias de la gestión de centros de menores en Canarias— ordena de forma tajante la desconexión total de todos los sistemas de grabación. «Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas. Procedan en este preciso instante a desenchufar todas las cámaras de todos los centros que tenemos. No quiero ni una encendida», instruye Delia García García. La orden fue enviada justo después de que trascendiera la apertura de diligencias judiciales por agresiones físicas, insultos racistas y otros presuntos abusos sistemáticos en centros gestionados por su organización. Las investigaciones, dirigidas por el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez y la fiscal Teseida García García, permanecen bajo secreto de sumario.
David Jesús León Suárez es psicólogo especializado en Psicología Evolutiva y de la Educación. Con una trayectoria reconocida en el ámbito socioeducativo en Canarias, trabajó en centros escolares y colaboró con el Gabinete Danele antes de incorporarse a la administración autonómica.
Fuentes conocedoras del caso relatan que el cese fue comunicado a León el mismo día que tenía programada una visita a uno de los centros afectados. «La cara de todo el mundo era un poema. Lo acababan de cesar», recuerda una persona presente. La misma fuente considera que la destitución fue consecuencia directa del contenido del comunicado del 2 de mayo: «En los centros de protección nunca ha habido cámaras. Ese documento era muy claro, y eso incomodó a quienes han gestionado durante años sin supervisión real».
Según la versión recabada por EL MUNDO, León habría enviado un correo interno en el que aludía a la existencia de un «quórum» en la decisión de su destitución, interpretado por su entorno como una alusión a presiones políticas o institucionales provenientes de altos niveles del Ejecutivo regional.
Otras fuentes próximas a la Consejería de Derechos Sociales apuntan a que Quorum Social 77 reaccionó con hostilidad al contenido del escrito, trasladando su rechazo directamente a la Dirección General. Dicha presión, señalan, podría haber precipitado el cese del jefe de servicio. «No sé hasta qué punto es legal tener cámaras en los pasillos o en las oficinas de los centros, pero todo esto genera muchísimas dudas», apunta otra fuente vinculada al sistema de protección.
Hasta la fecha, la Dirección General de Protección a la Infancia no ha ofrecido explicación pública alguna sobre los motivos del cese ni ha precisado si la instrucción sigue vigente. Tampoco se ha informado de si las entidades afectadas han respondido al requerimiento ni si se ha verificado la retirada de los dispositivos. El documento fue remitido a toda la red de centros de acogida del archipiélago bajo el título: «Autorizaciones para la toma y uso de archivos audiovisuales».
EL MUNDO se puso en contacto con un responsable de Quórum Social 77 para conocer los motivos concretos de la clausura del centro Emena La Fortaleza I y obtener su versión sobre los hechos que investiga la Fiscalía y el juzgado de instrucción. La organización respondió con una escueta nota en la que evitó entrar en detalles sobre las cuestiones planteadas. En el comunicado, la entidad anuncia que convocará en los próximos días a los medios de comunicación para ofrecer públicamente su versión de lo ocurrido. Reivindica su compromiso con la transparencia y con el derecho a la presunción de inocencia, y asegura que aportará documentación que, según afirman, demostraría su total desvinculación con los hechos denunciados. La nota concluye agradeciendo la atención de los medios y de la ciudadanía, y emplazando a una futura comparecencia cuya fecha aún no ha sido confirmada.
Po su parte la presidenta de Quorum Social 77, Delia García, ha defendido públicamente a los trabajadores del centro de menores La Fortaleza I, clausurado esta semana por presuntos malos tratos. En una entrevista en la cadena COPE, García afirmó que los internos siempre fueron tratados con respeto y que su organización interpuso unas 50 denuncias por agresiones desde 2020. Sostuvo además que muchos de los jóvenes acogidos eran en realidad mayores de edad, debido a la saturación del sistema.
Sobre la polémica por las cámaras de videovigilancia, García negó haber ordenado su desconexión y aseguró que la instrucción «salió del Gobierno de Canarias». Sin embargo, según un audio en poder de El Mundo, fue ella quien ordenó expresamente: «No quiero ni una encendida». La presidenta también señaló a la Fiscalía entre los responsables de los fallos del sistema, y afirmó que «todos hemos cometido errores» ante una red de acogida «sobrecargada».
Por último, García pidió que los primeros mil menores que sean derivados a la Península salgan de sus centros. «Nos quedaríamos bastante tranquilos y haríamos las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo», declaró. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias insiste en activar de forma inmediata esas derivaciones ante la presión que soportan los 86 centros de acogida donde se tutela a más de 5.600 menores migrantes no acompañados.
