Publicado: febrero 26, 2026, 3:07 am

El anuncio de la desclasificación de los documentos del 23-F generó una gran expectativa. No en vano, se cumplen 45 años de uno de los episodios más importantes y desconocidos de nuestra historia reciente. La única fuente hasta el momento, más allá de los testimonios de parte, ha sido el propio Consejo de Guerra que condenó a los autores del fallido golpe de Estado. Una enorme masa documental custodiada el Tribunal Supremo con las declaraciones de los involucrados y las transcripciones telefónicas a las que nunca se ha tenido acceso por completo.
La documentación colgada ayer en la página web de La Moncloa es sumamente importante, precisamente, porque muestra fuentes de procedencia distinta a la del sumario, como las de la Dirección General de la Policía o la Guardia Civil. Particular relevancia tienen sus notas con las medidas adoptadas entre las distintas Capitanías la noche del asalto al Congreso. El resto de la documentación de Interior va dirigida al seguimiento y control del juicio en un amplio espectro, del Ejército a los partidos de izquierda, y, sobre todo, a frenar el descrédito de la figura del Rey. En cuanto al contenido de Defensa, la principal novedad es la documentación de inteligencia, el antiguo Cesid, que ordenó una investigación interna sobre la implicación de al menos seis de sus miembros en el golpe como primera medida del control de daños por la posible sentencia.
La mayor parte, por lo tanto, versa sobre el impacto que generó y la monitorización de la situación, pero dice muy poco o nada del contexto previo o de la gestación del golpe. El vacío documental existente entre la muerte de Franco y los años clave de la Transición sigue siendo patente y ha permitido todo tipo de especulaciones que no hemos sido capaces de desterrar de nuestro imaginario colectivo. De ahí que, por encima de la oportunidad política, no debamos desaprovechar la medida en un país que sigue todavía retrasado en materia de acceso a los archivos.
A la documentación colgada ayer en internet debe unirse el catálogo de toda la información existente, pues hasta el momento no hay ni un simple listado. Si todo lo que se presenta sigue siendo parcial, dado su volumen y dispersión, y, sobre todo, si no se revela su origen o procedencia alegando que afecta a la seguridad del Estado, aumentará el efecto contrario: la proliferación de bulos, mentiras y todo tipo de teorías conspiranoicas. No es una cuestión menor, dado que esta documentación puede arrojar nueva luz sobre una etapa que no fue ni tan complaciente ni tan oscura como a menudo se describe.
Abrir los archivos a la investigación, permitir el acceso a la documentación reservada, debe ser un paso firme para superar las limitaciones de la Ley de Secretos Oficiales y convertirse en materia de estudio. Dada la cercanía del periodo, existen cuestiones sensibles vinculadas a personas vivas, pero el verdadero interés de esta documentación no está en los datos personales, sino en la comprensión de los procesos históricos. Del golpe sigue faltando su contexto y secuencia completa: cómo se gestó realmente y qué dinámicas lo hicieron posible.
Resulta especialmente relevante la información de los servicios de inteligencia, que elaboraron una serie de informes sobre los contactos previos al golpe a los que nunca se había tenido acceso. Puede que no modifiquen radicalmente el relato conocido, pero, en cualquier caso, de su cotejo y contraste emergerá una historia sustancialmente distinta a la de hoy, sobre todo, para las generaciones que no han vivido los hechos.
La dimensión civil del 23-F permanece, en definitiva, prácticamente inexplorada. Solo fue juzgado un miembro del antiguo Sindicato Vertical de Falange, por lo que esta trama o derivada sigue siendo hoy en día un camino sin salida. Sin embargo, todo lo que ha trascendido a lo largo de estos años evidencia que no fue una acción militar aislada, sino que tuvo una coordinación con una potente estructura organizada con anterioridad. La sociedad española tiene derecho a conocer y comprender todos estos aspectos, para no seguir nadando en las profundas aguas de los secretos oficiales y la desinformación.
* Gutmaro Gómez Bravo es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense.
