Publicado: marzo 17, 2025, 7:07 pm
Cinco ex dirigentes de la agrupación Jucil, mayoritaria dentro de la Guardia Civil, han presentado una denuncia en los juzgados en la que acusan al actual secretario general de la organización, Ernesto Vilariño, de «numerosas irregularidades que sugieren un uso indebido de los fondos de la asociación».
Los denunciantes han señalado que el secretario general «ha utilizado dinero de la asociación para gastos personales, ha alterado registros contables y ha ocultado información sobre el estado financiero de Jucil», lo que ha generado una «profunda» crisis interna en la entidad.
La denuncia presentada recoge numerosas irregularidades en la gestión económica, entre ellas el uso de la tarjeta corporativa de Jucil para cubrir gastos personales como alojamiento en hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación.
Los denunciantes también han señalado la supuesta manipulación de los registros contables para justificar gastos personales, así como la duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización o la omisión de gastos en los informes contables oficiales para impedir su correcta fiscalización.
Los exdirigentes leoneses han considerado como «uno de los casos más significativos» un viaje realizado a Sevilla en octubre de 2022, en el que el secretario general habría cargado 515,47 euros a la asociación en concepto de alojamiento y comidas que registró como «reuniones», cuando «no hay constancia de que se realizará ninguna reunión oficial en dicha ciudad».
Además, la denuncia destaca una compra en Joyería Diamant por valor de 20 euros, que fue registrada en las cuentas bajo el concepto de «manutención», así como un pago de 235,52 euros en un restaurante de Madrid del que no existe registro contable oficial, a pesar de que los asistentes habrían abonado la comida en metálico directamente al secretario general.
Los denunciantes han solicitado al Juzgado de Instrucción de León la declaración del secretario general de Jucil en calidad de denunciado y la entrega de los libros contables y facturas de 2022, 2023 y 2024 de la asociación para su análisis.
Además, han instado a la investigación de posible cobros irregulares de dietas por parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Jucil, para lo que se solicita que se libre oficio a la Dirección General de la Guardia Civil a fin de que informe o certifique si han solicitado dietas con motivo de sus comisiones de servicio en Madrid, las que sean con ocasión de su asistencia a actos del consejo de la Guardia Civil.
En la misma línea, piden al juez la declaración de testigos que puedan aportar información sobre la gestión económica de la asociación y la adopción de medidas cautelares para evitar la posible destrucción de documentos o la manipulación de pruebas durante la instrucción del caso.
En diciembre de 2024, más de 20 secretarías provinciales exigieron la dimisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por su «falta de transparencia» y la reforma estatutaria que blinda a la dirección y dificulta su destitución.
Como relata este grupo de afiliados, la asociación ha vivido desde entonces un «fuerte» conflicto entre su cúpula y las bases, con la dimisión de miembros del equipo directivo, solicitudes de análisis de las cuentas.
«No podemos permitir que los fondos de una asociación que representa a los guardias civiles sean utilizados sin control ni justificación. Exigimos que se esclarezcan los hechos y que los responsables asuman sus consecuencias», han aseverado los denunciantes.
Por su parte, desde Jucil rechazaron estas acusaciones. «El pasado 28 de febrero de 2025, Jucil presentó ante los juzgados de instrucción de León una querella contra varios secretarios y ex secretarios provinciales por la presunta comisión de los delitos de calumnias e injurias graves y revelación de secretos», indican.
Y puntualizan: «En esa misma fecha, Ernesto Vilariño Correa interpuso otra querella contra estas mismas personas, incluyendo además el presunto delito de coacciones. Jucil reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la legalidad, y confía en que la justicia esclarecerá los hechos y restaurará la honorabilidad de la asociación y de su Secretario General. La labor de Jucil se centra en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los miembros de la Guardia Civil, y no permitirá que ataques infundados desvíen su objetivo principal».
