Publicado: julio 23, 2025, 1:07 am
Fue en vísperas de la pasada Nochebuena cuando el Gobierno aprobó la última desclasificación de información reservada. En su reunión de fin de año, el Consejo de Ministros acordó levantar el secreto de ocho documentos del CNI relativos a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona). Estos no se hicieron públicos, pero sí pasaron a ser accesibles para los diputados que integran la comisión del Congreso que investiga aquellos hechos. La información, hasta entonces confidencial, se desclasificó a petición de Junts y como una decisión puntual. Sin embargo, a partir de ahora, no hará falta que alguien, partido político o tribunal, lo pida: todos los secretos dejarán de serlo automáticamente pasado un tiempo.
¿Cuánto? Como máximo 45 años, para los casos en los que la información comprometa en mayor medida la seguridad nacional -si el riesgo persiste, el plazo se podrá alargar 15 años más-. Así queda fijado en el proyecto de Ley de Información Clasificada que el Consejo de Ministros aprobó ayer y que ahora debe afrontar su tramitación parlamentaria. De esta manera, si la norma recibiera el visto bueno del Congreso antes de final de 2025, entraría en vigor en 2026, pues tiene una vacatio legis de un año. Esto supone, echando la cuenta hacia atrás, que se desclasificarán automáticamente todos los documentos previos a 1981.
La fecha tope no es baladí. Fue el 23 de febrero de 1981 cuando se produjo el intento de golpe de Estado en España encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. El ministro Félix Bolaños, encargado ayer de presentar la ley, confirmó que el 23-F entra dentro de los hitos históricos cuya documentación declarada secreta podrá desclasificarse automáticamente. Apuntó, eso sí, que permanecerá secreto si «afecta a la seguridad nacional o la defensa». Esa cláusula, incluida en el texto aprobado ayer, es el único freno que podría impedir que se conozca toda la información de aquel año y los anteriores.
Otro de los asuntos que entra en el plazo fijado para la desclasificación de documentación es la trama de los GAL. La ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando el Gobierno aprobó un texto muy similar al actual en la pasada legislatura, ya incluyó esta cuestión entre las potenciales que podrían dejar de ser confidenciales con la ley. «Yo espero que materias que yo en su momento seguí y trabajé, como el tema de los GAL, puedan desclasificarse para que toda la sociedad tenga conocimiento», reconoció, y por ello defendió la norma: «Hay páginas de la historia de España que es bueno que la sociedad, en su conjunto, pueda conocer».
Pero, por los tiempos establecidos, será la dictadura franquista la que concentre la mayor parte de documentación clasificada que pase a ver la luz. De hecho, el proceso de levantar el secreto comenzará por las informaciones relativas a esa etapa. «Se priorizarán aquellos elementos que tengan que ver con violaciones de derechos humanos», dijo ayer Bolaños, y quiso precisar: «Evidentemente, nos referimos a la dictadura».
Ni la documentación referida a la actuación del Rey emérito, Juan Carlos I, o la que implique a la Iglesia quedarán exentas de la desclasificación automática. También podrán quedar expuestos distintos hitos de la relación con Marruecos. En definitiva, todo aquello previo a 1981 que no comprometa la seguridad nacional.
Hasta ahora, la mayoría de desclasificaciones de información confidencial se habían puesto en marcha en respuesta a la solicitud de un tribunal. Por ejemplo, fue por este motivo que, en 2018, el Gobierno levantó el secreto de la documentación relativa al operativo policial Kitchen -por el que se espió al ex tesorero del PP Luis Bárcenas-.
En otras ocasiones, el fin de la condición de confidencialidad ha venido motivado por una solicitud trasladada desde el Congreso. Esto sucedió con la documentación sobre el atentado del 11-M: el Gobierno accedió a desclasificar la mayoría de esa información en julio de 2004 a petición de la comisión constituida en la Cámara Baja para investigar esos hechos.
Solo seis ficheros -de los requeridos entonces por el Congreso- permanecieron secretos. Eran documentos del CNI relacionados con el funcionamiento del mismo o de servicios secretos extranjeros. «Se estima que su desclasificación sí podría poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado», alegó el Ejecutivo, mismo argumento que eximirá ahora del levantamiento de secreto a cualquier información.
