Publicado: agosto 5, 2025, 1:07 am

Nuevo golpe interno en Vox. Ayer, el partido comunicó al Ayuntamiento de Palencia que Sonia Lalanda -expulsada como portavoz municipal el pasado viernes 1 de agosto- ya no forma parte de la formación de Santiago Abascal. A partir de ahora, Lalanda ejercerá como concejala no adscrita -salvo que renuncie a su acta- fuera del grupo municipal del partido.
Con su salida, Vox se queda con un único representante en el consistorio palentino: Eduardo Polo, sobre el que pende un expendiente del partido por apoyar a su compañera. Y es que la debacle interna lleva tiempo gestándose, sin que desde la directiva nacional frenen la escalada de guerra interna. La propia Lalanda expulsó meses atrás a su compañero Ricardo Carrancio, tras considerar que debía salir «indignamente porque indignamente se ha comportado», después de que Carrancio fuera condenado por insultar y agredir a una persona con discapacidad, a la que llamó «puto cojo».
A esta cascada de expulsiones se sumó el 1 de agosto la del general retirado Antonio Budiño, cabeza de lista de Vox por Pontevedra en las generales de 2019, también apartado por la dirección del partido.
La salida de Lalanda -que se une así a una lista de miembros disidentes con el discurso y hacer oficial- no se debe a disputas locales. Según ha trascendido, su expulsión responde a sus duras críticas hacia la cúpula del partido. Ya en diciembre de 2024, varios miembros y críticos impulsaron la plataforma ‘Defiende Tu Vox’, donde denunciaban la «bunkerización» de la dirección nacional, el abandono de los cargos electos en provincias y la pérdida de los principios fundacionales. Entre sus acusaciones, también destacan las «dudas sobre el origen y destino» de los fondos del partido, que, según afirman los firmantes del manifiesto de la plataforma, responderían a un «entramado empresarial» opaco.
Una de las mayores polémicas en torno a las finanzas de Vox estalló al conocerse que habían recibido un préstamo de 6,5 millones de euros del MBH Bank (una entidad húngara participada por el Estado de Viktor Orbán) para sufragar la campaña de las generales. A esta suma se añadieron otros 7 millones de euros para financiar los comicios europeos.
Para muchos de los críticos, este vínculo económico explicaría la salida de Vox del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y su alineamiento con el bloque Patriots for Europe, liderado por Orbán. Una deriva ideológica que ha alarmado a determinados sectores del partido.
El terremoto interno, iniciado a principios de este año, ha sacudido, sobre todo, a Castilla y León. En febrero, Juan García-Gallardo -entonces vicepresidente autonómico y uno de los rostros más visibles de Vox- abandonaba el partido. En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), denunciaba la concentración de poder en la cúpula: «Entré en un proyecto unido, pero ancho, en el que existían y cabían pluralidad de liderazgos y carismas. Esa situación ha cambiado».
Gallardo se sumaba así a la creciente lista de disidentes, en la que también figuraba ya en aquel momento Javier Bernardo Teira y Ana Rosa Hernando, ambos procuradores en las Cortes de Castilla y León.
Esta catarata de luchas intestina, sin embargo, no ha tenido ningún coste para la dirección y para las expectativas electorales de la formación, que como publicó este periódico el domingo, roza su tope, cerca del 15% y añade otros tres diputados en el último mes a costa del PSOE.