Publicado: febrero 26, 2025, 12:07 am
A gran velocidad e intercalando decisión tras decisión para dejar en shock a la oposición y apabullar a la opinión pública, Trump sigue aprobando decretos unilaterales que afectan a los derechos ciudadanos y a diferentes sectores de la administración. Medidas que ignoran al Congreso, desoyen leyes federales, atacan el poder judicial -el bolañosVance ya cuestiona la legitimidad de los jueces de «controlar el poder del legislativo»- y menosprecian las quejas de no pocos gobernadores.
La política de abordaje del King Trump, en la que destaca la purga ideológica de miles de funcionarios, algunos en puestos tan sensibles como la seguridad nuclear y antiterrorismo -bajo el pretexto falsario de mejorar la eficiencia-, sirve para colocar a sus amigos y alvarones fieles a la cohorte de lunáticos narcisistas de la Casa Blanca. A la vez que empuja a EEUU hacia una crisis constitucional.
La expansión autoritaria del presidente por encima de la Constitución, desafiando las leyes y alterando el equilibrio entre las distintas ramas del gobierno, es una estrategia para desembocar en una crisis constitucional que permita a Trump justificar posibles desacatos a sentencias judiciales, mientras alienta el debate sobre la reforma de la Carta Magna. No tanto con la intención de abrir un proceso formal de modificación, sino, mediante la erosión sistemática de los contrapesos democráticos a través de medidas unilaterales, para redefinir el equilibrio de poderes sin cambiar literalmente la ley fundamental. O sea, una mutación constitucional: el cambio informal en su significado, alcance o interpretación, pero sin alterar el texto.
Este escenario americano que ya se vislumbra no debería sorprender en España. Tiene un gran parecido, tanto en la forma empleada (el aluvión de medidas de dudosa constitucionalidad como la amnistía, el ataque a los jueces…) como en su objetivo final, con el procés español que impulsa Sánchez de la mano de sus aliados nacionalistas.
Las últimas cesiones a Junts y ERC, con el perdón de 17 mil millones de deuda -parte de ella generada por el gasto en el golpe de 2017-, junto a la futura entrega a Cataluña del control de las fronteras, la gestión de la inmigración, y una hacienda propia, ahonda en la mutación del estado autonómico (un federalismo hispano) a un modelo confederal. ¡La singularidad!
Como insisten el notario López Burniol y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, sin que nadie les haga mucho caso, estamos en el umbral de la consagración de la plurinacionalidad, la asimetría y bilateralidad, a la que siempre han aspirado el nacionalismo vasco y catalán. Y gracias a la participación decisiva del TC pastoreado por Conde Pumpido que permitirá a Sánchez acabar con la unidad de los españoles sin necesidad de abordar una reforma de la Constitución imposible de consensuar ni una consulta soberanista.
El fin de la igualdad entre los españoles, que el PSOE ya ha integrado en su cuerpo doctrinal sanchista, es casi la única manera que tiene Sánchez de continuar en el poder: atar el apoyo de Cataluña y el País Vasco -sus graneros de votos- aceptando que sean sujeto de soberanía y tengan una relación bilateral con lo que quede del «Estado español».
