Publicado: octubre 20, 2025, 9:07 am
Francisco Correa y una veintena de acusados acuden al último juicio de Gürtelcon los deberes hechos tras haber tendido puentes con la Fiscalía para asegurarse una rebaja de su condena a cambio de reconocer los hechos: la comisión de delitos fiscales y blanqueo en la trama que se fraguó en comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP.
Del total de 26 acusados que se sentarán en el banquillo a partir de este lunes 20 de octubre, solo unos pocos han rehusado por el momento llegar a acuerdos con el Ministerio Público, lo que obligará a que se celebre el juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 20 de noviembre, según han informado fuentes jurídicas.
Los que han buscado un pacto han sido los principales acusados, como Correa, para el que en un principio la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de cárcel por una veintena de delitos fiscales, dos de blanqueo y falsedad documental; o su mano derecha, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, al que reclama la misma pena que la solicitada para el cabecilla de la red.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe y que ha sido remitido a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgará estos hechos, Correa explica que Crespo y Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la trama, fueron quienes se ocuparon de sus asuntos societarios y fiscales, y que hay muchas sociedades creadas por estos y Vicente Agramunt, que constan en el escrito de acusación de Fiscalía como responsables civiles.
Según su relato, en un momento determinado quiso regularizar ese dinero, pero Blanco Balín le disuadió asegurándole que ese dinero estaba protegido en la cuenta «Soleado», utilizada por personas de «máxima relevancia» en España como el Rey Juan Carlos, «lo cual lamento ahora enormente», asegura.
El cabecilla, en semilibertad
Correa, que se encuentra en tercer grado o semilibertad tras cumplir 10 años en prisión, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil.
Tras mencionar la implicación de algunos de los acusados en la ocultación de su patrimonio, Correa trata por contra de exculpar a su primo Antoine Sánchez, detenido junto a él en 2009, cuando estalló el caso Gürtel, y que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por blanqueo.
En su escrito de reconocimiento de los hechos, al que también ha tenido acceso Efe, Pablo Crespo reitera, como ya ha hecho en otros juicios de la trama, que deducía como gastos lo que «realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios o del Partido Popular».
Además, «para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá«, confiesa.
Asume también que era él quien «daba las instrucciones a quienes dirigían» las empresas del llamado Grupo Correa, entre ellas a la acusada Isabel Jordán, quien fue de las primeras en abrirse a pactar con la Fiscalía cuando echaron a andar los juicios de Gürtel.
Los pactos con la Fiscalía han sido precisamente la tónica en los últimos juicios por esta trama, por la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo por los beneficios que obtuvo en municipios madrileños.
