Publicado: febrero 16, 2025, 5:07 am
Sánchez dijo en septiembre desde Pekín que «una guerra comercial no beneficiaría a nadie». Se refería a una escalada arancelaria entre China y la UE. Le falto añadir que excepto si la emprende el separatismo catalán contra Extremadura. En pleno guirigay sobre la tributación del salario mínimo, el secretario general de Junts, Turull, aseguró esta semana que «con ese sueldo un trabajador catalán puede comprar mucho menos que uno de Extremadura». Junts quiere un salario mínimo máximo para su región; reivindica una nueva diferencia, barrera fronteriza y regalía. Sánchez tiene razón. Las guerras arancelarias no suelen traer nada bueno. En España, no las evita.
Las guerras arancelarias se emprenden por dos razones relacionadas: porque existe o se pretexta que existe una competencia desleal o por motivos estrictamente identitarios. El viernes supimos que Estados Unidos también aduce móviles ideológicos en su disposición a emprender una guerra comercial contra Bruselas. Del America first al movimiento MAGA; y del movimiento MAGA a la exportación de la revolución conservadora. Para el vicepresidente estadounidense, Vance, la contienda arancelaria es también una pugna por la defensa de los valores occidentales.
Frenar la inmigración ilegal es una variante del mismo combate: en el mercado y cultural. En respuesta a Vance, Von der Leyen defendió que la UE es una «economía abierta»; su «éxito» se basa en la «eliminación de barreras comerciales», concluyó. Sabemos que Europa es un proyecto de paz, por eso el establecimiento de un mercado común, erigido sobre el carbón y el acero tras la Guerra Mundial. Sánchez se mostró otoñalmente conciliador en Pekín pero no defiende en Gerona la unidad de mercado.
Las intenciones, excesos verbales y deportaciones de Trump coinciden con la exigencia de Puigdemont -arrastrado también por Orriols– de que la Generalitat asuma la competencia en inmigración. En otra de esas alocadas y anómalas jornadas parlamentarias, en enero de 2024, Junts se inhibió y dejó en manos de Podemos la aprobación de unos cuantos decretos macedones de Sánchez. La sesión transcurrió a ritmo frenético. Turull la resumió así: «El PSOE fue cediendo, cediendo y cediendo casi hasta el último segundo». Salvó dos decretos, decayó uno y concedió, según Junts, las atribuciones «en materia de documentación, permisos de residencia o flujos migratorios». En noviembre, Turull retomó el asunto: «Será un buen acuerdo para la gestión integral, con todas las letras» para que Cataluña pueda desarrollar una «política de Estado». En diciembre, los separatistas desvelaron que faltaban «algunos flecos». La reclamación vuelve a propósito de la negociación por los Presupuestos.
Sánchez pateó la pelota aun a sabiendas de que el Estado no puede ceder la responsabilidad de los puestos de control en frontera. El siempre sinuoso Illa anunció recientemente que entregará a los Mossos el control de puertos y aeropuertos aunque operativamente también carezcan de capacidad. Illa tiene un mandato: gobernar con ERC y satisfacer a Junts. Illa es el encargado de encajar las piezas del trampantojo de la codelegación de la competencia migratoria. Por eso el nombramiento de Trapero. El oficialismo biempensante celebró también la visita del curvo Illa a la sede de los Mossos en su primer acto oficial como una fase más del proceso de «normalización». Ahora intuimos que lo fue de otro proceso de normalización paralelo: el ensamblado inconstitucional de las cesiones comprometidas.
