Publicado: agosto 3, 2025, 1:07 am
Trabajar en una embajada a priori podría parecer un buen plan, porque el sueldo depende de un gobierno, la oficina está en unas dependencias que suelen estar bien, y el trato con los diplomáticos se presupone afable. Pero todo lo contrario en el caso de la Embajada del Congo en Madrid. El juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha condenado a la sede diplomática de ese país africano a indemnizar a dos ex trabajadores a los que no pagaba la Seguridad Social y despidió de manera irregular.
La vida allí para estos dos empleados, un hombre y una mujer, no fue nada fácil. Él entró en 2009 en la embajada y ella en 2012, según los documentos del proceso judicial. Sin embargo, no fue hasta el año 2014 que les dieron de alta en la Seguridad Social, por lo que estuvieron trabajando de manera irregular en la embajada durante años, como explicó a este periódico su abogada, la letrada Irene López Castejón.
La situación fue a peor cuando llegó una nueva embajadora en 2018 que decidió que cotizaría la mitad por ellos, dejándoles con jornada reducida ante la Seguridad Social, pero solo ante ella: su horario seguía siendo a jornada completa. Les mantuvo así durante más de un año para «compensar» los gastos que tenía la embajada en las cotizaciones.
Y en 2022, cuando llegó la embajadora actual, Geneviève Victorine Lukusa, se comprobó que el asunto todavía podía empeorar un poco más: la jefa de la misión diplomática decidió que como España no paga en el Congo la Seguridad Social [¡porque no existe!], en España el Congo tampoco iba a pagarla. Para entonces ya había una deuda de unos 60.000 euros de la embajada con la Seguridad Social. En una especie de delirio burocrático, la embajadora dejó de pagar durante 6 meses a los dos trabajadores porque decía que la Seguridad Social ya les pagaba a ellos de manera subrepticia, así que debían compensar los gastos que tenía la embajada en ellos ahorrando su sueldo. Mientras, la embajadora contrató a su marido como número dos de la misión, a sus dos hijos y también a un par de familiares más lejanos, como se ha publicado en un medio congoleño llamado Congo nouveau.
Además intentó que los trabajadores firmasen un documento en el que «reconocían» que la embajada se había gastado 96.000 euros en su Seguridad Social desde el año 2014, cuando les dio de alta por primera vez. Fue en aquellos momentos cuando los trabajadores supieron que jamás se iba a arreglar el asunto, porque para colmo les habían abierto un expediente con una falta grave para despedirles.
Explica el tribunal que esa falta grave ni se explica, ni proviene de una orden emitida en el Congo, ni se justifica, por lo que los despidos son improcedentes.
El juzgado condena a pagar 27.000 y 36.000 euros a los trabajadores en concepto de indemnización, además de otros 17.000 y 18.000, respectivamente, por los salarios no pagados.
Sin embargo, la embajada se ha seguido resistiendo a pagar. Durante los pasados meses ha desobedecido la sentencia y no ha abonado. La abogada de los ex trabajadores tuvo que pedir una ejecución de sentencia, y mientras tanto la embajada intentó alegar que no tenía una cuenta de «gastos de gestión» desde la que abonar esos pagos, aunque la cuenta desde la que pagaba a sus trabajadores es la de «gastos de gestión». Y, por otra parte, el juzgado no dice que haya que pagar desde ninguna cuenta concreta.
Este periódico ha intentado recabar la versión de la embajada y la del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero después de varias semanas no se ha recibido ninguna respuesta.
