Publicado: mayo 28, 2025, 1:07 am
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, mantiene el calendario previsto para abordar el primer debate sobre la Ley que borra los delitos del procés pese a que tres magistrados del órgano, el Partido Popular y el Senado han pedido la suspensión de la tramitación del recurso de inconstitucionalidad que prevé comenzar a deliberar el tribunal a partir del próximo 10 de junio.
Es decir, se mantiene la fecha prevista para iniciar el debate sobre la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán que dará respuesta al recurso presentado por más de 50 diputados del grupo parlamentario popular. Conde-Pumpido considera que estas iniciativas son «maniobras dilatorias» para retrasar el fallo sobre la controvertida Ley, indican fuentes de su entorno.
Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO, informan de que el presidente explicó en el Pleno de ayer que el dictamen aportado por los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, donde se planteaba abordar la posibilidad de elevar una consulta a la justicia Europea sobre la amnistía, no puede ser incorporado al procedimiento ya que habría riesgo de contaminación de sus firmantes.
La propuesta de estos tres miembros el sector conservador sí ha sido distribuida en los últimos días entre los magistrados que participarán en la deliberación que arrancará previsiblemente el próximo día 10. No intervendrán en el debate ni el ex ministro Juan Carlos Campo ni el magistrado José María Macías. El primero porque se abstuvo por haber señalado que la amnistía es «inconstitucional» en el informe de los indultos y el segundo porque fue apartado.
Asimismo, el presidente volvió a hacer hincapié en que será en el primer Pleno sobre la amnistía -se prevé otro en la semana del 24 de junio, el de la deliberación en profundidad- donde estos tres magistrados tendrán la oportunidad de plantear el debate sobre la cuestión prejudicial.
Por otra parte, en el Constitucional creen que las peticiones planteadas ahora por el PP son «extemporáneas»: tanto la solicitud de suspensión del debate de la amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles como la petición del partido de Alberto Núñez Feijóo de que el presidente se abstenga por haberse pronunciado su esposa, la ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrada del Tribunal Supremo, Clara Martínez de Careaga, en un informe sobre la Ley que borra los delitos del 1-O. A esta petición se suma la del Senado, que tal y como informó EL MUNDO ayer, ha instado directamente al Constitucional a plantear una prejudicial ante el TJUE al encontrar hasta siete aspectos de la Ley que puede contravenir el Derecho de la Unión.
Fuentes jurídicas explican que tal solicitud es «extemporánea» e «improcedente» ya que la Cámara Alta tuvo hace meses un plazo temporal para efectuar sus alegaciones y, una vez concluido el mismo, no puede efectuar otras distintas.
Además, estas fuentes apuntan a que, como integrante de Las Cortes, el Senado carece de legitimación constitucional para cursar tal medida porque, en este caso, no puede formular peticiones autónomas sino únicamente «apoyar o impugnar» las pretensiones de la parte demandante. Por último, el presidente del órgano de garantías avanzó ayer que todas estas cuestiones serán resueltas por la ponente Montalbán antes de iniciar la primera deliberación en dos semanas. El Pleno transcurrió ayer tranquilo aunque en el tribunal suenan ya los tambores de guerra que retumbarán en breve con la amnistía.
