Publicado: abril 7, 2025, 10:07 am
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha señalado este lunes en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid que la primera sentencia sobre la Ley de Amnistía que dictará este órgano previsiblemente será «antes del verano».
Conde-Pumpido ha explicado que esa es la intención del tribunal, dictar la primera resolución sobre la amnistía en el plazo de un año desde que se presentaron los recursos impugnando la Ley que borra los delitos del procés. «Si la justicia es lenta no es justicia», remachó.
El presidente del Alto Tribunal ha detallado que en este caso el asunto de cabecera es el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular, cuya ponencia corresponde a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. El texto se encuentra «avanzada» y que hay un equipo de letrados trabajando en la actualidad redacción de la primera sentencia sobre la amnistía.
Por otro lado, sobre el conflicto desatado con la Audiencia Provincial de Sevilla por el posible planteamiento de una cuestión prejudicial en el caso de los ERE, Conde-Pumpido ha confirmado lo avanzado este lunes por EL MUNDO. El TC descarta impedir al tribunal de los ERE acudir a Europa. «No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión», recalcó el presidente.
Asimismo, durante toda su intervención, Conde-Pumpido ha lamentado el cuestionamiento público que se hace del Tribunal Constitucional. «Cuestionar al TC es cuestionar la Constitución; es de alguna manera cuestionar el sistema democrático», agregó.
«Amenazas en los medios»
El presidente ha incidido también en el «desconocimiento» existente en torno al Constitucional a la par que ha destacado que la «imparcialidad» del tribunal está garantizada.
Conde-Pumpido ha puesto énfasis en que «el problema es cuando empieza uno a encontrarse con amenazas penales en los medios de comunicación», en relación a las querellas que se presentan contra los magistrados del TC.
Sobre este extremo, el presidente ha destacado que «la ley orgánica del TC establece que ningún resolución puede ser examinada por ningún órgano jurisdiccional español» y porque fija «una inmunidad a los magistrados del TC que no pueden ser perseguidos por lo que digan en sus resoluciones».
«Todos los poderes públicos responden hoy ante el Tribunal Constitucional», algo de lo que no escapan «ni el legislador ni el Gobierno ni el Supremo» y, por tanto, «deben actuar sometidos a la Constitución».
