Publicado: febrero 12, 2025, 1:07 am
Pacientes atados «durante semanas», personas ingresadas desde hace 20 años, «mala praxis» en la polimedicación, una denuncia de abusos sexuales no investigada, cámaras de videovigilancia dentro de las habitaciones. Son algunas de las situaciones detectadas por el Defensor del Pueblo en una visita realizada a un centro psiquiátrico de O Pino, en los alrededores de Santiago de Compostela, y acaban de derivar en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo envió su informe «a efectos meramente informativos» a la dirección del centro, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Provincial de A Coruña y al Decanato de los Juzgados de A Coruña y, tras estudiar su contenido, la Fiscalía coruñesa decidió abrir diligencias. Según han confirmado fuentes oficiales a este periódico, se realizará una inspección en el centro al fin de comprobar la situación denunciada.
A raíz de este informe, también el Defensor del Paciente ha decidido emprender acciones y se ha puesto en contacto con la Fiscalía para solicitar que investigue y depure «responsabilidades». La presidenta de esta entidad, Carmen Flores, ha relatado a EL MUNDO que busca que este caso suponga «un antes y un después» en situaciones que se están viviendo en centros psiquiátricos y de menores en toda España por la falta de control.
En este caso gallego, cree que podría haber «dejación de funciones» del Gobierno autonómico, que tiene las competencias derivadas en materia sanitaria, y, a nivel global, considera que son situaciones de negligencia que están «enquistadas porque no hay inspecciones» y, cuando se hacen, «avisan 15 días antes y todo está maravilloso».
En esta clínica gallega, el Defensor del Pueblo realizó una visita de oficio en septiembre de 2024 en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP) y, además de detectar situaciones de mala praxis, realizan recomendaciones para solventarlas. En ese momento, había 94 personas ingresadas, 42 de forma involuntaria y alguna desde hace «más de 20 años».
Entre sus críticas figura la existencia de «un número elevado de pacientes se encuentra recibiendo politerapia de antipsicóticos y otras clases» y que «algunos pacientes reciben fármacos con dosis fuera de ficha técnica». El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, concluye que ambas realidades «suponen una mala praxis», generando «un riesgo mucho mayor de efectos secundarios sin un beneficio probado en los estudios científicos».
Otra de las prácticas cuestionadas por este organismo es el uso de contenciones, esto es, atar a los pacientes, pues han podido confirmar que hay casos en los que se mantienen «durante semanas» y en los que se llega a «desatar a la persona ingresada para que pudiera realizar su higiene personal, y posteriormente se le volvía a contener». Reflejan situaciones de contención de nueve días y tres días más de aislamiento habitacional, algo que «supone una vulneración grave de los derechos básicos de las personas ingresadas».
Los especialistas que realizaron esta visita comprobaron en los vídeos que se ató a una persona ingresada que «está claramente tranquila y no muestra ningún signo de agresividad, colaborando en la retirada de su ropa y en el resto de instrucciones», de modo que concluyen que «no existiría pues ninguna indicación para que fuera contenida». En las historias de los pacientes también detectan situaciones de «supervisión deficiente y condiciones insalubres» en las que se realizan estas contenciones mecánicas. Un ejemplo de ello es el uso de pañal de manera rutinaria para las contenciones mecánicas, debido a la ausencia de supervisión y la falta de control y de registro sanitario durante las mismas».
También es una «práctica muy común en el sanatorio la de aislar en la habitación con llave». En cambio, esta práctica no se recoge en ninguna de las circulares ni documentos internos del centro y el Defensor del Paciente añade que «no existe ningún soporte legal en la legislación, suponiendo una vulneración de derechos básicos como la libertad y la dignidad».
Como conclusión, este organismo recomienda que se tomen medidas concretas para «desalentar la aplicación de contenciones» en las unidades de salud mental, centros residenciales y/o sociosanitarios de Galicia, sean éstos públicos o privados, garantizándose que en ningún caso sea prescrita de manera genérica, sino individualizada en persona y tiempo, y nunca como sanción o castigo ni como medida terapéutica, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.
Denuncia de abuso sexual
El análisis de las contenciones también llevó a los especialistas al caso de una paciente que manifestó haber sufrido episodios de abuso sexual. «Describe que, mientras se encuentra contenida físicamente, un trabajador le toca sus partes íntimas y la insulta», señalan. Pese a esta denuncia de la paciente, recogida en los partes de enfermería, no hay constancia de que se haya indagado sobre la situación. Sí figura en la historia clínica de otro paciente varón, llama una anotación en la que se alude a que a ese paciente se le ve «tocándole el pecho» a una paciente cuyo nombre coincide con la que ha denunciado ese abuso.
El informe constata «lagunas» en este caso y considera «incuestionable» que en la planta de psiquiatría se requiere extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual, poniendo en marcha los procedimientos que sean necesarios.
La inspección permitió también determinar que existen cámaras de videovigilancia en habitaciones y zonas comunes y la previsión de llegar a todos los cuartos. Las cámaras graban de forma continua y las imágenes pueden ser visualizadas en tiempo real durante las 24 horas del día, aunque sin audio. Las grabaciones solo son accesibles previa petición por parte de la dirección médica a la Gerencia, debiendo especificarse el motivo, y se guardan 15 días.
Para el Defensor del Pueblo, esto «supone una violación del derecho a la intimidad y privacidad recogido en la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad«. Así, consideran que este aspecto requiere ser abordado de forma específica para «garantizar el equilibrio entre medidas dirigidas a proteger la salud y aquellas otras que deben preservar la intimidad». Además, destacan que esta situación es «especialmente irregular» por la falta de transparencia sobre su instalación. Así, no figura en el reglamento interno, ni en el plan de autoprotección, ni en el plan de acogida, ni en la información y normativa para los pacientes.
